Cochabamba, 4 de mayo de 2026.- Jueces de Cochabamba se declaran en emergencia tras la ola de criminalidad contra administradores de justicia. Así lo afirmó Percy Cámara Rodríguez, vicepresidente de la Asociación de Magistrados de Cochabamba (AMACO), en entrevista con el programa El Avispero, tras el reciente asesinato del juez Víctor Hugo Claure Hinojoza en Santa Cruz, quien fue interceptado por sicarios.
“Nos hemos declarado en emergencia”, sostuvo Cámara, al alertar sobre el creciente riesgo que enfrentan los operadores de justicia en el país. Según detalló, la escalada de violencia es alarmante: “en menos de un año 7 personas perdieron la vida por sicariatos”.
El representante de AMACO señaló que al menos tres jueces han sido recientemente victimados. Entre ellos, el juez de sentencia de Villa Tunari, Wilber Cruz, quien fue acribillado en presencia de su hijo de 17 años; un juez del Tribunal Agroambiental de Cochabamba, asesinado el pasado jueves en Santa Cruz mientras participaba en un evento; y un tercer juez que llevaba un caso de corrupción, hallado sin vida en su domicilio en circunstancias que generan dudas en el gremio, que descarta la hipótesis de suicidio.
Cámara Rodríguez expresó su preocupación por la falta de garantías para el ejercicio de la función judicial. “Nos llama la atención la ausencia de Estado” y “nosotros no tenemos ningún tipo de seguridad”, afirmó, al tiempo de subrayar que los jueces cumplen la labor de administrar justicia sin protección frente a amenazas.
En relación con las investigaciones, el vicepresidente de AMACO pidió prudencia: “somos respetuosos de las investigaciones” y “es la Policía la que debe establecer los móviles”. Añadió que “se manejan hipótesis, no podemos ser irresponsables”.
También se refirió a los cuestionamientos hacia el sistema judicial: “algunos sectores cuestionan el rol de los jueces” y reconoció que “existen buenos y malos jueces”, pero remarcó que cualquier irregularidad debe canalizarse por vías legales. “Hechos de corrupción deben denunciarse” y “presuntos hechos de corrupción no pueden comprometer la vida”, sostuvo. En esa línea, fue enfático: “no por denuncias debe quitarse la vida de las personas”.
Asimismo, advirtió que estos hechos responden a dinámicas del crimen organizado. “El crimen organizado manda este tipo de señales”, dijo, denunciando además actos de intimidación directa: “vivimos acoso con fotografías en las calles”.
Finalmente, lamentó que muchos de estos casos continúen sin esclarecerse. “Hasta el día de hoy no se esclarecen muertes de jueces”, señaló, aunque reafirmó la postura del gremio: “estos hechos no van a callar la voz de quienes impartimos justicia”.
El llamado, concluyó, es a la población y a las autoridades a comprender la gravedad de la situación que enfrentan los administradores de justicia en Bolivia, en medio de una creciente ola de sicariato, narcoterrorismo y criminalidad.
