Cochabamba, 29 de julio de 2026.- Después de más de dos años de silencio, Juan Carlos Claure, hijo de los esposos Juan Claure Ayala y Rufina Justina Ayala, decidió hablar públicamente para pedir que la justicia resuelva de una vez el proceso por el asesinato de sus padres y denunciar que, desde el inicio de la investigación, fue víctima de una presunta red de extorsión que, según afirmó, intentó aprovecharse de su tragedia.
Con la voz entrecortada, recordó los momentos más dolorosos que vivió tras el crimen y aseguró que, además de perder a sus padres, fue sometido a un trato que considera profundamente injusto.
«Me pusieron de trofeo (…) mis derechos han sido violados y me sacaron del velorio de mis padres.Supliqué (…) si me pedían dinero o un auto, les daba con tal de acompañar el entierro de mis padres”, afirmó.
Durante su intervención rechazó categóricamente cualquier responsabilidad en el asesinato y recordó que dedicó gran parte de su vida a trabajar junto a sus padres antes de decidir alejarse del negocio para compartir más tiempo con su familia.
«La muerte de mis padres no ha sido mi culpa (…) estuve 25 años al lado de ellos trabajando (…) quise dejar el trabajo para pasar más tiempo con mi familia.»
Claure sostuvo que la investigación desarrollada por el Ministerio Público durante más de veinte meses reunió abundante prueba técnica y científica que, según dijo, permitió identificar al presunto autor material del crimen.
«La Fiscalía investigó durante más de 20 meses; los cabellos hallados en las manos de mis padres son de Nelo Fernández el informe de llamadas supera las 500 páginas”, afirmó.
Señaló que que estos dos años dejaron profundas consecuencias personales, familiares y económicas, al permanecer alejado de su actividad laboral mientras su familia enfrentaba sola el proceso judicial.
«Llevo dos años alejado de mi trabajo, mis hermanas dieron la cara (…) hoy tenemos deudas.»
Uno de los aspectos más delicados de su declaración estuvo relacionado con las presuntas extorsiones que asegura haber sufrido desde el inicio del caso. Según relató, él y su entorno recibieron llamadas exigiendo dinero y ocurrieron hechos que, en su criterio, evidenciarían la existencia de una estructura organizada.
«Hemos recibido desde el principio llamadas de extorsión (…) le llegó un mensaje a mi hijo cuando prendieron mi celular, que estaba en cadena de custodia (…) sería una red que pretendía extorsionar.»
Asimismo, denunció que durante la investigación se recurrió a terceros para intentar sostener una acusación en su contra y cuestionó la cantidad de fiscales que pasaron por el caso, además de la revisión exhaustiva de su patrimonio y de la documentación de su empresa.
«Utilizaron a un empresario peruano como cómplice para armar el caso (…) pasé por más de 20 fiscales (…) pidieron diez años de documentación de la empresa y de mis cuentas.»
Pese a todo lo vivido, aseguró que no aceptará ningún tipo de presión y agradeció el respaldo recibido durante este tiempo.
«Pase lo que pase no cederé a las extorsiones , recibí llamadas de apoyo de amigos de muchos países agradezco a mi familia, a mis amigos y a mis abogados por la confianza.»
Antes de concluir, dirigió un mensaje directo al Fiscal Departamental de Cochabamba, a quien pidió emitir la resolución pendiente para poner fin a la incertidumbre jurídica que atraviesa el caso.
«Que cumpla la justicia,,que marque el cambio, que se pronuncie y no nos haga pasar más este calvario”, sostuvo.
Visiblemente afectado, cerró su intervención con una reflexión sobre el impacto humano que deja un proceso judicial prolongado.
«Solamente cuando vives en carne propia sabes lo que se siente cuando no encuentras sentido a tu vida.»
¿POR QUÉ EL SOBRESEIMIENTO SIGUE SIN RESOLVERSE?
De acuerdo con la explicación brindada por el abogado defensor Marcelo Rollano, el proceso penal se inició tras el asesinato de Juan Claure Ayala y Rufina Justina Ayala, ocurrido el 29 de junio de 2024.
Luego de más de un año y medio de investigación, el 9 de febrero de 2026, la Comisión de Fiscales emitió una Resolución de Sobreseimiento a favor de todos los imputados, al concluir —sobre la base de prueba técnica y científica— que no existían elementos para sostener una acusación en su contra, estableciendo además la responsabilidad de Nelo Fernando Alanes Mérida como autor del crimen.
Según la defensa, el Fiscal Departamental recibió formalmente el expediente el 3 de julio de 2026, después de formular observaciones de carácter formal al cuaderno de investigaciones. Conforme al artículo 324 del Código de Procedimiento Penal, disponía de diez días para ratificar o revocar el sobreseimiento, plazo que vencía el 17 de julio de 2026.
Sin embargo, antes del vencimiento de ese término, el 14 de julio, el Fiscal Departamental presentó ante la Juez de Instrucción Penal de Sipe Sipe un incidente solicitando la suspensión de plazos por presunta fuerza mayor, en lugar de emitir la resolución que, según la defensa, le exige la ley.
Posteriormente, la autoridad judicial admitió ese incidente y fijó audiencia para el 18 de agosto de 2026, decisión que los abogados consideran ajena al procedimiento previsto por la legislación penal.
La defensa sostiene que la normativa procesal no contempla que un Fiscal Departamental solicite autorización judicial para dejar en suspenso un plazo legal expresamente establecido, ni que un juez pueda modificar o suspender dichos plazos. A su criterio, estas actuaciones vulneran los principios de legalidad, debido proceso y seguridad jurídica, además de generar un precedente que podría permitir que futuras autoridades soliciten autorización judicial para incumplir plazos procesales obligatorios.
Finalmente, los abogados informaron que estas presuntas irregularidades fueron puestas en conocimiento del Defensor del Pueblo, la Brigada Parlamentaria de Cochabamba, el Consejo de la Magistratura y la Fiscalía General del Estado, con el propósito de que se investiguen las actuaciones denunciadas y se garantice el respeto a la ley, al debido proceso y a los plazos establecidos por la normativa vigente.