LA COB QUITA DE SUS EXIGENCIAS LA RENUNCIA DE PAZ Y PIDE LIBERTAD DE DETENIDOS, INVESTIGACIÓN DE CASOS DE NARCOTRÁFICO Y EXPULSIÓN DE CERINEDO

La Paz, La Central Obrera Boliviana remitió al presidente Rodrigo Paz Pereira una “Conminatoria y planteamiento para la pacificación y la recuperación del país”, documento elaborado con sectores sociales, sindicales, campesinos, indígenas originarios, vecinales, fabriles, mineros, gremiales, transportistas y sectores populares movilizados, según el documento presentado.

La COB exige una respuesta inmediata del Presidente y solicita la participación del Fiscal General del Estado como garante de la no persecución penal y la no judicialización de la protesta. En la conminatoria, que incluye ocho pedidos, ya no se exige la renuncia del presidente Rodrigo Paz Pereira.

Entre los puntos centrales, la COB demanda rechazar la criminalización de la protesta, suspender proyectos de ley antibloqueos, liberar a detenidos, frenar actos de discriminación y garantizar el respeto a las organizaciones sociales. 

PRIVATIZACIONES Y 50/50

También se exige cumplir promesas electorales, aprobar una ley de cumplimiento programático y control social, evitar privatizaciones, transparentar cualquier negociación con organismos internacionales y avanzar en la distribución del 50/50 de recursos con gobernaciones y alcaldías.

NARCOMALETAS Y CERIMEDO

El pliego también pide investigar los casos “n4rc0maderas” y “n4rc0maletas” mediante una comisión especial mixta, además de sacar del gobierno e indagar la participación del asesor Fernando Cerimedo, de nacionalidad argentina.

GASOLINA BASURA

En materia de hidrocarburos, exige que no se incrementen los precios de combustibles y plantea resarcimiento para afectados por carburantes defectuosos, junto a una auditoría técnica independiente.

CANASTA FAMILIAR Y EMPLEO

La COB plantea medidas para proteger la canasta familiar, garantizar empleo estable, crear un fondo de jubilación al 100% para sectores laborales, atender los pliegos petitorios y realizar consulta previa antes de aprobar leyes, decretos o medidas económicas.