Santa Cruz, 28 de agosto.- El congreso extraordinario de la CAO, realizado en Warnes, cerró filas contra el precio de Bs 18 por litro de diésel para los grandes consumidores. El sector productivo dio plazo hasta el domingo y advirtió con nuevas medidas de presión.
La disputa por el precio y el abastecimiento de diésel ingresó ayer en una nueva etapa. El Congreso Extraordinario de la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO), ampliado a representantes de sectores productivos de distintas regiones del país y realizado en Warnes, resolvió exigir la abrogación del Decreto Supremo 5676 y puso un plazo al Gobierno de Rodrigo Paz: hasta este domingo.
Si la norma no es dejada sin efecto, la dirigencia agropecuaria acudirá el lunes al Comité pro Santa Cruz para solicitar la convocatoria de una Asamblea de la Cruceñidad, instancia que podría definir nuevas medidas de presión.
La decisión marca un endurecimiento de la posición del sector productivo, que ya había advertido con movilizaciones, pero que ahora busca convertir el reclamo contra el llamado “dieselazo” en una acción regional y eventualmente nacional.
Klaus Frerking, presidente de la CAO, sostuvo que el sector no acepta una modificación parcial del decreto y reclamó condiciones para continuar produciendo.
“Si hasta el domingo no está abrogado el decreto, nos apersonaremos a nuestro Comité pro Santa Cruz el día lunes para pedirle una Asamblea de la Cruceñidad”, afirmó.
El encuentro de Warnes tuvo además la presencia del ministro de Desarrollo Productivo, Rural y Agua, Óscar Mario Justiniano, quien llegó con la posición del Ejecutivo: abrogar el decreto no solucionará la falta de diésel.
Así, el conflicto quedó planteado en dos posiciones difíciles de conciliar: el agro exige eliminar la norma para recuperar certidumbre y evitar un aumento de sus costos; el Gobierno sostiene que el problema es estructural y que, sin modificar el esquema de comercialización, el combustible seguirá siendo insuficiente.
La presión también llega desde otros sectores. Alcaldes del país plantearon al Gobierno la abrogación del decreto y propusieron alternativas para enfrentar el desabastecimiento, entre ellas revisar el modelo de importación de combustibles y explorar la importación de crudo para utilizar las refinerías nacionales.
En Santa Cruz, además, organizaciones campesinas y productivas preparan para hoy una movilización denominada “Gran marcha pacífica en defensa de la economía popular”, con participación anunciada de productores agropecuarios, campesinos, indígenas e interculturales.
Respuesta oficial
El ministro Justiniano, que participó en el Congreso de Warnes, sostuvo que la eliminación del DS 5676 no resolverá por sí sola la falta de combustible. “Cambiemos el número de decreto, abroguemos el decreto, el resultado va a ser exactamente el mismo: no va a haber diésel”, afirmó.
El argumento del Ejecutivo parte de un problema que va más allá de la regulación: Bolivia necesita importar grandes volúmenes de diésel y no cuenta con suficiente producción.
La diferencia entre el precio interno y el costo de reposición internacional, según el Gobierno, genera incentivos para el contrabando, el acaparamiento y la reventa.
El vocero presidencial José Luis Gálvez explicó que comprar en el exterior un litro de diésel que puede costar Bs 18, para venderlo internamente a Bs 9,80, genera una distorsión difícil de sostener.
El Gobierno también sostiene que parte del combustible subsidiado termina en mercados paralelos, donde oscila entre Bs 15, Bs 20 o incluso más. Por eso, para el Ejecutivo, el problema no es solamente el DS 5676, sino la estructura de precios y la subvención.
Aunque el Gobierno no acepta la demanda de abrogación planteada por la CAO, sí ha abierto la puerta a revisar el funcionamiento del decreto.
Gálvez señaló que el Ejecutivo está dispuesto a mejorar la norma, mientras Justiniano planteó en Warnes la posibilidad de trabajar sobre su reglamentación.
La posición oficial, por tanto, puede resumirse en tres puntos:
No considera que la abrogación del DS 5676 resuelva el desabastecimiento, pero admite que la norma puede ser ajustada y la prioridad es garantizar la provisión de diésel y reducir el mercado negro y la reventa.
Las protestas
La protesta más visible de esta semana se instaló en el puente San Pablo, en la carretera que conecta Santa Cruz con Beni.
Productores de la provincia Marbán comenzaron el bloqueo el miércoles para exigir la abrogación del DS 5676. La medida interrumpió las salidas de buses desde Santa Cruz hacia Trinidad y dejó vehículos de carga y pasajeros varados.
Durante la jornada de ayer hubo intentos de diálogo. El gobernador de Beni, Jesús Égüez, llegó al lugar junto con representantes de YPFB y la ANH y propuso instalar una mesa de trabajo.
Los productores, sin embargo, mantuvieron su demanda de abrogación. En determinado momento se concedió un cuarto intermedio para permitir el paso de los vehículos varados, pero la medida no significó un levantamiento definitivo.
Posteriormente, la Policía y las Fuerzas Armadas intervinieron para despejar la carretera, generándose momentos de tensión con los productores. Hubo barricadas y lanzamiento de piedras, mientras los efectivos utilizaron agentes químicos para intentar habilitar la vía.
El coronel Ortiz, representante del Comando de Estrategias Operacionales (CEO) Mamoré, informó que el tránsito en el puente San Pablo fue restablecido, luego de varias horas de enfrentamientos, pero en horas de la noche los bloqueadores volvieron al lugar, tornándose incierta la situación.
Este punto es importante porque muestra que el conflicto puede escalar incluso mientras se desarrolla el diálogo institucional.
El problema es que San Pablo no es un caso aislado. En días anteriores, productores de diferentes zonas de Santa Cruz reclamaron por el precio del diésel y la falta de combustible. En el norte del departamento, organizaciones de Warnes, Obispo Santistevan, Sara e Ichilo habían dado plazos al Gobierno para abrogar la norma. También hubo movilizaciones de productores arroceros y campesinos en Guarayos.
Yapacaní también dio un plazo al Gobierno para que atienda su demanda. Por eso, aunque algunos puntos de protesta han sido levantados temporalmente o han dado cuartos intermedios, la presión no ha desaparecido. La amenaza de nuevas movilizaciones se mantiene y podría intensificarse después del domingo.
Fuente: El Deber