Cochabamba, 12 de julio de 2026.- El horror no toca fondo, la victimas de abuso sexual de los jesuitas en Bolivia se cuentan por centenares, al menos 400, y salen más nombres de los depredadores sexuales, 20, y sus cómplices. Y se revela que intercambiaban a sus víctimas, niños y adolescentes que estaban a su cargo en lugares de acogida y centros educativos.
Los casos fueron conocidos por la alta cúpula de la Iglesia Católica y llegaron a ser informados mediante cartas secretas en el Vaticano, pero nadie frenó ni castigo a los abusadores que a sola confesión se sentían exonerados.
La Comunidad Boliviana de Sobrevivientes presenta el libro “Las Puertas del Infierno” con testimonios y pruebas documentadas de los crímenes y delitos cometidos por sus “captores”, durante los años 70 y 80.
La investigación revela que la pederastia clerical en Bolivia fue permitida y encubierta por años por logias internas para encubrir a agresores, conformado redes criminales. Incluso, se financió abortos y se desvío mucho dinero con el fin de callar a las víctimas.
“Estos abusos sexuales se convierten en crímenes de lesa humanidad, porque los delitos son perpetrados de manera sistemática, protegidos por una política institucional y contra una población vulnerable”, describe el texto, según reporte de Urgentebo.
PEDERASTAS IMPUNES
En el libro de denuncias que la normativa dentro de la institución permitía que los delitos queden en la impunidad. “Las Constituciones de la Compañía de Jesús (Número 215) ‘dan licencia’ y permiten enviar a jesuitas ‘escandalosos’ a ‘partes muy remotas’ del mundo, sin ser expulsados de la orden”, señala el texto.
De acuerdo al libro, la orden usaba un reporte anual que era confidencial: Cuenta de Conciencia, un mecanismo para que se cuente o revele lo más íntimo y personal a superiores provinciales, incluyendo hechos delictivos, como los abusos sexuales.
El pederasta Alfonso Pedrajas en su diario, escribió: “lo conté tantas veces” (a los provinciales). Los jerarcas de la Iglesia Católica no hicieron nada; sino ratificar en sus cargos a los pederastas.
El manuscrito de Pedrajas, conocido como el “padre Pica” salió a la luz en 2023, gracias a un reportajes del periódico El País, escrito por el periodista Julio Núñez. Pica murió en 2009, en Cochabamba, donde dirigió el internado Juan XIII, que se convirtió en el epicentro de sus abusos sexuales.
UNA LOGIA DE PODER INTERNO
La investigación documental revela que, a mediados de los años 70, se consolidó una logia de poder interno dedicada a proteger la imagen de la Compañía de Jesús.
“En los veranos de 1975 y 1976, bajo su responsabilidad formativa, nació el ‘Grupo Palaciego’, un ‘Grupo de revisión de vida’, bajo el liderazgo de Marcos Recolons, Ramón Alaix e Ignacio Suñol, todos españoles como Pedrajas. Este grupo, del que tambien forman parte bolivianos, se constituyó en un grupo de poder y encubrimiento en la comunidad Jesuita en Bolivia.
Fueron también miembros destacados del grupo: Xavier Albó, Alfonso Pedrajas y José Fernández de Henestrosa, un sacerdote más conocido en la región aymara de La Paz como ‘Hermano Pepe H’, entre otros. Ellos se reunían anualmente en los recesos de fiestas de carnaval para trazar su estrategia de poder y encubrimiento. Entre ellos se confesaban mutuamente para contenerse psicológica y espiritualmente después de cometer abusos”.
ABORTOS Y PAGOS A VÍCTIMAS
El libro saca a la luz cómo la Compañía de Jesús utilizó recursos económicos para encubrir los delitos y frenar las denuncias en la justicia ordinaria. “Aparece también la evidencia de algunos pagos que realizan los jesuitas para tapar sus delitos de abuso y desbordes morales: Codina aportó recursos económicos para hacer abortar a la novia de una víctima de Francisco Flores; pagaron el aborto de una religiosa embarazada por un jesuita en formación, con conocimiento del padre Menacho”.
En ese sentido, revela que los documentos secuestrados por la Fiscalía muestran que el exprovincial René Cardozo Cortés, del 2008 al 2012, compró el silencio de una afectada.
“Cardozo, como provincial jesuita, firmó un documento privado con la señora NN, víctima de Javier Velasco, entregando 20.000 dólares americanos, ‘como solución justa y definitiva al problema planteado por la señora’”.
Lo mismo ocurrió en la ONG Defensa de Niños Internacional (DNI), donde su fundador, el jesuita Jorge Vila, realizaba “desvíos de recursos económicos millonarios de la cooperación internacional para acallar a sus víctimas, comprándoles terrenos, casas y entregándoles dinero”.
UNA LISTA DE ENCUBRIDORES
El documento detalla las acciones individuales de los religiosos involucrados en el encubrimiento.
Antonio Menacho García: Exprovincial acusado de mover estratégicamente a los agresores. El texto indica que “llevó al violador serial Alfonso Pedrajas, Pica, al Juan XXIII, y más tarde recibió a Lucho Roma en Sucre, para hacerlo escapar de Charagua, dándole pastoral de niños de primaria”.
Enrique Zabala Vásquez: Exigió mediante una carta a Rafael Puente “silencio y entrega de toda la documentación obtenida en la auditoria forense del DNI”, ocultando a la justicia ordinaria los delitos sexuales de Jorge Vila.
Carlos Arce Barreda: Denunciado por actuar como «escudero» de los agresores. El texto relata el testimonio de una víctima que acudió a él tras ser abusado por otros religiosos: “recurrió al padre jesuita Carlos Arce Barreda, quien le sugirió ‘enterrar y olvidar el hecho’”.
Carlos Villamil Olea: Ofrecido como supuesto «mediador» institucional en las crisis de abusos del internado Juan XXIII, y acusado de sellar “el cuarto de Lucho Roma cuando se inició la investigación interna” para que las evidencias fotográficas y videos pornográficos no pasaran a las autoridades.
Los exprovinciales jesuitas Carlos Palmés de Genover, Luis Palomera, Osvaldo Chirveches Pinaya y Bernardo Mercado Vargas, actual provincial de la Compañía de Jesús también ocupan, entre varios otros, la atención de “Las puertas del infierno”.
INTERCAMBIO DE NIÑOS
El libro “Las Puertas del Infierno”, presentado recientemente por la Comunidad Boliviana de Sobrevivientes, devela una estructura de traslados e intercambios sistemáticos de menores de edad con fines de abuso sexual en unidades educativas dirigidas por sacerdotes jesuitas en Bolivia.
“La trata de niños y niñas con fines de explotación sexual al interior de obras sociales y educativas dirigidas por sacerdotes jesuitas incuia el intercambio y visita de abusadores a otros centros como una especie de organización criminal”.
El circuito de traslado e intercambio de víctimas según los testimonios que aparecen en la investigación, los abusos sexuales no estaban sólo en recintos aislados; sino que había una dinámica de movilidad de los niños a diferentes departamentos.
“Otro dato escalofriante, recientemente develado por varios testimonios, es que existía un intercambio de víctimas entre centros donde se cometían violaciones y abusos: de la Colonia Piraí enviaban víctimas al Hogar de Niños Tacata, donde los abusaban; del Hogar Tacata también se enviaban niños-víctimas a la Colonia Piraí, para igualmente abusarlos, de esta Colonia se envió víctimas al Juan XXIII, donde fueron abusados, y de este internado se enviaron víctimas al hogar Tacata”, expone el libro.
Pero además, detalla que del Juan XXIII también se llevaban víctimas a las minas de Oruro y Potosí o a la casa de retiros del rio Taquiña-Cochabamba, que hoy funge como casa de retiros de la Compañía de Jesús, donde aplicaron “padecimiento sexual y tortura”. No conformes, de Tacata se convocaban también niños víctimas a las oficinas del fundador del DNI, Jorge Vila, donde esta autoridad los abusaba juntamente el director del colegio Juan XXIII, Alfonso Pedrajas, señala la investigación.
En el libro se menciona que los jesuitas que facilitaron el traslado e intercambio de las víctimas son: Jorge Vila, fundador de la ONG DNI, Eduardo Cabanac, Luis Roma, Álvaro Puente, Rafael Puente y Alfonso Pedrajas.