Si recodamos la historia de la conflictividad en Bolivia, el origen, análisis, tratamiento y resolución de los conflictos, han pasado por distintas versiones y visiones sociales, políticas, económicas y hasta pregoneras de cómo se deben atender las demandas de los “necesitados”, y lo que comienza como un rechazo a un petitorio se transforma en un proceso nacional de movilización escalonada que combina demandas económicas, territoriales y políticas, y no aprendemos, porque nuestra lectura del conflicto esta descontextualizada y se ignoran coyunturas hasta que nos encontramos en medio del caos, el miedo y la incertidumbre. Así será difícil conseguir la estabilidad que la nación requiere y que pregona el gobierno.
El escenario es preocupante, el malestar social se ha extendido de manera acelerada. Empezó con el escándalo de la gasolina mala, subió el precio y bajo la calidad del producto, provocó daños en miles de vehículos y las filas no desaparecieron. Desde el gobierno hubo debilidad para resolver el problema, tuvo un costo político y alimentó un clima de descontento y bronca social. El transporte público y pesado desarrollaron paros y bloqueos, el gobierno logró contener parcialmente el conflicto, pero, el incumplimiento de compromisos llevó a nuevos sectores a incorporarse a las protestas. Se sumaron los conflictos del magisterio exigiendo incremento salarial y respuestas a sus demandas sectoriales. La Central Obrera Boliviana endureció el discurso por la demanda salarial y pasó de la presión negociadora a plantear la perspectiva de un paro nacional indefinido.
La espuma vino a ser la marcha indígena y campesina iniciada hace casi un mes desde comunidades indígenas y campesinas de Pando y Beni en rechazo a la Ley 1720. Esta presión, obligo a la abrogación de la norma, sin embargo, hay disposiciones que permiten reabrir el tratamiento de la ley en un plazo de 60 días y que el tratamiento de esta ley se regionalice. Desde la “Marcha por la defensa de los bosques de la Amazonía y la seguridad jurídica de los territorios indígena originario campesinos” denunciaron inmediatamente esta maniobra porque mantiene intacta la orientación de la ley y continúa vulnerando el derecho a la consulta previa de comunidades indígenas y campesinas. La cereza fue la COB, radicalizó su pliego petitorio original que exigía un aumento salarial del 20% para centrarse en un pedido único: la renuncia del presidente Rodrigo Paz.
Uno de los rasgos más importantes en este proceso es que han aparecido estructuras populares que trabajan en asambleas o pequeños cabildos que establecen compromisos de unidad en busca de una rearticulación que les permita recobrar espacios políticos y recordar que los sectores sociales tienen derecho a ser escuchados, a exigir y en todo caso a mandar. Esta dinámica revela que la crisis fortalece y revitaliza organizaciones sindicales y populares que vuelven a aparecer como referencias políticas frente a la anemia gubernamental. Ese proceso rearticulador no está exento de fuertes disputas internas, crisis y debilidad de representación, las acciones del gobierno son políticamente funcionales a los intereses de estos grupos populares que reclaman retomar prebendas y recuperar el poder total.
Hoy parece reconfigurarse la historia boliviana bajo una sucesión de reformas, así como de ciclos y conflictos, con irrupciones sociales que modifican el mapa del poder y con la idea de que el problema del país no sería la reclamada desigualdad histórica, sino la incapacidad de aceptar expectativas democráticas de administración del Estado que definen las políticas de los ciudadanos y de la nación. El conflicto no se puede reducir a condicionar las políticas públicas ni a quebrar la identidad que nos genera el país. La esperanza sigue siendo nuestra fortaleza, aún con nuestra democracia desgastada, la crisis terminará transformando el país para que no vuelva la corrupción, el autoritarismo y la desinstitucionalización del Estado.
Si el conflicto permanece abierto, si el descontento persigue expandirse y el gobierno no logra restablecer autoridad y orden, preocupa la profundización de la crisis política más allá del pedido de renuncia del presidente porque se generarán formas capaces de resistir al ajuste y de enfrentar al nuevo modelo. Sin embargo, más allá de los escenarios institucionales inmediatos, el proceso actual ya deja planteado un problema político más profundo: permitir se establezca una estructura que tome en sus manos el desgobierno y la construcción de un verdadero plan de lucha para derrotar al proyecto del gobierno de Rodrigo Paz. No se puede encarar como si fuera una protesta contra una ley específica, no hay espacio para que cada medida del gobierno se convierta en un eslabón de múltiples descontentos. Lo que pretenden hoy las movilizaciones y los bloqueos es generar una narrativa de una crisis social y política mucho más oscura, que el gobierno de Paz está en un estado de crisis permanente, apenas apagan un foco de incendio, estalla otro. El discurso dice que el programa del gobierno y los empresarios es de saqueo y ajuste, de despojo de tierras, privatización y el avance acelerado de la deuda externa.
No hay forma de generar transformaciones profundas si nos despojamos del poder de las urnas, reducir el ciclo político reciente al cuento simplista de hacer caer al presidente porque sí, es un análisis intelectual mezquino, pero no deja de ser real.