18 de agosto.- El precio referencial de Bs 18 por litro de diésel establecido para usuarios directos y grandes consumidores, mediante el Decreto Supremo 5676, genera rechazo entre productores agropecuarios, transportistas y cooperativas mineras, que cuestionan el impacto que tendrá el nuevo costo sobre sus actividades y exigen al Gobierno aclaraciones y una revisión de la medida.
“El sector agropecuario rechaza rotundamente el decreto supremo 5676 por el trato discriminatorio del gobierno a los pequeños, medianos y grandes productores, al implementar un precio diferenciado”, afirmó el presidente de la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO), Klaus Frerking
La CAO sostiene que la aplicación de precios diferenciados puede profundizar los problemas que ya afectan al abastecimiento de combustible como el agio, la especulación, el mercado negro y la corrupción.
Frerking advirtió además que el nuevo precio representa un incremento directo de los costos de producción y puede afectar la continuidad de algunas unidades productivas y anticipó que no asumirá responsabilidad por un eventual desabastecimiento de alimentos que pueda producirse.
La CAO subrayó que el sector agropecuario utiliza entre 360 y 380 millones de litros de diésel al año, lo que representa alrededor del 16% del consumo nacional.
Mientras que los productores de San Juan y Yapacaní, bloquearon la carretera Santa Cruz-Cochabamba la tarde de ayer en protesta contra el Decreto Supremo 5676. “El precio del diésel ha subido de la noche a la mañana a Bs 18. Con ese precio nos va a matar a los pequeños y medianos productores”, declaró una mujer durante la protesta.
El rechazo también se manifestó entre los mineros auríferos que además pidieron al Gobierno convocar de manera inmediata a una reunión para abordar el impacto de la medida.
“Como Ferreco hemos decidido rechazar este decreto supremo porque afecta a las cooperativas”, afirmó Wilson Alanoca, presidente de la Federación Regional de Cooperativas Mineras Auríferas (Ferreco).
Alanoca subrayó que la organización tiene más de 35 cooperativas que son clientes graco, más de 118 cooperativas clientes directos y más de 500 usuarios directos y advirtió que el nuevo precio puede comprometer la continuidad de trabajo de varias cooperativas.
En el sector del transporte pesado también cuestionan que el precio de Bs 18 termine alcanzando a los operadores que requieren grandes volúmenes de combustible para cubrir sus rutas.
“Estamos esperando cinco, seis días para abastecer, ahora va a ser peor la situación y va a haber precio de 18 bolivianos, ¿cuál estamos obligados a comprar?”, señaló el dirigente del Transporte Pesado, Pedro Quispe.
La Confederación Sindical de Choferes de Bolivia también pidió al Gobierno precisar el alcance del decreto. Su secretario ejecutivo, Lucio Gómez, señaló que existe una diferencia entre los grandes consumidores y las necesidades de combustible del transporte público interdepartamental e interprovincial.
Gómez advirtió que un incremento de los costos para los grandes consumidores podría terminar repercutiendo sobre los precios de los productos y, ante ese escenario, el transporte evaluaría sus propios costos de operación.
“¿Creen ustedes que los grandes consumidores no van a hacer subir los artículos de primera necesidad? ¿No será que nuevamente va a subir la canasta familiar? Si verdaderamente existe eso, el autotransporte también revisará los costos de operaciones”, afirmó.
En el caso del transporte interdepartamental, Gómez señaló que un viaje puede requerir cantidades superiores a los 120 litros. Preciso que solo para ir de Santa Cruz a Cochabamba se requiere 250 litros.
Los sectores que rechazan la medida también enfatizaron que las empresas privadas venden el diésel a Bs 16.50, a Bs 17 el litro y rechazan que el incremento sea mayor desde el sector estatal.
Mientras los sectores afectados cuestionan el nuevo precio, la Fundación Jubileo considera que el ajuste responde a un problema estructural de abastecimiento. Según la institución, Bolivia actualmente importa el 95% del diésel que consume y el 60% de la gasolina, en un contexto de caída de la producción nacional de hidrocarburos líquidos.
El analista de hidrocarburos y energía de la Fundación Jubileo Raúl Velásquez señaló que era necesario modificar el esquema de precios, aunque advirtió sobre sus efectos en la economía.
“Era necesario ajustar los precios (…) Hemos vivido una fantasía de 20 años de precios irreales, es cierto, había que ajustarlos, pero ese ajuste sin duda va a afectar también el sistema de precios en su conjunto que estaba distorsionado”, afirmó.
Asimismo, se advierte que mantener un precio subvencionado de Bs 9,80 para otros consumidores podría conservar los incentivos para la reventa y el contrabando.
Fuente: El Deber