30 de julio.- El presidente del Tribunal Supremo de Justicia explicó que estas órdenes no expiran. El exmandatario enfrenta dos acusaciones en Bolivia y una en Argentina.
El expresidente Evo Morales enfrenta desde ayer una segunda orden de aprehensión. La Fiscalía de Santa Cruz dispuso su captura en el contexto de la investigación por los 53 días de conflictos, con bloqueos, que tuvieron lugar entre mayo y junio. La medida paralizó carreteras y provocó desabastecimiento con pérdidas económicas e incluso muertes de enfermos varados en los cercos.
En esta ocasión, Morales es investigado por alzamiento armado contra la seguridad y soberanía del Estado, terrorismo, atentado contra la seguridad de los medios de transporte, asociación delictuosa, instigación pública a delinquir y atentado contra la seguridad de los servicios públicos. La causa fue abierta por denuncia del Comité pro Santa Cruz, a la que se adhirió el Ministerio de Gobierno.
Los denunciantes sostienen que Morales tuvo responsabilidad en las protestas que exigieron la renuncia del presidente Rodrigo Paz. La Paz y Cochabamba fueron los departamentos más afectados. En el momento más crítico hubo más de 100 puntos de bloqueo.
Morales aseguró ayer que se trata de una persecución política “para desviar la atención de la crisis económica y social. No van a intimidarnos. Seguiremos luchando junto al pueblo”, afirmó en sus redes sociales.
La nueva orden se suma a un mandamiento vigente dentro del proceso por trata agravada en Tarija. En ese caso, Morales fue declarado rebelde tras no presentarse al juicio oral y la Justicia volvió a ordenar su aprehensión y arraigo.
Además, enfrenta una investigación en Argentina por trata de personas y abuso de menores durante su asilo.La causa fue reabierta en 2025 y avanzó en 2026 con la citación de policías que integraron su custodia en ese país.
El expresidente tiene al menos tres procesos activos y no se presentó ante la Fiscalía para presentar sus descargos.
El presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Rómer Saucedo, afirmó que los dos mandamientos vigentes en Bolivia deben ser ejecutados por la Policía. “Todas las órdenes de aprehensión hay que ejecutarlas”, sostuvo y recordó que no tienen fecha de caducidad.
Fuente: El Deber