
24 de agosto.- Campesinos, arroceros, cañeros, agropecuarios y transportistas rechazan el DS 5676 y exigen su abrogación. El agro prepara un congreso de emergencia para el jueves 27, donde podría definir nuevas medidas de presión. Cisterneros mantienen reuniones.
La semana que comienza este lunes se perfila como una prueba para el Gobierno de Rodrigo Paz. A una semana de la entrada en vigencia del Decreto Supremo (DS) 5676, que estableció un precio referencial inicial de Bs 18 por litro de diésel para grandes consumidores, productores agropecuarios, campesinos, arroceros, cañeros y transportistas han elevado el tono de sus reclamos y algunos sectores ya anunciaron plazos y posibles bloqueos si la norma no es abrogada.
El escenario de tensión se construye mientras persisten las dificultades de abastecimiento de diésel en distintas regiones del país.
El Gobierno sostiene que la medida busca reducir el contrabando, eliminar distorsiones y acercar el precio de los grandes volúmenes al costo de importación. Para el aparato productivo, sin embargo, la diferenciación representa un incremento que amenaza con trasladarse directamente a los costos de producción.
El Norte cruceño
La señal más contundente llegó la jornada de ayer, desde las cuatro provincias del norte de Santa Cruz: Warnes, Obispo Santistevan, Sara e Ichilo.
Campesinos, centrales, subcentrales, sindicatos agrarios y asociaciones productivas realizaron un ampliado de emergencia y exigieron al Gobierno la abrogación inmediata del DS 5676. El plazo fijado es de 48 horas y, si no existe una respuesta favorable, anunciaron que se declararán en estado de emergencia y evaluarán medidas de presión.
La advertencia se suma a la movilización protagonizada el domingo por productores de San Juan, quienes llegaron en una caravana de un centenar de vehículos hasta la carretera Santa Cruz-Cochabamba. La protesta generó interrupciones intermitentes de la circulación y se anunció un pronunciamiento sobre las próximas acciones.
El reclamo también llegó desde Guarayos. Más de medio centenar de productores arroceros y campesinos marcharon ayer este contra la escasez de combustible y exigieron la abrogación del decreto.
Javier Núñez, dirigente de la Central Única de Trabajadores Campesinos, advirtió con radicalizar las medidas si la norma no es anulada, mientras que Ramiro Pérez, presidente de la Federación de Productores Arroceros, alertó que el sector podría tener dificultades para garantizar el abastecimiento de arroz debido al costo y la falta de combustible.
El conflicto tendrá uno de sus momentos centrales el jueves 27 de agosto, cuando la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO) lleve adelante un congreso extraordinario en Warnes para definir la posición del sector frente al DS 5676 y eventualmente determinar nuevas medidas de presión.
La organización se declaró en estado de emergencia y sostiene que el decreto es “discriminatorio” e “improvisado”. Su presidente, Klaus Frerking, advirtió que el incremento del combustible elevará los costos de producción y terminará afectando a los precios de los alimentos. El congreso puede convertirse así en un punto de inflexión. La CAO anunció que convocará a las cámaras agropecuarias del país, con la posibilidad de que el debate trascienda Santa Cruz y se convierta en una posición nacional.
A las organizaciones productivas se suma el transporte. La Confederación de Choferes de Bolivia se declaró en estado de emergencia y anunció la convocatoria a un ampliado nacional para definir medidas contra el DS 5676 y por los problemas de abastecimiento.
Aunque el Gobierno ha aclarado que el precio de Bs 9,80 se mantiene para el transporte, el sector cuestiona la escasez y advierte que necesita combustible para mantener sus operaciones y cumplir con sus obligaciones financieras.
En este escenario, el Gobierno busca defender una medida que considera necesaria para enfrentar la crisis de combustibles, pero que ha conseguido reunir en su contra a buena parte de los sectores que dependen del diésel para producir y transportar.
Fuente: El Deber
