17 de septiembre.- El gobernador alertó sobre la captación de jóvenes para organizaciones criminales. El Consejo Departamental de Seguridad Ciudadana impulsa la creación de un comando conjunto de lucha contra el crimen, con base en la localidad fronteriza.
La ola de asesinatos en San Ignacio de Velasco que tuvo sus recientes capítulos el domingo 13 y lunes 14 de septiembre puso en evidencia una doble amenaza sobre los jóvenes de las zonas fronterizas: las organizaciones criminales los captan para atraerlos al delito y, al mismo tiempo, los convierten en víctimas de ejecuciones. Cuatro personas fueron asesinadas a tiros en menos de 36 horas, mientras autoridades alertan sobre el avance del crimen organizado y el narcotráfico.
La preocupación escaló ayer, cuando el Consejo Departamental de Seguridad Ciudadana se reunió en la Casa de Gobierno de la Gobernación de Santa Cruz. Policía, Fuerzas Armadas, Ministerio Público, autoridades nacionales, alcaldes y representantes institucionales definieron medidas ante la violencia en la Chiquitania y San Ignacio en especial.
El gobernador Juan Pablo “JP” Velasco puso el foco en el reclutamiento de jóvenes por parte de organizaciones criminales. “Están asesinando personas; tenemos sicariato en las calles; jóvenes cruceños que están siendo reclutados por este crimen organizado”, afirmó, al reclamar acciones visibles del Estado.
Velasco pidió reforzar la presencia policial y militar en San Ignacio y la Chiquitania, además de fortalecer la vigilancia para identificar a quienes organizan y financian los asesinatos y a quienes captan jóvenes.
Determinaciones
El principal acuerdo fue impulsar un Comando Conjunto de Lucha contra el Crimen Organizado, con base en San Ignacio. La resolución pide al gobierno central una activación inicial de seis meses, prorrogable por otros 12, con efectivos policiales y militares. Las operaciones priorizarán la frontera con Brasil y municipios como San Ignacio, San Matías y Puerto Quijarro, además de otras zonas definidas mediante un “mapa de calor criminal”.
El Consejo demandó identificar estructuras, autores y financiadores vinculados al sicariato. También priorizar la dotación de equipos, combustible y otros recursos para los operativos. Se solicitará asimismo la entrega de armas decomisadas o bajo custodia judicial a la Policía y las Fuerzas Armadas. Para las motocicletas y sus conductores, se promoverán leyes municipales que hagan obligatorio el uso de chalecos reflectivos con la placa impresa visible.
Desde San Ignacio, el alcalde Felman Gómez pidió que el plan BOL-110 sea implementado co-mo programa piloto para la región chiquitana, con cámaras, drones, vehículos y tecnología. “San Ignacio tiene miedo, San Ignacio quiere respuestas”, resumió, reclamando resultados inmediatos y advirtiendo que la seguridad “no admite retraso”.
La presidenta de la Asamblea Legislativa Departamental (ALD), María René Álvarez, reveló que padres de familia y pobladores le pidieron incluso postergar las clases por temor a nuevos hechos violentos. El pedido muestra el impacto de los asesinatos y la demanda de presencia permanente del Estado.
El fiscal departamental Alberto Zeballos informó que ya tiene identificados a varios presuntos autores y se prepara su aprehensión inmediata. El fiscal general Roger Mariaca también solicitó una reunión con el ministro de Gobierno y el comandante de la Policía para articular una respuesta nacional.
Para San Ignacio, el blindaje implica mantener control, inteligencia y prevención en una zona donde el crimen organizado y la violencia prevalecen.
Fuente: El Deber