14 de julio.- Dos órganos del Estado, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y el Tribunal Supremo Electoral (TSE), señalaron al vocal del Tribunal Departamental de Justicia (TDJ) de Beni, Charles Fernando Mejía, como uno de los principales responsables de que las elecciones judiciales de diciembre de 2024 se hicieran parcialmente.
La decisión provocó un desorden institucional tanto en el TSJ como en el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), además de una millonaria afectación económica al Estado, según afirmaron, por separado, los presidentes del TSJ, Rómer Saucedo, y del TSE, Gustavo Ávila.
“Charles Fernando Mejía Cardozo es uno de los responsables del daño económico al Estado boliviano por más de Bs 55 millones, además de dejar sin elecciones judiciales a más de medio país”, afirmó Saucedo a través de un mensaje publicado en sus redes.
El presidente del TSJ, quien calificó a Mejía de “carnicero de la democracia”, advirtió que el vocal beniano deberá responder ante la justicia por sus determinaciones. Incluso fijó un plazo de 72 horas, aunque no precisó qué acción se ejecutará tras ese tiempo.
“El momento de rendir cuentas ante la justicia se va acercando. Ningún acto delincuencial quedará impune”, aseguró Saucedo.
Casi de manera simultánea, el presidente del TSE, Gustavo Ávila, también se pronunció sobre el caso y alertó que Mejía pretende vulnerar nuevamente la institucionalidad judicial, esta vez en el departamento de Beni.
“En las últimas horas, la misma persona que en 2024 perjudicó el normal desarrollo de las elecciones judiciales pretende vulnerar la institucionalidad del Órgano Judicial en el departamento del Beni”, manifestó Ávila.
El titular del TSE calculó que la afectación económica al Estado superó los Bs 70 millones, monto que el Tesoro General de la Nación destinó en 2024 para que el organismo electoral organizara y administrara las Judiciales.
En octubre de 2024, Mejía, en su condición de vocal de la Sala Constitucional de Beni, emitió la sentencia 0770/2024, mediante la cual declaró desiertas las convocatorias para la elección de magistrados del Tribunal Supremo de Justicia en Beni y Pando.
La resolución también dispuso una medida similar para la elección de autoridades del Tribunal Constitucional en los departamentos de Pando, Cochabamba, Santa Cruz, Beni y Tarija.
Como consecuencia, los comicios judiciales de diciembre de ese año se realizaron de manera parcial. Actualmente, el TCP funciona con solo cuatro de sus nueve magistrados electos, mientras que el TSJ cuenta con siete autoridades elegidas en las urnas y tiene pendientes dos cargos.
Además, el TCP planteó ante la Asamblea una ley para habilitar a su presidente con voz y voto.
Fuente: El Deber