Cochabamba, 16 de enero de 2024.- El abogado constitucionalista José Antonio Rivera alertó respecto al accionar ilegal de Salas Constitucionales de Trinidad (Beni) que están tramitando y resolviendo acciones de defensa y amparos constitucionales sin tener competencia por razón de territorio, vulnerando la Constitución Política del Estado, el Código Procesal y la Ley 1104 que establece la jurisdicción de territorio como el lugar donde se ha violado el derecho o el lugar del domicilio de la víctima.
Rivera afirmó que procesos que suceden en Cochabamba, teniendo las víctimas como domicilio esta ciudad, son ventilados en Trinidad en Salas Constitucionales donde se tramitan de forma “fraudulenta”.
“Ayer la Sala Constitucional Segunda de Trinidad ha resuelto una acción de amparo constitucional de un hecho acontecido en Cochabamba , donde la víctima tiene su domicilo en Cochabamba, por lo tanto carecía de competencia; sin embargo irregularmente ha tramitado, pero además ha otorgado protección a un hecho inexistente, frente a hechos que no corresponden, violando los derechos de los accionados y afectando gravemente la institución.
«Esto no es aislado, esto es constante; de un tiempo a esta parte, extrañamente la mayoría de las personas llevan sus causas a Trinidad y esas sentencias extrañamente son sorteadas y radicadas en la Sala Cuarta, por lo tanto esto está dando lugar a dos cosas: uno, que los litigantes escojan sus jueces y tribunales lo cual no permite la Constitución Política del Estado y dos; que se establezcan consorcios de jueces y vocales para tramitar irregularmente la justicia”, afirmó Rivera.
El reconocido constitucionalista afirmó que esta situación no puede proseguir y que corresponde ponerle un alto por lo que exigió que el Consejo de la Magistratura “abra investigación sobre estas tramitaciones de amparo ilegal en Trinidad, que abra procesos disciplinarios porque hay faltas gravísimas y delitos”.
Asimismo Rivera pidió que realice una auditoria sobre las designaciones de jueces y vocales en el departamento del Beni y que el Consejo de la Magistratura en cumplimiento el artículo 95 de la CPE, realice auditorias legales sobre esos procesos tramitados sin tener competencia por razón de territorio.
A los magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional solició que “a través de los magistrados democráticamente elegidos pongan alto a esta mala praxis de salas y tribunales de garantías constituicionales que estan conicendo tramitendo y resolviendo procesos por razón”, afirmó a tiempo de exigir que se anulen estos procesos ilegales y que se remitan los antecedentes al Consejo de la Magistratura y al Ministerio Público.
Finalizó señalando que la Asamblea Legislativa debe resolver el problema de los autoprorrogados aprobando la ley promulgada por el Senado que cesa a los prorrogados en sus funciones.