29 de julio.- Mauricio Medinaceli es, hasta ahora, la única exautoridad aprehendida por el escándalo de la gasolina desestabilizada. Pero la investigación recién comienza y deberá establecer si las responsabilidades terminan en su gestión o alcanzan a otros exfuncionarios y autoridades que participaron en la compra, el control de calidad y la distribución del combustible.
Dos policías lo sujetaban por los brazos mientras ingresaba al edificio de la Fiscalía Departamental de La Paz. El economista y consultor internacional Mauricio Medinaceli, que apenas ocho meses antes había sido presentado por Rodrigo Paz como una de las piezas clave para rescatar el sector de hidrocarburos, llegaba esposado para declarar ante tres fiscales por los presuntos delitos de conducta antieconómica e incumplimiento de deberes. La imagen recorrió el país y condensó, en pocos segundos, el derrumbe de una de las principales apuestas técnicas del Gobierno.
Medinaceli llegó al gabinete con el prestigio de un economista especializado en energía y una reconocida trayectoria como consultor. Rodrigo Paz lo eligió para enfrentar una de las crisis más visibles que había heredado: Bolivia amanecía y anochecía con interminables filas de vehículos en busca de diésel y gasolina. Restablecer el abastecimiento y devolver la confianza al sector se convirtió en una de las primeras grandes tareas del nuevo ministro.
Todo cambió cuando comenzaron a aparecer los primeros vehículos averiados. Lo que al principio parecía un problema aislado terminó convirtiéndose en una crisis nacional. Conductores de distintos puntos del país denunciaban fallas mecánicas poco después de cargar combustible y los talleres empezaron a encontrar un elemento común: carbonilla acumulada en filtros, inyectores y otras piezas del sistema de alimentación. En cuestión de días, la preocupación dejó de ser el desabastecimiento y pasó a ser la calidad de la gasolina que llegaba a los surtidores.
Cuando la crisis estalló
En pocos días, las denuncias dejaron de concentrarse en Trinidad. Los reportes de vehículos averiados comenzaron a llegar desde Santa Cruz, Cochabamba, La Paz y otras ciudades. Lo que inicialmente parecía una falla puntual terminó adquiriendo dimensión nacional. La palabra “carbonilla” pasó de los talleres mecánicos al debate público y la presión sobre el Gobierno crecía a la misma velocidad que aumentaban las quejas de los conductores.
Mientras aumentaban las denuncias y las protestas, el Gobierno intentaba explicar qué estaba ocurriendo. Pero la versión oficial no fue una sola. Con el paso de las semanas cambió varias veces, a medida que aparecían nuevos antecedentes y aumentaba la presión política. Cada explicación buscó responder la misma pregunta: ¿por qué miles de vehículos presentaban fallas después de cargar gasolina?
La primera explicación apuntó a la presencia de goma y manganeso en el combustible. Después surgió la hipótesis de que la carbonilla provenía de tanques de almacenamiento oxidados. Más adelante, el Gobierno responsabilizó a las empresas proveedoras Vitol y Trafigura e incluso anunció la ruptura de los contratos. Finalmente, el presidente de YPFB, Sebastián Daroca, presentó una cuarta versión: el problema no respondía a una sola causa, sino a la combinación de cuatro factores técnicos. En pocos meses, una misma crisis acumuló cuatro explicaciones oficiales distintas.
En medio del conflicto, el 16 de abril, la diputada de Libre Lissa Claros presentó una denuncia penal contra el entonces ministro de Hidrocarburos, Mauricio Medinaceli; el expresidente de YPFB, Yousef Akly, y otras autoridades vinculadas al caso. La legisladora los acusó de presuntos delitos relacionados con la compra y comercialización del combustible cuestionado y abrió un proceso que, tras más de tres meses de declaraciones, inspecciones y recopilación de pruebas por parte de la Fiscalía, terminaría cambiando el rumbo de la historia.
Fundido el motor del Gobierno
La Fiscalía comenzó a investigar. La crisis crecía en las calles. Cada día aparecían nuevos propietarios de vehículos que denunciaban daños en motores, filtros e inyectores. Los reclamos se multiplicaron en talleres mecánicos, estaciones de servicio y redes sociales, donde circulaban fotografías y videos de piezas cubiertas por carbonilla. Ya era un conflicto nacional.
Negarlo ya no era posible. Después de varias semanas de minimizar el problema, el Gobierno reconoció que la gasolina cuestionada había sido distribuida en casi todo el país y que miles de vehículos presentaban daños atribuibles al combustible. La admisión dio paso a un plan de resarcimiento administrado por YPFB, que pronto también quedó envuelto en reclamos y cuestionamientos.
Hasta finales de julio, YPFB había recibido cerca de 70.000 reclamos de propietarios de vehículos afectados. Más de 36.000 solicitudes ya habían sido atendidas, mientras decenas de miles de casos seguían en evaluación o pendientes de resolución. El costo de las indemnizaciones superó los Bs 95 millones, una factura que terminó reflejando la magnitud del problema.
En medio del escándalo y con miles de reclamos, Mauricio Medinaceli dejó el Ministerio de Hidrocarburos, Yousef Akly salió de YPFB; Claudia Cronembold, fugaz presidenta advirtió una crisis profunda en la estatal petrolera y dio un paso al costado. Hasta que llegó Sebastian Daroca quien soporta permanentes cuestionamientos porque, caros o baratos, los combustibles están escasos.
Mauricio Medinaceli es, hasta ahora, la única exautoridad aprehendida por el escándalo de la gasolina desestabilizada. Pero la investigación recién comienza y deberá establecer si las responsabilidades terminan en su gestión o alcanzan a otros exfuncionarios y autoridades que participaron en la compra, el control de calidad y la distribución del combustible.
“¿Es un chivo expiatorio o realmente la Justicia está haciendo su trabajo?”, preguntó la senadora Claudia Mallón. La legisladora de APB-Súmate también cuestionó qué ocurrió con los expresidentes de YPFB Armin Dorgathen (MAS), Yousef Akly y Margot Ayala, exdirectora de la ANH, y advirtió: “¿Acaso hay encubrimiento? ¿Acaso hay privilegios?… La ley debe medir a todos con la misma vara”.
Fuente: El Deber