Santa Cruz, 11 de noviembre de 2026.- El expresidente del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, Aldo Quezada, lanzó graves acusaciones contra el exmagistrado Rómer Saucedo. Lo señala como presunto articulador de una estructura que habría penetrado el Órgano Judicial, direccionado fallos, manipulado la distribución de causas e intervenido en procesos electorales. También reveló supuestos mecanismos para ocultar bienes y dinero a través de familiares, abogados y allegados.
Las declaraciones de Aldo Quezada, expresidente del Tribunal Departamental de Justicia (TDJ) de Santa Cruz, abren un escenario estremecedor sobre el presunto nivel de corrupción al interior del sistema judicial. En su declaración del 10 de noviembre, en el marco de la investigación por el caso de las denominadas «narcomaletas», Quezada no solamente apuntó a Rómer Saucedo por su supuesta vinculación con el cargamento de marihuana líquida, sino que describió una presunta estructura de poder que habría operado para controlar decisiones judiciales, proteger intereses y hasta interferir en elecciones.
Sus revelaciones dibujan el funcionamiento de una posible red con ramificaciones judiciales, económicas y políticas, cuyo alcance deberá ser establecido por los investigadores.
BIENES A NOMBRE DE TERCEROS: EL PRESUNTO MECANISMO PARA OCULTAR FORTUNA
Quezada sostuvo que Saucedo habría utilizado a personas de su entorno para registrar propiedades y vehículos, con el propósito de evitar que aparezcan directamente a su nombre.
En su declaración mencionó casas registradas a nombre de un compadre, vehículos a nombre de su abogado y propiedades que supuestamente habrían sido colocadas a nombre de sus hermanas. Incluso identificó una vagoneta Toyota Land Cruiser blanca que, según afirmó, habría sido adquirida por Saucedo, pero registrada a nombre de su abogado.
También habló de una presunta participación económica en una cadena de billares de Santa Cruz, cuyo propietario inicial sería un primo que habría enfrentado procesos por legitimación de ganancias ilícitas y pérdida de dominio.
Quezada añadió que una pareja sentimental de Saucedo también podría tener bienes registrados a su nombre.
Estas declaraciones abren una línea de investigación sobre un posible patrimonio oculto, testaferros y presuntas operaciones de legitimación de ganancias ilícitas.
FALLOS JUDICIALES BAJO ÓRDENES: “EL MANDAMÁS ERA RÓMER SAUCEDO”
Una de las revelaciones más delicadas apunta a la supuesta manipulación de decisiones judiciales.
Quezada aseguró que Saucedo habría ordenado directamente la liberación de Hebert Zeballos, procesado en el caso relacionado con las narcomaletas, mediante una resolución favorable a su apelación por vencimiento del plazo máximo de detención preventiva.
Según su testimonio, Saucedo habría instruido al vocal Marcelo Coca que concediera la resolución, asegurando que tenía “la venia de arriba”.
El exmagistrado también relató presuntas presiones en el caso de Jorge Roca Suárez, conocido como “Techo ‘e Paja”. Afirmó que Saucedo pretendía que se declarara la extinción por duración máxima del proceso y que, ante la resistencia de dos vocales, Emerson Figueroa y Victoria Vargas, habría ordenado su traslado a la Sala Social como una medida de castigo.
De acuerdo con Quezada, estas decisiones demostrarían que las autoridades judiciales no actuaban necesariamente bajo criterios jurídicos, sino que podían estar sometidas a órdenes e intereses externos.
ELECCIONES BAJO PRESIÓN: LA JUSTICIA COMO INSTRUMENTO POLÍTICO
Las denuncias también alcanzan el terreno electoral.
Quezada afirmó que Saucedo habría intervenido para intentar excluir de la carrera presidencial a Andrónico Rodríguez, mediante un amparo constitucional. Según su relato, la entonces vocal Carla Arancibia se habría negado a aceptar esa pretensión y protagonizó una fuerte discusión con Saucedo.
Pero la presunta injerencia no habría terminado allí.
El expresidente del TDJ denunció que Saucedo habría movilizado influencias para favorecer la elección de su tío como alcalde de San Ignacio de Velasco, en Santa Cruz.
Según su declaración, habría coordinado acciones con el presidente del Tribunal Supremo Electoral y promovido una acción de amparo que terminó anulando la sigla de ASIP, organización que se encontraba en primer lugar y que, por esa decisión, quedó fuera de la contienda electoral.
De confirmarse estos extremos, se estaría frente a una gravísima utilización de la justicia para alterar la competencia democrática y favorecer intereses familiares y políticos.
EL ALGORITMO DE LA JUSTICIA: ¿CAUSAS DIRIGIDAS A JUECES ELEGIDOS?
Otra de las denuncias más explosivas tiene que ver con el sistema informático de distribución de causas del Órgano Judicial.
Quezada aseguró que, durante su gestión, solicitaron informes a la Unidad de Sistemas del Tribunal Departamental y detectaron diferencias desproporcionadas en la cantidad de procesos asignados a determinados juzgados.
Explicó que algunos despachos llegaron a recibir hasta 400 causas durante el primer semestre, mientras otros no alcanzaban ni 20.
La irregularidad, según su versión, no se limitaba a la cantidad de expedientes. Los juzgados que concentraban mayor carga procesal también recibían casos especialmente sensibles relacionados con sustancias controladas, legitimación de ganancias ilícitas, delitos aduaneros y anticorrupción.
Quezada sostuvo que el algoritmo debía distribuir las causas de manera equilibrada, pero que presuntamente habría sido manipulado para direccionar determinados procesos hacia jueces específicos.
También denunció vulnerabilidades en la interoperabilidad entre el Ministerio Público y el Órgano Judicial.
“Con Rómer Saucedo estaban todos, pero no todos cumplían”, afirmó al ser consultado sobre los jueces alineados con el expresidente del TSJ. Añadió que la última palabra dentro del Órgano Judicial la tenía Saucedo.
En relación con el exfiscal general Roger Mariaca, mencionó al juez Primo Flores y sostuvo que otros nombres podrían identificarse mediante la revisión de los registros de distribución de causas.
FIESTAS, LUJOS Y RELACIONES DE PODER
En otro pasaje de su declaración, Quezada describió los festejos privados de Saucedo y del exfiscal general Roger Mariaca.
Aseguró que asistió al cumpleaños de Saucedo, el 14 de febrero de 2025, en una quinta, donde se presentaron grupos musicales de primer nivel. También relató su asistencia a una celebración de Mariaca en una casa quinta, con numerosos invitados y varios grupos musicales.
Aunque estas celebraciones no constituyen por sí mismas una prueba de corrupción, adquieren relevancia investigativa si se contrastan con el origen de los recursos utilizados, el patrimonio declarado y las relaciones entre las personas involucradas.
UNA RED QUE DEBE SER INVESTIGADA A FONDO
Las declaraciones de Aldo Quezada amplían considerablemente las dimensiones del caso narcomaletas. Ya no se trata únicamente de esclarecer la procedencia y el destino de un cargamento de marihuana líquida, sino de investigar una presunta estructura que habría conectado narcotráfico, patrimonio oculto, manipulación judicial e interferencia electoral.
Las acusaciones comprometen, en distintos niveles, a exautoridades judiciales, fiscales, vocales, jueces y personas del entorno de Saucedo.
La pregunta de fondo es hasta dónde habría llegado esta presunta red, cuántas decisiones judiciales pudieron ser direccionadas, qué procesos habrían sido favorecidos y quiénes más habrían participado.
Son denuncias de extrema gravedad que exigen investigaciones independientes, revisión de los registros informáticos, auditorías patrimoniales y esclarecimiento de las presuntas órdenes impartidas.