28 de agosto.- Stello Cochamanidis señaló que, si el Gobierno no retrocede hasta el domingo, el directorio analizará la solicitud del sector agropecuario para convocar a una Asamblea de la Cruceñidad.
El presidente del Comité pro Santa Cruz, Stello Cochamanidis, informó a EL DEBER que el sector productivo cruceño dio plazo hasta este domingo al Gobierno para abrogar el Decreto Supremo 5676, que establece bandas de precios para los combustibles. En caso de que la norma no sea anulada, Cochamanidis explicó que, en una reunión del directorio cívico, se analizará la convocatoria a una Asamblea de la Cruceñidad.
Cochamanidis dio plazo hasta este domingo al Gobierno para que atienda el pedido de los sectores productivos y defina una solución al Decreto Supremo 5676. La medida responde, según explicó, a la falta de reglamentación de la norma, situación que estaría generando incertidumbre, distorsiones de precios y un mayor incentivo al contrabando.
«No es que haya pedido el Fondo Monetario Internacional (FMI) un decreto específicamente en esto. Es que mejoren las condiciones. Lo que tenía que haber era un trabajo coordinado entre técnicos con los sectores para que se llegue a un acuerdo y se vea el equilibrio que tiene que ser para todos. El reclamo acá es que sea para todos igual», señaló. El DS 5676 fija un precio referencial temporal de Bs 18 por litro de diésel para grandes consumidores y compradores por volumen.
El cívico advirtió que, si hasta este domingo no existe una respuesta del Gobierno sobre dicho decreto, se pondrá en consideración la convocatoria a una Asamblea de la Cruceñidad, máxima instancia de decisión y deliberación del Comité pro Santa Cruz, que reúne a representantes de los principales sectores socioeconómicos, institucionales y provinciales del departamento.
Reunión con YPFB y posible Asamblea
Cochamanidis confirmó que el lunes se realizará una nueva reunión de directorio del Comité pro Santa Cruz, en la que también se evaluarán los avances de las conversaciones con Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) y el Gobierno respecto a los 10 puntos planteados por el sector productivo.
«Tenemos ya marcada una reunión de directorio para el día lunes, con la segunda reunión con YPFB y el Gobierno para ver los avances de los 10 puntos que hicimos el lunes de la anterior semana. Y, en base a ese avance, vamos a ver qué convence pero el tema del decreto es otro. La propuesta es que si el decreto no es abrogado hasta el día lunes, en el directorio vamos a tratar la petición del sector agropecuario que es llamar a una Asamblea», señaló el cívico.
La reunión está marcada para las 09:00 de este 31 de agosto. Mientras que con YPFB se abordará el tema del combustible, con el Gobierno se prevé abordar el tema del DS 5676 a pedido del sector agropecuario.
El cívico explicó que, si hasta ese momento el Decreto Supremo 5676 no fue abrogado, el directorio analizará la solicitud del sector agropecuario para convocar a una Asamblea de la Cruceñidad. Aclaró que todavía no existe una fecha definida, pero consideró probable que el pedido sea aceptado.
“El Gobierno sí tiene en sus manos de que no lleguemos a esa instancia. Y repito, no es solo Santa Cruz. El problema es a nivel nacional. De esta manera alimentan al país. Esto no es una batalla. El Gobierno tiene que entender que todos queremos ir para el mismo lado”, manifestó.
«El Gobierno tiene que tratar con todas la realidades»
Ante este escenario, el dirigente planteó que el Gobierno debe dejar de imponer medidas y sentarse a trabajar con los sectores productivos para encontrar un precio equilibrado para los carburantes. Entre las propuestas que serán discutidas dentro de los 10 puntos planteados al Ejecutivo se encuentra la eliminación de impuestos y controles vinculados al combustible, además de la eliminación de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH).
El presidente cívico también pidió al Gobierno que permita la participación de los sectores en la búsqueda de soluciones a la crisis económica y de abastecimiento. Aseguró que las organizaciones no buscan una confrontación con el Ejecutivo, sino alcanzar acuerdos que permitan reducir el impacto sobre la población.
«No es una guerra. El Gobierno tiene que sacarse eso de la cabeza: los sectores de Santa Cruz o del resto del país no quieren enfrentarlo. El Gobierno tiene que entender que tiene que tratar con todos de realidades. Hay gente muy, muy capaz en cada una de las instituciones, en cada uno de los sectores acá, donde técnicamente se pueden sentar a buscarle un equilibrio a esto con el gobierno», manifestó.
Fuente: El Deber