Harold Lasswell redujo en 1948 el estudio de la comunicación a una fórmula, quién dice qué, por qué canal, a quién y con qué efecto. Aplicada al primer año de Rodrigo Paz, el efecto es el dato más brutal. Según Ipsos Ciesmori, el respaldo cayó del 65 por ciento de noviembre de 2025 al 25 por ciento de octubre de 2026, y la desaprobación subió del 18 al 59 por ciento. Hay que ser justos con las cifras. Es una encuesta en línea de cuatrocientas personas en cuatro ciudades, y en La Paz la desaprobación bajó del 76 por ciento de agosto al 53 por ciento de octubre. También es cierto que ningún comunicador habría salvado la popularidad de un gobierno que administra la peor crisis económica en cuatro décadas. Pero esa coartada solo explica una parte de la caída. La otra parte fue fabricada en Palacio, y es la que esta “auditoría” pretende examinar.
Empecemos por lo que se comunicó. El gobierno decidió que su relato sería la franqueza. Su vocero llegó a afirmar que la política de los últimos veinte años se sostuvo en la mentira y que esta administración prefirió decir la verdad, aunque cueste popularidad. La apuesta tiene precedentes ilustres, porque Víctor Paz Estenssoro presentó el decreto 21060 en 1985 con aquel diagnóstico de que Bolivia se nos moría. Pero Paz Estenssoro dijo también que venía después de la medicina. Este gobierno dijo, casi únicamente, que la medicina era amarga. La franqueza es una cualidad del emisor y no un relato. Un relato ofrece horizonte, destinatarios del esfuerzo y una razón para aguantar, y aquí no hubo nada de eso. Max Weber distinguía entre la ética de la convicción y la de la responsabilidad, y el «sin anestesia» presidencial es convicción en estado puro. Cuando el presidente defendió el decreto de combustibles con la frase «se puede mejorar, pero no se puede retroceder», explicó la aritmética del Estado y se olvidó del chofer, del comerciante y de la familia alteña que pagaría el doble.
El contenido, además, se contradijo a sí mismo. El decreto 5503 salió a mediados de diciembre con ciento veinte artículos, incluido un procedimiento de aprobación expedita de contratos de inversión que varios analistas juzgaron lesivo para el control legislativo y la consulta previa. Semanas después el gobierno aceptó abrogarlo, y el presidente sostuvo que el decreto cumplió su objetivo y que el gobierno cometió errores al querer cambiar el modelo sin respetar la Constitución. Se trata de un doble discurso. O fue un acierto que merece una conquista, o fue un error que merece una disculpa, y el público recibió ambas cosas a la vez. Evo Morales vivió esa película en diciembre de 2010 con su gasolinazo, que retiró en pocos días tras anunciarlo primero y explicarlo después, y la lección debió estar aprendida. A eso se suma el mensaje de austeridad que la ciudadanía recibió junto con noticias de separatas pagadas en prensa estadounidense y viajes presidenciales. La explicación de que tres cuartas partes del suplemento fueron financiadas por empresas privadas nacionales pudo ser cierta, pero llegó a la defensiva y cuando el daño ya estaba hecho.
Pasemos al cómo. Para los momentos decisivos el gobierno eligió la medianoche. El anuncio del decreto 5503 llegó cerca de las diez de la noche del 17 de diciembre, y el estado de excepción se declaró pasada la una de la madrugada del 20 de junio. Un analista señaló que con ese estilo el presidente sacrificó la comunicación política con la ciudadanía y no abrió canales horizontales ni democráticos. Samuel Kernell describió en 1986 la estrategia de «ir al público», en la que el presidente apela directamente a la ciudadanía para presionar a los demás poderes. Esa estrategia presupone un gobernante que persuade, y Richard Neustadt ya había advertido en 1960 que el poder presidencial es esencialmente poder de persuasión. Un video grabado de madrugada, con hechos consumados, comunica exactamente lo contrario, distancia, apuro y ausencia de diálogo.
El silencio fue el otro pecado de forma. En el caso Cerimedo, el presidente tardó nueve días en pronunciarse, y dijo entonces que el estratega argentino jamás tuvo autorización para representarlo. Había un exministro que declaró en mayo que Cerimedo trabajaba directamente con el presidente como asesor de comunicación, y el vocero terminó admitiendo que sí hubo asesoría, aunque sin cargo oficial, mientras confesaba que desconocía el alcance exacto del vínculo. La regla de oro de la comunicación de crisis exige rapidez con una versión verificable. Aquí se combinó lo peor, tardanza con una versión que la prensa desarmó con fotografías. Y cuando el gobierno sí habló, muchas veces eligió el tono bélico, como cuando su vocero proclamó que el «octubre negro» sería para el narcoterrorismo y anticipó la aprehensión de un fiscal. El lenguaje de guerra entusiasma a los convencidos y espanta a los indecisos.
La tercera pregunta, a quiénes se comunicó, ofrece el hallazgo más incómodo. El discurso de la verdad contra veinte años de mentiras le habla al que ya votó contra el MAS. Pero el costo del ajuste cayó sobre quienes aún había que persuadir. La Confederación de Choferes calificó el año de «totalmente negativo» y pidió que el gobierno deje de explicar responsabilidades de administraciones anteriores. Es la sentencia de muerte de la retórica de la herencia. Mientras tanto, la agenda internacional recibió un cuidado esmerado, con la consigna de poner a Bolivia en el mundo y un acuerdo con el FMI por 1.900 millones de dólares, pero un analista notó que en la polémica de la separata nadie hablaba de Bolivia como destino de inversión. El gobierno parece haberle hablado con más cuidado al acreedor que al ciudadano. No se advierte segmentación alguna para El Alto, el campo, los gremios o la clase media urbana, que son públicos con códigos, medios y recelos distintos. Murray Edelman enseñó que la política es un teatro de símbolos, y el símbolo que llegó a los barrios populares fue el de un poder que informa de madrugada y viaja mucho.
Queda el quién, donde el diagnóstico es más severo. Brian McNair y Dominique Wolton coinciden, desde ángulos distintos, en que la comunicación política es un espacio de intercambio entre múltiples actores que el gobierno debe ordenar y no multiplicar. Aquí hubo demasiadas voces y ninguna jerarquía. El vocero, José Luis Gálvez, fue designado en abril de 2026, casi seis meses después de la posesión, y desde entonces ha mezclado la defensa técnica con la pelea política, hasta ponerle seis sobre diez a su propio gobierno y reconocer, según la prensa, que existen «fango» y corrupción. Un vocero es la voz autorizada del presidente, y su credibilidad es el capital con que se negocia cada crisis. Carl Hovland y Walter Weiss mostraron hace más de siete décadas que la credibilidad de la fuente pesa más que la calidad del argumento. Un vocero que dice ignorar el alcance del vínculo entre el presidente y su asesor dilapida ese capital. Además, está el vicepresidente, declarado opositor desde diciembre, convertido en contra-comunicación permanente desde dentro del propio Ejecutivo, y una rotación ministerial en la que diez ministros dejaron sus cargos en nueve meses. Falta, sobre todo, transparencia sobre quién manda.
Un exministro afirmó que la hija del presidente maneja la comunicación y que algunos ministros se veían impedidos de hablar, cosa que el gobierno niega, aclarando que ella no ejerce cargo público. El propio presidente ha repetido que «con un teléfono celular, mi hija logró ganar las elecciones». Circulan en redes audios atribuidos a ella y a Cerimedo cuya autenticidad no está establecida, y por eso corresponde la cautela. Pero el problema no depende de los audios. Es de diseño. La campaña funciona con lealtades personales, el gobierno exige jerarquías institucionales con responsabilidad pública, y entre ambas lógicas hay un vacío que llenan los rumores.
Sería deshonesto negar lo que funcionó. Hubo hitos bien comunicados, como la captura de un narcotraficante internacional, y la franqueza inicial rindió frutos reales, que explican los sesenta y cinco puntos de partida. Tampoco corresponde cargar a la comunicación lo que es responsabilidad de la economía. Pero la agenda misma del aniversario confirma el diagnóstico. El presidente emitirá su mensaje a la nación cuando regrese de Europa, y el balance se repartirá entre un informe escrito y doce exposiciones ministeriales. Ampliar la información pública es una buena idea. Pero celebrar el primer año con el presidente fuera del país y el informe constitucional en papel es la costumbre de siempre, la de comunicar a distancia.
Corregir es posible y empieza por lo elemental. Hace falta una voz única con peso político y autoridad sobre el gabinete, alguien con nombre, cargo y responsabilidad ante el país, un relato que diga hacia dónde va el sacrificio y no solo de dónde viene la crisis, decisiones explicadas antes de decretarse, mensajes distintos para los públicos más desconfiados y la humildad de reconocer los errores como errores. La verdad dicha sin oficio también es una forma de perder. A este gobierno le quedan cuatro años para demostrar que decir la verdad y saber comunicarla no son enemigos y a la larga son la mejor estrategia.