29 de julio.- El informe de Diputados concluye que las primeras señales aparecieron tres años antes del escándalo.
Mucho antes de que el exministro Mauricio Medinaceli fuera aprehendido y de que la Fiscalía profundizara la investigación penal, las primeras alertas sobre posibles problemas en la calidad de los combustibles ya habían comenzado a encenderse. El informe final de la Comisión Especial de la Cámara de Diputados sitúa esos antecedentes en 2022, tres años antes de que la gasolina desestabilizada se convirtiera en un conflicto nacional.
Durante su investigación, la comisión recogió el testimonio de Asosur, que sostuvo que “el problema no es actual, ya tiene varios años” y recordó que desde 2022 presentó varias denuncias por la calidad del combustible ante el Ministerio de Hidrocarburos.
La comisión desarrolló su trabajo durante varios meses y revisó cerca de 2.000 fojas de documentación, entre contratos, informes técnicos, actas, resultados de laboratorio y declaraciones de autoridades, exautoridades, técnicos y representantes de las empresas involucradas. El objetivo fue reconstruir la cadena de importación, almacenamiento, control de calidad y distribución de los combustibles observados.
Una de las principales conclusiones es que el problema no respondió a un hecho aislado, sino a una sucesión de fallas técnicas, administrativas y de supervisión, acumuladas durante varios años. Según el informe, los mecanismos de control no lograron detectar oportunamente alteraciones en la calidad del combustible ni evitar que este llegara a las estaciones de servicio.
La comisión también identifica contradicciones entre las distintas explicaciones ofrecidas por las autoridades durante la crisis. Mientras la versión oficial fue cambiando con el paso de las semanas, los diputados sostienen que la investigación encontró vacíos en los procedimientos de control y deficiencias en la coordinación entre las instituciones responsables.
Otro de los hallazgos apunta a la trazabilidad del combustible. El informe analiza cada etapa del proceso, desde la contratación de proveedores internacionales hasta el almacenamiento, transporte, recepción y comercialización, con el propósito de establecer en qué punto pudieron originarse las irregularidades que posteriormente afectaron a miles de vehículos.
Como resultado de ese trabajo, la comisión identificó a más de medio centenar de funcionarios y exautoridades que, por acción u omisión, habrían tenido algún grado de participación en la cadena de decisiones. El informe recomienda remitir los antecedentes a las instancias competentes para que determinen eventuales responsabilidades administrativas, civiles o penales.
Aunque sus conclusiones no tienen efectos judiciales por sí mismas, el documento adquiere una nueva relevancia tras la aprehensión de Medinaceli. Varias de las observaciones formuladas por la comisión coinciden con las líneas de investigación que actualmente desarrolla la Fiscalía, mientras otras amplían el foco hacia decisiones y antecedentes que comenzaron a gestarse en 2022, mucho antes de que el caso estallara ante la opinión pública.
Fuente: El Deber