31 de julio.- El viceministro de Tesoro y Crédito Público dijo que la meta del Gobierno es reducir progresivamente el déficit fiscal en los próximos años.
El viceministro de Tesoro y Crédito Público, Christian Morales, destacó este viernes que el Presupuesto General del Estado (PGE) 2026 reformulado contempla un ajuste fiscal con 30% de reducción en el gasto público en el nivel central y empresas públicos y más recursos para las regiones.
Además, aseguró que el documento, promulgada el jueves por el presidente Rodrigo Paz, contempla modificaciones por más de Bs 7.400 millones, de los cuales más de Bs 2.200 millones serán transferidos a gobernaciones y alcaldías. Y más de Bs 400 millones irán a universidades públicas y recursos para la creación de ítems en salud, magisterio y seguridad.
«Introducimos mayores recursos para las entidades territoriales autónomas, más de Bs 2.200 millones en favor de estas», dijo en Red Uno.
Asimismo, explicó que, en la siguiente semana, el Gobierno iniciará reuniones con los gobernadores para avanzar en la implementación del esquema de distribución de recursos «50/50», junto con una redistribución de competencias entre el nivel central y las gobernaciones.
Morales aseguró la meta del Gobierno es reducir progresivamente el déficit fiscal en los próximos años y aseguró que ya hay señales de mejora en las cuentas públicas.
Tras su promulgación el PGE 2026 reformulado está oficialmente en vigencia.
La ley incrementa el presupuesto en más de Bs 7.472 millones y alcanza los Bs 391.815,8 millones, según el documento.
El presidente Paz destacó que estas medidas buscan otorgar mayores herramientas financieras a las regiones para acelerar la ejecución de obras y proyectos.
Otro de los aspectos centrales de la norma es la evaluación de las empresas públicas del nivel central del Estado.
Ley
La Oficina Técnica para el Fortalecimiento de la Empresa Pública (OFEP) deberá realizar, en un plazo de 30 días, un diagnóstico técnico que determinará si corresponde mantener, reorganizar, disolver o liquidar determinadas empresas estatales.
La ley también establece mecanismos para identificar posibles responsabilidades administrativas derivadas de pasivos heredados o de decisiones adoptadas en gestiones anteriores.
Además, la normativa dispone además el cierre obligatorio de fideicomisos financiados con recursos del Tesoro General de la Nación que hayan cumplido su finalidad, presenten baja ejecución o ya no respondan a las prioridades fiscales del Estado.
Y otro cambio importante es la conversión a moneda nacional de todas las obligaciones, activos, garantías y operaciones vinculadas al Fondo para la Revolución Industrial Productiva (FINPRO) que se encontraban denominadas en moneda extranjera.
La conversión se realizará utilizando el tipo de cambio oficial de compra vigente al momento de la constitución de cada operación.
Entre las medidas más destacadas de la Ley 1755 figura la creación de incentivos tributarios para la producción nacional.
La norma libera durante cinco años el pago del Impuesto al Valor Agregado (IVA) y de aranceles para la importación y comercialización de: Plantas industriales, bienes de capital, herramientas y equipos, material genético, drones y accesorios, semillas e insumos productivos.
Fuente: La Razón