17 de julio.- La Fiscalía y la Felcc revelan un esquema de captación que ofrecía empleos civiles en Rusia para atraer a bolivianos vulnerables. El caso, que ya investiga la Cancillería, se conecta con un patrón internacional documentado por organismos de DDHH
Durante semanas creyeron que viajarían a Rusia para trabajar como guardias de seguridad, obreros o cocineros. Dejaron a sus familias y emprendieron un recorrido que partía desde Santa Cruz con escalas en Colombia, México y Turquía, antes de llegar a Rusia. Al aterrizar, el sueño de un empleo bien remunerado se transformó, según las denuncias de sus familiares y los indicios reunidos por los investigadores, en un circuito donde les retiraban los pasaportes, firmaban contratos que no podían entender y eran enviados a entrenamiento militar, para terminar en uno de los frentes más sangrientos de la guerra entre Rusia y Ucrania.
Ese mecanismo comenzó a desmoronarse esta semana, con una serie de operativos ejecutados por la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) y el Ministerio Público en Santa Cruz. Las acciones permitieron la aprehensión de cuatro familiares de Amador M., señalado como uno de los principales reclutadores, dentro de una investigación que ahora perfila la existencia de una red internacional dedicada al tráfico de personas con destino al conflicto bélico.
Los últimos allanamientos se realizaron en la zona este de la capital cruceña, mientras que un operativo anterior, desarrollado en la zona sur, permitió capturar a otro familiar de uno de los principales sospechosos, cuando los investigadores intentaban localizar al presunto reclutador.
El comandante de la Policía Boliviana, Mirko Sokol, confirmó que las pesquisas establecieron que al menos 16 ciudadanos bolivianos abandonaron el país mediante este mecanismo, razón por la que el caso es investigado bajo el delito de trata de personas. La autoridad indicó que, pese a las gestiones diplomáticas realizadas, Bolivia aún no recibió información oficial de Rusia sobre la situación de los connacionales.
Tres procesos
La Fiscalía informó que existen tres investigaciones abiertas en Santa Cruz. La primera fue iniciada en mayo, una segunda este mes y una tercera comenzó recientemente a partir de denuncias recogidas en la comunidad de Rincón de Palometas, en el municipio de Rosa del Sara. Según la fiscal superior en Razón de Género, Alejandra Rocha Villarroel, las tres causas involucran a 16 presuntas víctimas, aunque las pesquisas continúan ampliándose con entrevistas a familiares y nuevas evidencias.
Precisamente Rincón de Palometas aparece como uno de los principales focos de captación. De acuerdo con los investigadores, alrededor de diez pobladores de esa comunidad habrían viajado bajo promesas de empleo, mientras que otros reclutados salieron desde Santa Cruz de la Sierra, Montero y localidades cercanas.
Las estimaciones preliminares elevan a cerca de 30 el número de bolivianos que pudieron haber seguido rutas similares.
La investigación coincide con un patrón descrito por la Federación Internacional de los Derechos Humanos (FIDH) y la organización Truth Hounds, que documentaron cómo operan las redes dedicadas a reclutar extranjeros para el Ejército ruso.
Según Jimena Reyes, directora para las Américas de la FIDH, los captados suelen recibir entre una y tres semanas de entrenamiento antes de ser enviados a operaciones de alto riesgo conocidas entre militares rusos como “asaltos de carne de cañón”.
La organización estima que aproximadamente uno de cada cinco extranjeros reclutados muere en combate, aunque aclara que esa cifra forma parte de sus investigaciones y no constituye un dato oficial de las autoridades rusas.
El informe también describe un procedimiento prácticamente idéntico al denunciado en Bolivia. Los intermediarios buscan personas en situación económica vulnerable, prometen empleos civiles o de seguridad privada, cubren gastos de traslado y documentación y, una vez en Rusia, los llevan a instalaciones militares donde firman contratos redactados en ruso. En numerosos casos, además, pierden el control de sus documentos de identidad antes de ser enviados al frente.
El circuito
Documentación obtenida que permite reconstruir parte de ese engranaje. Entre los archivos figuran contratos para labores de seguridad, invitaciones culturales, formularios militares, seguros médicos, fotografías con armas y conversaciones relacionadas con pagos y reclutamiento.
En uno de los casos, un ciudadano boliviano recibió una carta oficial que lo invitaba a participar en un “intercambio cultural” organizado por el Museo Histórico y de Tradiciones Locales de Sterlitamak, en Bashkortostán, documento que le permitió ingresar legalmente a Rusia antes de ser incorporado al circuito de reclutamiento.
Los registros revisados muestran además el recorrido utilizado para trasladar a los reclutas. Uno de ellos salió de Viru Viru con destino a Bogotá (Colombia), continuó hacia Ciudad de México, posteriormente viajó a Estambul (Turquía) y finalmente llegó a Kazán (Rusia).
Según testimonios de familiares, los intermediarios financiaban pasaportes, boletos aéreos, exámenes médicos de tuberculosis y VIH y otros trámites migratorios. Después exigían devolver esos montos a quienes pretendían abandonar el país.
También se verificó la existencia de plataformas digitales donde se promocionaban las ofertas. En ellas se prometían salarios equivalentes a cientos de miles de bolivianos, pagos mensuales elevados, tramitación de visas y transporte desde cualquier país. Los interesados debían aceptar expresamente que comprendían el riesgo de ingresar a zonas de combate. Las páginas incluso ofrecían recompensas económicas de Bs 10.000 sólo por referir nuevos candidatos, evidencia que refuerza la hipótesis de una estructura organizada de intermediarios.
Mientras la Cancillería activó protocolos de asistencia consular mediante la embajada boliviana en Moscú, el caso adquiere una dimensión internacional, que ya causó remezones en países como Perú y Colombia, donde los casos de ciudadanos captados por esas redes suman cientos, al igual que los fallecidos en ese conflicto ajeno.
Sin embargo, las autoridades bolivianas y organismos de derechos humanos investigan ahora si esa política fue aprovechada por redes clandestinas, que transformaron falsas ofertas laborales en una ruta de trata de personas hacia uno de los conflictos armados más letales del mundo.
Fuente: El Deber