9 de julio.- El expresidente Evo Morales cumplió ayer 650 días de eludir a la justicia y autoconfinado en su ‘refugio’ de Lauca Ñ, en el trópico de Cochabamba. Su permanencia en esa zona vuelve a estar bajo la lupa, esta vez por las investigaciones que prepara el Gobierno sobre los 53 días de conflictos con bloqueos que paralizaron al país y dejaron fallecidos, millonarias pérdidas económicas y ciudades cercadas.
El ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, anunció que “en el marco de hacer justicia” se alista una denuncia contra Morales y varios de sus dirigentes, a quienes señala por organizar y financiar la movilización de grupos violentos. La acusación apunta a establecer responsabilidades por los bloqueos de caminos que afectaron a varias regiones, principalmente del occidente con un cerco de ciudades como La Paz y El Alto.
La demanda anticipada por el Ejecutivo se sumará a otras acciones presentadas por organizaciones civiles, entre ellas el Comité Cívico pro Santa Cruz, que acusa a Morales y a sus bases por alzamiento armado e instigación pública a delinquir. El Gobierno sostiene que detrás de los bloqueos no solo hubo protesta social, sino también una estructura organizada para presionar políticamente al Estado y sostener medidas de fuerza con alto impacto económico y social. Sin embargo, aún no presentó ninguna querella por este caso.
Morales permanece en Lauca Ñ, un poblado de la provincia Chapare, donde sus seguidores, en su mayoría miembros de las Seis Federaciones de cocaleros, se turnan para resguardar su domicilio. Lo hacen en grupos armados con palos y otros objetos. Desde ese bastión, sus bases también protagonizaron cercos e invasiones a recintos militares y tomaron en varias oportunidades el aeropuerto de Chimoré.
El exmandatario se encuentra en esa zona desde que la justicia activó una orden de aprehensión en su contra. El 18 de septiembre de 2024, durante el Gobierno de su exaliado Luis Arce, un juzgado del departamento de Tarija emitió el mandamiento dentro de un proceso por trata de personas y estupro, presuntamente cometido en 2015, cuando Morales aún ejercía la Presidencia. Desde entonces, no se presentó ante la Fiscalía ni salió del trópico cochabambino.
Wilfredo Chávez, abogado de Morales, sostiene que en este caso “no existe víctima” y que la declaratoria de rebeldía es ilegal. Según su versión, la Fiscalía y el Órgano Judicial vulneraron derechos de su cliente con fines políticos.
Operativo fallido
Chávez también vinculó el proceso con el exministro de Gobierno Eduardo Del Castillo, a quien atribuye el impulso de la causa. Del Castillo estuvo cerca de lograr la captura de Morales el 27 de octubre de 2024, durante un operativo policial fallido en el municipio de Villa Tunari. En esa intervención, Morales denunció un intento de asesinato y mostró 14 impactos de arma de fuego en su vehículo.
A raíz de ese operativo, los cocaleros se organizaron y ese mismo día invadieron la Novena División del Ejército, de donde sustrajeron y quemaron dos vehículos. Desde entonces, grupos irregulares reforzaron la protección de la vivienda de Evo Morales.
Desde su renuncia a la Presidencia, en noviembre de 2019, enfrentó varios procesos, calificados de políticos por su defensa.
Fuente: El Deber