17 de septiembre.- El ministro de Economía remarcó que el ajuste se focalizará en el levantamiento del subsidio a los carburantes y aseguró que se prevén mecanismos de protección social para sectores vulnerables y un incremento salarial para la siguiente gestión.
Ante las observaciones sobre los posibles efectos del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) en la economía de los hogares, el ministro de Economía, Christian Morales, defendió las condiciones del programa y aseguró que el retiro del subsidio a los combustibles no afectará el beneficio a los servicios básicos.
También señaló que se trabajará en un incremento salarial para 2027 y que se prevén mecanismos de protección para los sectores más vulnerables, como parte de las medidas de contención.
“El tema de la subvención no abarca a los otros servicios, no abarca el tema de agua, de electricidad, lo que estamos viendo es que es un tema de subsidios de hidrocarburos que realmente es totalmente regresivo a beneficiar a los sectores que no deberían”, manifestó Morales en la Comisión de Planificación de Diputados.
La autoridad remarcó que el 40% de los combustibles subvencionados salen del país vía contrabando a los países limítrofes. Morales sostuvo que el Gobierno trabaja también en la necesidad de modificar progresivamente la matriz energética para reducir la dependencia del gas.
Otro de los puntos observados fue el posible congelamiento salarial y su efecto sobre el poder adquisitivo de los trabajadores en un escenario de incremento de los precios, tras el levantamiento del subsidio a los combustibles.
Morales explico que existe un congelamiento salarial que se produjo después del incremento del techo del salario mínimo nacional aplicado por el Gobierno, pero que éste no implica que se extienda a los años posteriores.
“Para las siguientes gestiones, obviamente, tiene que haber un incremento que vaya acorde con el crecimiento vegetativo. El programa que hemos elaborado no tiene que recaer en la población más vulnerable y en ese sentido, este aspecto salarial se lo va a trabajar para la siguiente gestión”, sostuvo.
Asimismo, frente a las observaciones sobre el impacto que las medidas económicas podrían tener en los hogares de menores ingresos, Morales aseguró que el acuerdo contempla el fortalecimiento de los programas de protección social.
“El acuerdo genera un intento de reforzar justamente los programas de protección a los más vulnerables. Está establecido así en el acuerdo, en la misma línea nosotros no consideramos que nuestras políticas tengan que recaer sobre el más vulnerable y el más pobre”, apuntó.
En ese marco el ministro afirmó que el Gobierno trabaja en un conjunto de mecanismos de asistencia, que podrían plasmarse en medidas como el anterior Bono Pepe.
A su vez, Morales descartó que los recursos del FMI sean destinados al gasto corriente o al pago de planillas o aguinaldos, y reiteró que el fondo será para fortalecer las Reservas Internacionales Netas (RIN) y estabilizar la balanza de pagos.
El acuerdo contempla un financiamiento de DEG 1.369 millones, equivalentes aproximadamente a $us 1.900 millones, bajo la modalidad de Facilidad del Servicio Ampliado del FMI (SAF), con un programa de 36 meses.
El crédito tiene un plazo de repago de hasta 10 años por cada desembolso, una tasa de interés de entre 3% y 3,5% y un periodo de gracia de cuatro años y medio, de acuerdo con la información presentada por el Gobierno.
El financiamiento del FMI tendrá además un efecto de “gatillo” para acceder a recursos adicionales de otros organismos multilaterales.
Por su parte, el viceministro del Tesoro y Crédito Público, Óscar Navarro, advirtió sobre las consecuencias que tendría un eventual rechazo del financiamiento.
“Si no tenemos ese financiamiento tendríamos que ir al Banco Central y el Banco Central nos presta plata, emite, sube la inflación y eso es lo que el Gobierno no quiere”, señaló.
El Gobierno sostiene que el acceso al financiamiento externo permitirá evitar una mayor dependencia del financiamiento del Banco Central y contribuirá al proceso de estabilización económica.
Luego de casi seis horas de debate, la Comisión de Planificación de la Cámara de Diputados aprobó el crédito y lo remitió al pleno de la Cámara de Diputados para su tratamiento. En caso de ser aprobado deberá pasar por un tratamiento similar en la Cámara de Senadores.
Anteriormente el Gobierno señaló que el primer desembolso de este financiamiento se realizaría a partir de las dos semanas de su aprobación en el Legislativo.
Fuente: El Deber