Por Ricardo V. Paz Ballivián
Durante casi veinte años de hegemonía política del MAS se incubó una de las peores deformaciones institucionales de la democracia boliviana, la conversión de la Asamblea Legislativa Plurinacional en un simple apéndice del Poder Ejecutivo. El Parlamento dejó de ser un órgano deliberante para convertirse en una notaría política donde se aprobaba, sin discusión ni reflexión, todo aquello que llegaba desde el Palacio de Gobierno. Se instaló entonces una cultura política profundamente nociva, la cultura de la desidia y la flojera. ¿Para qué estudiar proyectos de ley si bastaba levantar la mano? ¿Para qué debatir si la línea ya estaba escrita? ¿Para qué fiscalizar si el gobierno era intocable? El oficialismo transformó a diputados y senadores en obedientes “levanta manos”, disciplinados soldados de una maquinaria política que confundió la mayoría con la sumisión y la representación con la obediencia ciega. La tragedia es que esa cultura terminó institucionalizándose. El problema ya no era solamente político y se convirtió en un hábito. Una manera de entender la función parlamentaria. Una rutina donde trabajar dejó de ser una obligación y pasó a ser una excepción.
Quienes tuvimos el privilegio de integrar el antiguo Congreso Nacional recordamos una realidad completamente distinta. El Parlamento era un espacio de trabajo permanente. De lunes a viernes existía una agenda intensa y exigente. Las mañanas estaban dedicadas al trabajo de comisiones, donde se analizaban proyectos, se convocaba a expertos, se recibía a sectores sociales y se construían consensos. Las tardes estaban reservadas para las sesiones plenarias. Los primeros días de la semana se concentraban en la producción legislativa. Jueves y viernes eran jornadas dedicadas a la fiscalización mediante interpelaciones, informes orales, peticiones de informe y control político al Ejecutivo. Los sábados, lejos de ser días de descanso político, muchos parlamentarios recorríamos nuestros departamentos gestionando proyectos, atendiendo organizaciones sociales y escuchando las demandas de nuestros electores. El mandato popular no conocía fines de semana.
Hoy, lamentablemente, la realidad es muy distinta. La Asamblea sesiona cada muerte de obispo. Las comisiones funcionan con intermitencia. La fiscalización prácticamente ha desaparecido. La producción legislativa avanza a paso de tortuga mientras el país enfrenta problemas económicos, institucionales y sociales que requieren respuestas urgentes. Resulta todavía más incomprensible que esta inercia continúe cuando ya no existe la hegemonía del MAS. Se suponía que una Asamblea políticamente más plural recuperaría el debate, la deliberación y el control democrático. Ocurrió exactamente lo contrario. Cambiaron las correlaciones de fuerza, pero no cambió la cultura del mínimo esfuerzo.
Muchos parlamentarios del interior llegan a La Paz para cumplir apenas algunas horas de actividad y regresan inmediatamente a sus regiones. Semana tras semana el Estado financia pasajes y logística para representantes que, en lugar de ejercer de manera permanente las funciones para las cuales fueron elegidos, reducen su presencia legislativa a una mínima expresión. No existe ninguna justificación democrática para semejante nivel de inactividad. Los parlamentarios no fueron elegidos para aparecer ocasionalmente en una sesión ni para limitar su trabajo a declaraciones ante los medios de comunicación. Fueron elegidos para legislar, fiscalizar, debatir, construir acuerdos, controlar al gobierno y contribuir al diseño de mejores políticas públicas.
Mientras el país enfrenta desafíos económicos sin precedentes, una justicia colapsada, una profunda crisis institucional, un sistema de salud con enormes carencias, una educación que exige reformas y una ciudadanía cada vez más desconfiada de sus instituciones, la Asamblea parece vivir en una dimensión paralela donde el tiempo transcurre sin urgencias y la productividad no constituye una prioridad.
Es hora de romper definitivamente con la cultura de la desidia y la flojera heredada del autoritarismo. La Asamblea Legislativa debe volver a ser el corazón del debate democrático y no una oficina que abre ocasionalmente sus puertas. Bolivia necesita un Parlamento que sesione todos los días hábiles, que trabaje intensamente en comisiones, que fiscalice con rigor al Ejecutivo, que convoque a expertos y a la sociedad civil, que produzca legislación de calidad y que haga seguimiento permanente a las políticas públicas. Porque los ciudadanos no pagan salarios y privilegios para sostener un Parlamento semivacío. Pagan para tener representantes que trabajen. Y trabajar, en democracia, no es un favor que los legisladores le hacen al país. Es exactamente aquello para lo que fueron elegidos.