“Si no somos atendidos, iremos al paro inicialmente por 24 horas, posteriormente 48 horas, 72 horas y si es necesario, llegaremos al paro indefinido de la justicia en Bolivia”, afirmó el presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Romer Saucedo. La advertencia no solo afecta al ejecutivo, incluye a la Asamblea Legislativa, a la que conminó a aprobar proyectos de ley con los que buscan reformar la administración judicial. Es la cara de la crisis institucional que atraviesa el país. Es la cara de la pobreza representativa de las máximas autoridades judiciales dentro un sistema que viene podrido desde hace mucho tiempo. La amenaza de paro es un hecho inaudito en la historia judicial del país y no deja de ser reprochable, como si la crisis del sistema judicial se solucionaría con un paro. ¿Acaso se trata de un sindicato judicial? El Órgano Judicial es desde hace mucho tiempo, una de las instituciones más cuestionadas, por su falta de independencia, su honestidad y por ser el brazo operativo de los gobiernos de turno. Es una institución que lidera las denuncias de corrupción en el país.
Más allá del presupuesto, los magistrados judiciales han presentado proyectos de ley a la Asamblea Legislativa que tienen que ver con el aumento del financiamiento y la autonomía en el manejo de recursos, la modernización tecnológica del poder judicial, el manejo de los depósitos judiciales, la administración de los juicios de responsabilidad contra altas autoridades, temas relacionados con los remates de bienes ordenados por una autoridad jurisdiccional y cambios en el régimen disciplinario. El último punto busca acelerar el procedimiento para sancionar a las autoridades judiciales que incurran en faltas graves o sobre quienes recaigan indicios de corrupción, como si los jueces ahora tuvieran impunidad. En medio de la disputa surgió la discusión en relación con las propuestas legislativas para cubrir las acefalías en los tribunales nacionales, hay cinco vacancias en el Tribunal Constitucional y dos vacancias en el Tribunal Supremo. Si bien la Constitución establece que estos cargos judiciales se renuevan mediante elecciones y voto popular cada seis años, se presentaron proyectos para facultar, de manera excepcional y transitoria, al presidente Rodrigo Paz o a la Asamblea Legislativa para que designen a los jueces faltantes de manera interina hasta que se concrete la designación definitiva por elecciones. Las iniciativas han generado un intenso debate institucional que solo aumentan la enfermedad del sistema judicial.
Como parte de la tragicomedia, el vicepresidente Edmand Lara convocó a magistrados de las cuatro cortes de Justicia para hablar del tema, pero no asistió ninguno. No puedes tratar de ser dueño de una fiesta que no es tuya, cuidado el vice se vaya a “descompensar” el momento de ejercer su mandato. Lo cierto es que, en este desastre judicial, la falta de confianza ciudadana, las frecuentes denuncias de retardación de justicia, de corrupción y la percepción de una fuerte influencia política han convertido a la justicia boliviana en una de las instituciones más cuestionadas del país. El Índice de Estado de Derecho 2025 del World Justice Project, que examina la corrupción y la eficacia de los sistemas judiciales, ubicó al país en el puesto 131 de los 143 países evaluados en todo el mundo en 2025, solo por encima de Venezuela y Nicaragua en la región latinoamericana. Y eso no se soluciona con una amenaza de un desubicado paro. La crisis judicial no es por falta recursos, una reforma integral del sistema judicial seguirá siendo una de las tareas pendientes de la agenda institucional boliviana. De nada han servido las iniciativas para iniciar un proceso de reforma estructural, todas han fracasado por falta de consensos sociales y políticos. Los políticos no pueden hacer justica, como tampoco los magistrados pueden hacer política.
Después de un duro cruce de acusaciones y adjetivos, el Tribunal Supremo de Justicia y ministros del gobierno se reunieron, iniciaron un proceso de diálogo para analizar las demandas, “Hay predisposición de parte del Ejecutivo para atender las demandas que tenemos como órgano del Estado, pero también está la predisposición de nosotros de solucionar esto, como siempre lo dijimos, sobre la base de una ruta crítica en la que primero había que agotar la vía del diálogo”, “los que respetamos la institucionalidad, los que respetamos el Estado de Derecho, los que somos garantes de una justicia en el país, no somos atendidos. Pero los que bloquean, los que paran, los que dejan de trabajar, a ellos sí los atienden”. afirmó Saucedo, presidente del TSJ, que a estas alturas viene a confirmar el estilo sindicalista de la autoridad para tratar el tema, falta que estén afiliados y reciban el apoyo de la COB.
Para ponerle cereza a la torta en este vaivén de la justicia, esta semana el gobierno abre la puerta a nacionalizar autos “chutos” o vehículos ilícitos, y se abrió la posibilidad de una eventual nacionalización de vehículos indocumentados en Bolivia. Estos motorizados indocumentados de uso frecuente, son internados por redes de contrabandistas desde la frontera con Chile, muchos de ellos robados o están vinculados a actividades ilícitas. La regularización fue una oferta electoral de Rodrigo Paz, se afirma que existen más de 500.000 vehículos en el país y que su regularización podría representar ingresos por 6.000 millones de dólares. Pese a esto, es obvio el perjuicio que representaría para la actividad formal y otorgar este mecanismo de regularización incentivaría nuevas internaciones ilegales y se daría carta blanca a economías ilícitas. Desde la Cámara Automotriz Boliviana se ha denunciado que este “negocio” “es lavado de dinero”. No se puede estimular negocios para quienes incumplen la ley. Ningún vehículo indocumentado debería poder cargar gasolina, es el principio de la lucha contra los “chutos” no es la protección del gobierno. “Una cosa no es justa por el hecho de ser ley. Debe ser ley porque es justa” (Montesquieu)