Gamal Serhan Jaldin (@gamalbolivia)
¿Quién elegiría un libro contable público, permanente e imposible de borrar para esconder dinero? Es la paradoja de la blockchain: nació rodeada por la sospecha de anonimato, pero registra cada movimiento de valor. Los criptoactivos sí son utilizados en actividades ilícitas, como el efectivo, las cuentas bancarias y las empresas de fachada. En una blockchain pública, el dinero deja huellas.
La investigación del senador Leonardo Roca sobre una dirección encontrada, según el informe, en el celular de Fernando Cerimedo demuestra esa capacidad. Del 21 de febrero al 21 de agosto de 2026, la wallet recibió 21.551 USDT, envió 22.545 USDT y realizó 224 transacciones hacia 46 destinos. Su saldo es compatible con una billetera de paso o distribución.
¿Cómo fue posible reconstruirlo? Porque cada transferencia conserva origen, destino, monto, fecha y un identificador único. Fragmentar fondos, cambiar de wallet o utilizar puentes entre redes puede complicar el recorrido, pero no elimina el registro. Las herramientas de inteligencia blockchain combinan esos datos con información de exchanges, listas de sanciones, fuentes abiertas y registros obtenidos por autoridades.
La palabra clave es pseudónimo, no anónimo. Una dirección no revela el nombre de su titular, pero su historial permanece expuesto. Cuando los fondos llegan a un exchange, una cuenta verificada, un dispositivo incautado u otro contacto identificable, la investigación puede vincular la actividad on-chain con una persona o entidad. La blockchain muestra el movimiento; la evidencia externa permite atribuirlo.
Esa trazabilidad tiene consecuencias prácticas: permite localizar puntos de entrada y salida, solicitar datos a intermediarios regulados, congelar activos y reconstruir rutas financieras que el efectivo jamás registraría por sí solo. El desafío no es ver las operaciones, sino interpretarlas correctamente y convertirlas en evidencia legalmente válida ante un tribunal.
Los reportes confirman dos verdades. Chainalysis estima que las direcciones ilícitas recibieron al menos USD 154.000 millones en 2025, un aumento de 162%, impulsado principalmente por entidades sancionadas. Sin embargo, representaron menos del 1% del volumen cripto atribuido. TRM Labs, con una metodología diferente, calculó USD 158.000 millones y una participación de 1,2% del volumen on-chain atribuido.
No corresponde mezclar ambas cifras ni minimizar su gravedad. Las estimaciones aumentan cuando aparecen direcciones ilícitas. Pero los reportes coinciden en lo esencial: el delito cripto existe y creció en términos absolutos, aunque continúa siendo una fracción minoritaria del ecosistema. Sostener que los activos digitales sirven principalmente para delinquir sería tan impreciso como afirmar que los bancos existen para lavar dinero.
El caso Cerimedo también muestra el límite de la tecnología. La blockchain puede probar cuánto recibió y envió una dirección, pero no determina quién controlaba las claves privadas, cuál era el origen de los fondos o si cada transferencia era ilícita. Encontrar una dirección anotada en un teléfono es un indicio relevante; no demuestra automáticamente titularidad, control ni responsabilidad penal.
Tampoco es correcto afirmar que esa wallet movió USD 132,82 millones. Según la investigación, ese volumen corresponde a otra dirección situada varios saltos después. Una conexión dentro del grafo no convierte el dinero de una contraparte en patrimonio propio. Además, sumar entradas y salidas puede contar dos veces los mismos fondos. Movimiento no significa ingreso, riqueza ni beneficio.
Existen obstáculos: mixers, monedas orientadas a privacidad, puentes entre redes y operaciones internas de exchanges. Dificultan el seguimiento, pero no eliminan la posibilidad de investigar. Se necesitan especialistas, herramientas forenses, cooperación internacional, información KYC y una cadena de custodia rigurosa. Un gráfico de wallets puede generar una hipótesis; una acusación exige metodología reproducible, identificación verificable y evidencia capaz de resistir el control judicial.
Bolivia necesita unidades especializadas, fiscales y peritos capacitados, acceso a plataformas de análisis on-chain, protocolos para preservar evidencia digital y cooperación con proveedores de servicios de activos virtuales. Prohibir no borra las transacciones: solo vuelve ciegas a las instituciones. La gran paradoja es que una tecnología acusada de ocultar el dinero puede convertirse en uno de los instrumentos más poderosos para seguirlo. Pero debemos usarla con rigor: ni para encubrir operaciones sospechosas ni para fabricar culpables a partir de conexiones remotas.
La blockchain no sentencia. La blockchain recuerda.