17 de septiembre.- El objetivo es evitar un escenario como el de los 53 días de bloqueos, que derivaron en muertes y pérdidas estimadas en $us 3.000 millones. Pese a la demora en alcanzar consenso sobre la medida, la votación favoreció la posición del Ejecutivo.
La Asamblea Legislativa Plurinacional aprobó esta madrugada la ampliación del estado de excepción que rige desde el 20 de junio, en una jornada en la que el Gobierno defendió la continuidad de la medida con advertencias sobre nuevos focos de conflictividad, posibles bloqueos y riesgos para el abastecimiento y la economía nacional.
La sesión comenzó con 115 legisladores presentes, 25 senadores y 90 diputados, quienes respondieron al llamado de lista. El presidente de la ALP, Edmand Lara informó que había invitado al presidente Rodrigo Paz a explicar las razones de la ampliación, pero el mandatario delegó esa tarea en los ministros de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, y de Defensa, Ernesto Justiniano.
Oviedo defendió la solicitud con base en 12 informes técnicos: ocho de la Policía, dos de Gobierno, uno de las Fuerzas Armadas y otro de Defensa. Según su exposición, identifican amenazas públicas, bloqueos focalizados, indicios de criminalidad organizada y limitaciones logísticas para atender conflictos simultáneos.
El titular de Gobierno advirtió el riesgo de nuevos bloqueos y marchas que podrían afectar corredores de combustible, alimentos, medicamentos y oxígeno. Oviedo citó el informe de la OEA del 3 de septiembre sobre los efectos de los bloqueos violentos en el orden democrático.
El titular de Gobierno informó que durante el actual estado de excepción se realizaron 12.910 operativos, con 109.331 efectivos policiales movilizados, 26.917 militares en apoyo complementario, 22.267 medios logísticos y 151 desbloqueos. Añadió que se incautaron Bs 8 millones que, según la versión oficial, estaban destinados a financiar bloqueos. El ministro señaló además que en las dos semanas previas al 10 de septiembre se registraron siete puntos de bloqueo.
El ministro Oviedo recordó el saldo de los 53 días de bloqueos entre mayo y junio: $us 3.000 millones de pérdidas calculadas por el IBCE, 123 heridos, 22 fallecidos, 56 policías lesionados, más de 5.000 transportistas afectados y dificultades para acceder a alimentos, medicina, oxígeno y otros servicios.
Pacificación
Por su lado, el ministro Ernesto Justiniano, admitió que “Bolivia hoy está más tranquila que hace tres meses”, pero sostuvo que las causas de la conflictividad no desaparecieron. Recordó que los bloqueos en la Red Vial Fundamental pasaron de 39 puntos el 20 de junio a 35 y hasta el 23 pasaron a cero. Aclaró que la reducción no puede atribuirse exclusivamente al estado de excepción, porque también incidió el diálogo.
El ministro de Defensa señaló que durante la medida reaparecieron bloqueos en Puente San Pablo, San Julián, Yapacaní, Los Troncos y Cuatro Cañadas. El riesgo es muy alto en Santa Cruz, alto en La Paz-El Alto y Cochabamba, y medio-alto en Beni, Oruro-Potosí y Chuquisaca-Tarija. Por ello, planteó una aplicación proporcional y revisada según el nivel de riesgo.
La sesión quedó tensionada por las preguntas de la diputada Lissa Claros sobre una eventual aprehensión de Evo Morales. Su pedido de una respuesta de “sí o no” provocó la reacción de Oviedo. Lara frenó la sesión y exigió respeto, y recordó la diferencia entre una autoridad electa y un funcionario designado.
Después de las exposiciones, el debate y la intervención de las bancadas, la ALP aprobó finalmente la ampliación del estado de excepción por 90 días, con lo que la medida continuará vigente mientras el Gobierno sostiene que persisten riesgos capaces de reactivar los conflictos y afectar la circulación, el abastecimiento y la actividad económica.
Fuente: El Deber