La Paz, 22 de octubre de 2026 — El Departamento de Estado de los Estados Unidos asestó este jueves un nuevo y severo golpe diplomático al oficializar la cancelación masiva de visados e inhabilitación de ingreso a su territorio para 15 ciudadanos bolivianos. La medida administrativa alcanza a destacadas figuras públicas, entre las que sobresalen los diputados nacionales Rafael Darío López Mercado y Rolando Santos Pacheco Chávez; el exfiscal general del Estado, Juan Lanchipa Ponce; el exdirector de la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF), Diego Alejandro Barboza Zeballos; y la exdirectora general de Migración, Katherine Calderón Valle. Las restricciones se aplican además de forma estricta a los núcleos familiares directos de todas las exautoridades, magistrados y jefes policiales señalados.
El Gobierno estadounidense fundamentó estas severas restricciones bajo sus políticas regionales de combate contra la corrupción y el narcotráfico, señalando la implicación de autoridades y operadores en redes de impunidad. Ante esta determinación, la Casa Blanca dejó sin efecto los documentos de viaje de los involucrados por tiempo indefinido. Por su parte, en medio de la controversia, el diputado Rafael Darío López Mercado rechazó las imputaciones y manifestó que acudirá a los canales correspondientes para ejercer su defensa y hacer prevalecer su presunción de inocencia.
La difusión de la lista generó una inmediata y contundente reacción política. A través de un comunicado oficial dirigido al presidente de la Cámara de Diputados, la Alianza Libre exigió la separación inmediata del diputado Rafael Darío López Mercado del hemiciclo parlamentario. En la misiva, los líderes de la alianza advirtieron que el narcotráfico y la corrupción son «cánceres que socavan las instituciones» y señalarán que, si la Asamblea Legislativa previamente separó a un senador y a un fiscal general con celeridad, debe actuar con la misma drasticidad contra cualquier asambleísta implicado, remarcando que no permitirán que se mancille ni se traicione la confianza de sus electores.
Ante la solicitud planteada, el vicepresidente Edmand Lara anunció que analizará la carta enviada por la Alianza Libre sobre el caso del diputado Rafael López. Lara consideró que el caso debe ser remitido a la Comisión de Ética de la Cámara de Diputados y enfatizó la necesidad de llevar a cabo una investigación formal para esclarecer los motivos que llevaron a las autoridades estadounidenses a tomar dicha determinación.