14 de julio.- El expresidente Luis Arce arriesga un primer juicio de responsabilidades por una decisión que adoptó apenas tres meses después de asumir el poder. Se trata de la designación de la abogada Brenda Lafuente como directora nacional de la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM), pese a que no cumplía los años de experiencia que demanda la ley.
De hecho, los diputados de Libre Rafael López y Glenda Aguilera impulsan el proceso y ya tienen un borrador de proposición acusatoria contra el exmandatario. Antes de acudir a la Asamblea Legislativa, optaron por abrir una investigación penal contra el entonces ministro de Minería, Ramiro Villavicencio, por resoluciones contrarias a la Constitución y a las leyes y nombramientos ilegales.
La estrategia, según explicó López, busca reunir declaraciones, documentos e indicios que permitan establecer la responsabilidad de Arce y sustentar después el juicio de responsabilidades. “El objetivo es lograr que la investigación avance y, con los indicios suficientes, promover un juicio de responsabilidades contra Luis Arce. Ya tenemos un borrador de proposición acusatoria”, afirmó.
Según el legislador, la denuncia comenzó contra Villavicencio porque tanto el exministro como Lafuente deben declarar las circunstancias del nombramiento. “Ellos deben confirmar lo que figura en el documento: que Villavicencio y Luis Arce firmaron esa designación el 13 de enero de 2021, pese a que Lafuente no cumplía los requisitos”, señaló.
La designación fue formalizada mediante la Resolución Suprema N.º 27407, suscrita poco más de dos meses después de que Arce y el MAS retomaran el control del Órgano Ejecutivo.
Lafuente confirmó quiénes firmaron su designación, pero evitó pronunciarse sobre el fondo. Aseguró que no fue notificada con ninguna denuncia ni recibió citación para declarar. Además de este caso, Lafuente mantiene un proceso de asistencia familiar contra Arce, a quien señala como padre de su hijo. Arce negó la paternidad.
Lafuente tenía 27 años cuando fue posesionada como máxima autoridad de la AJAM. La investigación por su nombramiento comenzó hace varios meses. Villavicencio fue citado a declarar el 23 de junio, pero no se presentó. El 8 de julio, el fiscal Edwin Colque emitió orden de aprehensión en su contra, pero aún no se cumplió.
La denuncia se concentra en la experiencia profesional que tenía Lafuente cuando fue designada. El inciso b del artículo 43 de la Ley 535 de Minería y Metalurgia exige al director ejecutivo nacional de la AJAM al menos seis años de experiencia. De acuerdo con los denunciantes, Lafuente había obtenido su título de abogada cuatro años antes de asumir el cargo, por lo que no habría podido acreditar el tiempo requerido. Los legisladores sostienen que su principal antecedente político era su participación en la campaña electoral.
La investigación deberá determinar si la designación vulneró la legislación y si la firma del entonces presidente permite atribuirle responsabilidad por una decisión asumida durante su mandato. Arce, entretanto, permanece recluido en San Pedro desde diciembre de 2025 por un proceso actual vinculado a l Fondo Indígena. Eso sí, por cargos que pudo cometer cuando no era presidente.
Fuente: El Deber