8 de julio.- El amanecer del martes fue un día difícil para miles de vecinos cruceños que recorrieron las calles en busca de gas licuado de petróleo (GLP).
En las avenidas Santos Dumont y Virgen de Cotoca, la escena se repitió: personas con garrafas vacías regresaron sin nada ante el desabastecimiento de las tiendas. Las amas de casa sufren el impacto; algunos ciudadanos denunciaron llevar “más de una semana y media” buscando el carburante sin éxito tras recorrer múltiples centros de distribución.
La desesperación obliga a evaluar alternativas que afectan su economía, como comprar comida hecha o “buscar leña” para cocinar. Las quejas apuntan a la inacción estatal y al golpe al bolsillo, pues la escasez quita tiempo y valiosos recursos.
La falta de GLP en los hogares es la consecuencia directa de las limitaciones operativas que enfrentan los comercializadores. En Santa Cruz de la Sierra se deberían distribuir de manera regular alrededor de 35.000 garrafas diarias para cubrir la demanda de la población. Sin embargo, la Cámara de Distribuidores advirtió que la cadena de suministro se encuentra al borde del colapso debido a una crítica escasez de cilindros aptos, lo que obliga a las empresas minoristas a trabajar a una fracción mínima de su capacidad operativa, arrastrando un déficit severo en los barrios.
Según el gremio de distribuidores locales, trabajan bajo condiciones extremas debido a cupos restringidos y demoras en las plantas de llenado. Esta situación provocó que el desabastecimiento se agudice rápidamente en las zonas periféricas, dejando a las tiendas de barrio sin stock operativo para atender la demanda cotidiana.
Sin diésel ni gasolina
La crisis muestra otra faceta compleja en las estaciones de servicio, donde el abastecimiento de gasolina es intermitente. En los últimos días, varios surtidores cerraron temporalmente tras agotar inventarios en pocas horas. Las largas filas de vehículos esperando bajo el sol confirman que el despacho estatal no logra cubrir el consumo regular.
Esta irregularidad desató la indignación de la Confederación Nacional de Transportistas. Su máximo ejecutivo, Lucio Gómez, expresó con vehemencia la frustración de sus bases frente a las promesas incumplidas: “Digan la verdad, señor ministro… ¿Qué falta? ¿Falta plata? ¿Falta responsabilidad? ¿O qué es lo que está pasando?”. El dirigente lamentó que los choferes estén “esclavizados” en filas kilométricas que les impiden cumplir compromisos bancarios.
Bajo advertencia de movilizaciones, Gómez lanzó un ultimátum perentorio: “Necesitamos reunirnos en el término de cuarenta y ocho horas para que nos den la respuesta… Nuestra presión es de los compañeros que están parados en todos los surtidores, tres noches, cuatro noches. Esas situaciones no las vamos a tolerar”. Asimismo, repudió los proyectos de regularización de autos indocumentados, cuestionando con dureza a los parlamentarios: “¿Con quién carajo han consultado?”.
A la incertidumbre por la gasolina se suma la escasez de diésel, un problema crónico que castiga al transporte de carga y a los servicios urbanos e interdepartamentales. Frente al reclamo, el Ejecutivo se ha limitado a declarar con resignación que el abastecimiento se normalizará a la brevedad posible, evitando comprometerse a fijar fechas precisas o plazos específicos para la solución definitiva, lo que incrementa el escepticismo.
El panorama se vuelve más sombrío tras el anuncio del Gobierno que confirma una drástica caída en las reservas de gas natural. Este reconocimiento oficial valida las proyecciones de especialistas como Álvaro Ríos y Carlos Delius, quienes anticiparon que, a este ritmo de declive y ante la falta de nuevos descubrimientos, Bolivia se convertirá en un país importador neto de gas natural en un plazo máximo de tres años, salvo que se apruebe una ley de hidrocarburos que, pese a los anunciós oficiales, aún no ha llegado a la Asamblea Legislativa.
Fuente: El Deber