Cochabamba, 15 de mayo de 2026.- El concejal municipal de NGP Julio César Carvajal, lanzó fuertes observaciones al contrato suscrito entre la Alcaldía de Cochabamba y la empresa CINVA (Complejo Industrial del Valle) para la gestión del tratamiento de residuos sólidos del municipio de Cercado.
PROCESO JUDICIAL Y TERRENO EN DISPUTA
El primer cuestionamiento se centra en la situación legal del terreno donde opera el proyecto. Según el concejal, existe un proceso judicial entre comunarios, el Ministerio de Defensa y la empresa CINVA sobre la posesión legal del predio.
Carvajal cuestionó: cómo el municipio pudo firmar contrato con una empresa “cuando la empresa no tiene garantizado el terreno para operar el tratamiento de residuos sólidos del Cercado”.
Desde la Alcaldía se explicó anteriormente en #ElAvispero que el complejo puede operar cumpliendo “la condición de posesión legal y pacífica del terreno”, situación que —según la versión oficial— estaría respaldada por el Sindicato Agrario de Cotapachi. Sin embargo, Carvajal sostuvo una posición contraria y afirmó que dicho sindicato “son loteadores” y que incluso existirían denuncias del Ministerio de Defensa por la propiedad de las tierras.
El concejal recordó además que este conflicto lleva aproximadamente 30 años en proceso judicial y que han ingresado nuevos actores, lo que mantiene el caso en un escenario de indefinición legal.
Asimismo cuestionó la ausencia de licencia medioambiental, aunque la normativa permite que con el “manifiesto” se pueda operar mientras se regulariza la autorización.
PLANTA SEPARADORA Y NO INDUSTRIALIZACIÓN
La segunda observación apunta al tipo de infraestructura instalada en Cotapachi. Carvajal afirmó que lo construido por CINVA no constituye una planta de industrialización, sino únicamente una planta separadora de residuos.
“Han construido un galpón con una rodadora donde se está separando la basura, pero no hay industrialización”, sostuvo. Explicó que la industrialización implicaría transformar los residuos en productos con valor agregado como energía, combustibles u otros, lo cual, según su denuncia, no se estaría realizando.
EL PUNTO MÁS CRÍTICO: EL CONTRATO Y LOS PAGOS
La tercera denuncia, considerada la más grave por el concejal, está relacionada con los términos económicos del contrato. Carvajal cuestionó que, en cualquier sistema internacional de gestión de residuos, es la empresa la que debería pagar al municipio y no al revés.
“Son mil trescientos sesenta millones de bolivianos (1.360 MM)que le estamos pagando a CINVA por entregarles nuestra basura”, afirmó. En ese marco, lanzó la frase más contundente de su intervención: “El contrato no dice en ninguna parte, ni el contrato ni la adenda que hicieron, que CINVA nos va a pagar. ¿Cuándo nos va a pagar? ¿Desde cuándo? ¿Cuánto le va a pagar al municipio?”.
Según Carvajal, el contrato no establece de forma clara ningún mecanismo de retorno económico para el municipio, lo que —a su juicio— representa una falta de transparencia en la administración del servicio.
PEDIDO DE FISCALIZACIÓN DIRECTA
El concejal afirma que su posición no es política, sino de fiscalización. Señaló que ha apoyado diversas normativas en el Concejo Municipal, pero que su obligación es transparentar la gestión pública.
Por ello, informó que presentó una nota solicitando que los concejales realicen una inspección directa a la empresa, visiten sus oficinas y exijan explicaciones sobre su funcionamiento, el contrato y los términos de pago.
“Que nos expliquen cómo van a operar y que nos digan cuándo nos van a pagar y desde cuándo”, concluyó.
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