30 de julio.- El Ministerio Público evitó revelar los elementos que sustentan la aprehensión del exministro. El caso coincide con un momento en que Bolivia busca atraer inversiones para reactivar el sector hidrocarburífero.
La Fiscalía aseguró que cuenta con 88 indicios para sustentar la aprehensión del exministro de Hidrocarburos Mauricio Medinaceli por el denominado caso gasolina desestabilizada, aunque se evitó revelar en qué consisten estos. Mientras tanto, el caso abrió nuevos cuestionamientos sobre las señales que el proceso envía a un sector que busca recuperar inversiones, el alcance de la investigación, y la falta de avances respecto a otros presuntos implicados.
“La decisión de la Comisión de Fiscales emerge precisamente del análisis minucioso de los 88 elementos indiciarios que se han colectado, donde se puede establecer respecto a la existencia del hecho y la probabilidad de autoría que se identifica en relación a este ciudadano”, afirmó el fiscal Aldo Mesa en conferencia de prensa.
Sin embargo, al ser consultado en reiteradas oportunidades sobre cuáles son esos elementos y qué hecho concreto se atribuye al exministro, el representante del Ministerio Público señaló que estos aspectos serán expuestos en el requerimiento conclusivo de la etapa preliminar y posteriormente ante la autoridad judicial.
El exministro Medinaceli es investigado por los presuntos delitos de incumplimiento de deberes y conducta antieconómica. Esta jornada cumple su tercer día de aprehensión.
Más allá del proceso penal, el caso también genera repercusiones en el ámbito económico. La investigación alcanza a una exautoridad vinculada al diseño de la nueva política hidrocarburífera, en un momento en que Bolivia enfrenta una caída sostenida en la producción de gas natural y busca atraer inversiones para el sector.
En ese contexto, el experto en hidrocarburos, Carlos Delius advirtió, que la imagen de la aprehensión puede afectar la percepción de potenciales inversionistas sobre el país.
“Mauricio es un profesional y es la persona que estuvo y está aún a cargo de elaborar la nueva ley de hidrocarburos. Esta es una pésima señal hacia el mundo; él es la cara de la nueva onda que se quiere armar con los hidrocarburos y eso pasa necesariamente por atraer inversión. Imágenes como esta hacen mucho daño a la credibilidad del país”, afirmó.
Aunque el Gobierno evitó pronunciarse sobre el fondo de la investigación, sí expresó respaldo a la trayectoria profesional del exministro. El vocero presidencial, José Luis Gálvez, lo calificó como “un profesional de alto nivel” y manifestó su confianza en que colaborará con la justicia, pero remarcó que el Ejecutivo respeta la independencia de poderes.
El fiscal Mesa también sostuvo que la investigación no se limita al exministro y que el caso continúa ampliándose conforme aparecen nuevos elementos. Afirmó que actualmente existen cinco personas sometidas a medidas cautelares.
Pese a esa afirmación, desde la Comisión Especial de Investigación de la Cámara de Diputados surgen cuestionamientos sobre la falta de acciones contra otras exautoridades mencionadas en dos denuncias vinculadas al caso.
“La preocupación es por qué el Ministerio Público no ha actuado (igual en otras denuncias), porque actualmente el Ministerio de Hidrocarburos ha emitido una denuncia contra 26 funcionarios. La ANH (Agencia Nacional de Hidrocarburos) también ha emitido denuncias e informes de presuntos responsables”, señaló la diputada Ximena Arispe, presidenta de la comisión especial.
La legisladora precisó que la comisión investigadora elaboró un informe con diez presuntos responsables, aunque aclaró que ese documento todavía debe ser tratado por el pleno de la Cámara de Diputados.
Fuente: El Deber