Al primer año de gobierno, el país tiene más sombras que luces
El gobierno llega a su primer año con un prematuro deterioro que pone a prueba su capacidad de gestión, un año que ha estado marcado por un complejo proceso de estabilización económica, ajustes estructurales y un fuerte desgaste político. Un año de ajustes económicos, conflictos políticos y reconfiguración del poder. Rodrigo Paz, un antiguo político se presentó en las elecciones como un actor de renovación y de centro, sin estructura política, con un partido político prestado y un candidato a vicepresidente más popular en las redes sociales que en el escenario político. Vencieron en segunda vuelta con los votos del MAS, qué paradójicamente, con su victoria determinó el fin del ciclo del Movimiento al Socialismo que dejó al país prácticamente en la quiebra. En el balance general no ha dado el giro radical que muchos esperaban, sus pocas acciones concentrados especialmente en el ámbito económico, no terminan de cuadrar y la agenda se ha visto empañada por una serie de escándalos que llevaron al Gobierno a sus niveles más bajos de aprobación.
La corrupción es señalada como uno de los principales obstáculos al desarrollo de un posible proyecto “país”, ha erosionado la confianza ciudadana en el gobierno y en las instituciones. (Aduana, Policía, Asamblea Legislativa, Tribunal Electoral, Justicia, etc., etc.) Es un secreto a voces de que el sistema y los funcionarios actúan en beneficio propio y no del bien común restándole legitimidad al sistema. Los escándalos no aclarados que involucran al entorno cercano del presidente han deteriorado aún más la imagen del gobierno y las acusaciones a expresidentes, altos funcionarios y militantes de diversas organizaciones siguen debilitando el sistema de representación.
Uno de los factores más alarmantes es el deterioro del sistema de justicia y el rol del Órgano Judicial, demostrado en la judicialización de la política y de los procesos electorales. Casos como la habilitación o inhabilitación arbitraria de candidatos en procesos electorales demuestran esta práctica. La denuncia de un contubernio entre el máximo representante del Órgano Judicial y el presidente del Tribunal Supremo Electoral para definir un Alcalde en una población de Santa Cruz, de comprobarse, es un duro golpe a la democracia y al sistema político. Para sostener que una competencia electoral es o ha sido genuina, se necesita algo más que un mínimo de disposiciones legales e institucionales. Se necesita demostrar el respeto a los derechos civiles y políticos propios de un proceso democrático, saber que tenemos la seguridad de contar con una maquinaria electoral neutral y por ultimo asegurar la estabilidad y transparencia de un régimen jurídico que respeta la independencia de poderes, certificará la existencia de un Estado de Derecho.
Para poner la cereza sobre la torta, preso el Fiscal General, el presidente del Tribunal Supremo de Justicia prófugo, fiscales y jueces detenidos sindicados de graves delitos, el asesor del presidente a punto de salir a detención domiciliaria, miembros de la policía buscados por el robo de maletas al “jefe” Marset, exautoridades prófugas, etc., etc., etc. La confianza en las instituciones judiciales ha terminado de caer a niveles críticamente bajos, se ha generado una sensación de inseguridad jurídica generalizada y una brutal desazón social. Aldo Quezada ex presidente del Tribunal Departamental de Justicia y el ex fiscal antidrogas Julio Cesar Porras, decidieron aceptar su culpa dentro del ‘caso maletas’, estaban acusados por los delitos de tráfico de sustancias controladas, asociación delictuosa, confabulación y organización criminal, fueron sentenciados a tres años acogiéndose a un juicio abreviado. Es una afrenta a la sociedad que estos delincuentes no vayan a pisar ni un día la cárcel. De ese tamaño es el deterioro judicial, el narcotráfico logro su cometido.
Lo que sucede es más que inquietante, la democracia atraviesa una etapa de profunda fragilidad, no únicamente por las amenazas visibles del narcotráfico y el terrorismo, sino porque hay un proceso de deterioro progresivo de nuestras estructuras internas y el poco margen que el propio gobierno tiene. Los casos mencionados muestran de forma contundente cómo una combinación de corrupción estructural, captura institucional y dependencia económica exterior, han socavado los principios fundamentales del orden constitucional, las garantías ciudadanas y la legitimidad democrática. La crisis es la debilidad institucional, que se traduce en conflictos entre órganos del Estado y una ausencia de mecanismos eficaces de coordinación y control. Desde la ética, la carencia de valores cívicos y políticos que sustenten una cultura democrática orientada al bien común, afecta a la calidad del gobierno y a calidad de la vida ciudadana.
Más allá de las diferencias, se constata una tendencia común: la erosión de la capacidad estatal de garantizar otra forma de vida, la descomposición de las instituciones de control y la multiplicación de discursos populistas del jefe de gobierno, que, en lugar de acercarlo al pueblo, lo aíslan en su precariedad. Lo peligroso es que éste fenómeno no parece accidental ni espontáneo, sino más bien el resultado de una articulación estructural entre las patologías internas del poder político y la influencia de actores cercanos al presidente con intereses personales antes que estratégicos. Así, la degradación política es el resultado de cuestiones internas, condicionada por una lógica basada en el clientelismo, la impunidad y la dependencia financiera. Vista así la corrupción estructural, más allá del delito, es la norma que gobierna.
Del populismo anterior al gobierno actual, ambos se sustentan en la concentración de poder, lejos de ser una simple estrategia discursiva, parece haber derivado en un modelo de gobernanza autoritaria con fachada democrática. En ambos procesos, la corrupción estructural ha sido y puede ser la causa del colapso institucional y a la vez, también hay como una especie de glorificación de la figura presidencial para legitimar el proceso centrado en la voluntad personal del líder. Así de mal estamos.