4 de agosto.- El exalcalde Jhonny Fernández se presentó ayer a declarar por el caso del crédito para el viaducto del cuarto anillo y doble vía a La Guardia, y ahora el Gobierno Municipal pide que se cite a otros presuntos involucrados, entre ellos el exsecretario de Administración y Finanzas, Mario Centellas.
Fernández acudió ante la Fiscalía del Departamento Especializado de Lucha Contra la Corrupción (Delcc), donde se abstuvo a declarar, pero al salir insistió en que los recursos fueron manejados de acuerdo con la normativa. Es acusado de malversación de fondos por haber gestionado un crédito para una obra que no se construyó ni se sabe dónde fueron a parar los recursos.
El director municipal de Asuntos Jurídicos, José Luis Coplot, informó que además del crédito para este viaducto por Bs 66 millones, hay otros dos préstamos por Bs 124 millones y 60 millones que serán investigados, lo que suma un total de Bs 250 millones. Fueron gestionados en 2023 ante una entidad financiera y deben pagarse en un plazo de diez años.
Coplot adelantó que se espera que la próxima semana se presente el exsecretario Centellas, ya que se pedirá que la investigación se amplíe contra otros exfuncionarios que resulten involucrados.
“Esto no acaba aquí. El proceso de investigación continúa. Se tiene que hacer inspecciones a los lugares donde las obras debían ejecutarse”, agregó el abogado.
Antes de ingresar a la Fiscalía, Fernández sostuvo que los recursos se manejan en función a un presupuesto aprobado y mediante la Secretaría Municipal de Administración y Finanzas. Añadió que la ejecución de los recursos responde a las necesidades de la ciudad y a situaciones de emergencia.
“Esto es político, sabemos cuál es la intencionalidad. Yo estoy tranquilo con mi conciencia, no tengo nada de qué arrepentirme. Hemos hecho las cosas como deberíamos hacerlas. El presupuesto, las inversiones, todo está ahí y hay auditorías, como también balances que se realizan cada año”, declaró.
Centellas fue uno de los hombres de confianza de Fernández durante su gestión municipal. Ocupó el cargo de secretario de Administración y Finanzas y luego asumió la Secretaría de Administración Tributaria (SAT).
Fue apartado del cargo en septiembre de 2024, cuando se destapó el escándalo por la presunta manipulación informática del sistema tributario para favorecer con rebajas irregulares de impuestos, que ahora se confirmó con la auditoría al sistema de recaudaciones.
Antes de integrar el gabinete municipal, Centellas también se desempeñó como asesor de Fernández cuando este ejercía el cargo de concejal.
Por su parte, el alcalde Carlos Manuel Saavedra, recordó que en este caso el exalcalde no asistió en dos oportunidades a la Fiscalía, toda vez que primero acudió sin abogado defensor y después argumentó problemas de salud. “Tiene que responder ante la justicia por una denuncia que se hizo por el viaducto del cuarto anillo y doble vía a La Guardia. Se sacó un crédito y en este momento no hay la plata, no hay el viaducto, solo hay una deuda de Bs 66 millones”, reclamó.
El burgomaestre también indicó que hay otros créditos que están siendo investigados por malversación de fondos, con lo que el daño económico ascendería a unos Bs 250 millones. “Estas cosas tienen que aclararse, porque malversar los recursos en la gestión pública es delito y el que lo hace tiene que responder ante la justicia”, remarcó.
Otros procesos
Fernández también se encuentra en el ojo de la tormenta por la presunta manipulación del sistema tributario, luego de que, según una denuncia del Gobierno Municipal, habría obtenido una reducción del impuesto de un inmueble de Bs 8.775 a Bs 322.
Este caso se suma a otros procesos como la compra de cuatro hospitales móviles, en el que se investiga un presunto sobreprecio de Bs 2,8 millones. Por este caso le han impuesto una alerta migratoria y el congelamiento de sus cuentas bancarias.
También están los 11 proyectos de pavimento inconcluso. Lo investigan por los presuntos delitos de conducta antieconómica e incumplimiento de deberes, con base en un informe preliminar de la Contraloría General del Estado que advierte un posible daño económico de Bs 6,7 millones.
Fuente: El Deber