Por: Iván Katery Lizárraga
Licenciado en música, docente y postulante a cargo directivo en la Academia Nacional de Música “Man Césped” de Cochabamba.
Durante las últimas dos semanas me he dedicado con disciplina a prepararme para el examen de competencia que define los cargos directivos del Subsistema de Educación Superior en Bolivia, aspirando a la conducción institucional de la Academia Nacional de Música “Man Césped” de Cochabamba. Tras extenuantes jornadas de análisis de bancos de preguntas y normativas emitidas por el Ministerio de Educación a través del portal SISEP, comparto estas reflexiones no desde la amargura de un postulante en su primera aventura, sino desde la responsabilidad ética de quien asume la docencia y el arte como espacios esenciales de dignidad humana y transformación social.
La revisión minuciosa de este primer filtro evaluativo revela una estructura desconcertante, las clasifiqué en tres categorías de preguntas:
En primer lugar, figuran las preguntas de idoneidad básica, orientadas a la normativa fundamental: garantías constitucionales irrenunciables, el catálogo de responsabilidades de la Ley SAFCO, las atribuciones reglamentarias y la prohibición terminante de conciliar en hechos de violencia contra mujeres o menores (Leyes 348 y 548). Son preguntas indispensables que operan como un filtro elemental. Ningún ciudadano debería asumir la conducción de una entidad pública sin dominar este marco. No aseguran por sí solas la excelencia directiva, pero su desconocimiento justifica plenamente la exclusión.
En segundo lugar, surgen las preguntas de profundidad técnica y pedagógica, aquellas que legítimamente deberían definir la titularidad del cargo. En esta categoría entran las operaciones del mentefacto conceptual de Julián De Zubiría, los niveles de dominio socioformativo de Sergio Tobón, la metodología del análisis funcional de competencias de Catalano y los dilemas contemporáneos del liderazgo pedagógico frente a la inteligencia artificial. Estas preguntas marcan la diferencia cualitativa: separan al burócrata rutinario del líder curricular capaz de conducir el aula, comprender el desarrollo de las funciones psicológicas superiores y evaluar capacidades artísticas bajo criterios formativos y auténticos.
Sin embargo, el tercer grupo distorsiona y contamina el espíritu de la convocatoria: las preguntas de artificio memorístico y distracción burocrática. Se trata de reactivos formulados no para medir las capacidades del postulante, sino para tender emboscadas mediante el cruce deliberado de plazos procesales —diferenciar al milímetro si un parte de asistencia se entrega al tercer o quinto día hábil—, sutilezas en tipos penales o excepciones reglamentarias secundarias.
Desde la psicometría y la pedagogía contemporánea, este diseño es indefendible: premia la memoria fotográfica transitoria y anula el juicio crítico, la solvencia ética y la capacidad de resolver crisis institucionales reales. En un sistema educativo sano, ninguna comisión técnica avalaría preguntas cuyo efecto práctico es dispersar calificaciones al azar y abrir espacio a la discrecionalidad política bajo una falsa ilusión de objetividad.
Aquí radica la paradoja más indignante. La propia bibliografía oficial que el Ministerio exige a los postulantes —con autores como Sergio Tobón— condena con severidad las pruebas cerradas y estandarizadas de contenidos, advirtiendo que reducen la evaluación a un control obsoleto que ignora la actuación ante problemas reales, el talento creador y el compromiso ético. En otras palabras, las autoridades evalúan a quienes dirigirán los institutos artísticos aplicando con rigor exactamente el modelo pedagógico arcaico y punitivo que la teoría moderna exige desterrar de las aulas.
El arte y la cultura son, por definición, trincheras del pensamiento crítico, la sensibilidad estética y la libertad. Cuando las presiones políticas o corporativas intentan someter estas instituciones al clientelismo, las reducen a feudos de favores menores —horas, contratos dirigidos y prebendas—, asfixiando la excelencia técnica y condenando a la educación artística a la precariedad presupuestaria e intelectual.
Conocer de cerca estas anomalías produce frustración y dan ganas de claudicar ante lo que parece un libreto resuelto de antemano. Pero la resignación de quienes tienen lucidez crítica es la mayor victoria de la mediocridad. Quienes creemos en la educación artística debemos asumir este examen no como la validación de un sistema distorsionado, sino como un acto de resistencia técnica: dominar sus reglamentos y sortear sus trampas para recuperar los espacios de decisión con solvencia académica irrebatible.
Una vez al frente de los Institutos de Formación Artística, el verdadero examen no será el del sistema ministerial, sino el cotidiano: blindar la malla curricular, los procesos académicos y administrativos de toda intromisión partidaria, dignificar la labor docente y ofrecer a las nuevas generaciones una formación artística rigurosa, transparente y profundamente humana.
