14 de junio de 2026.- El 8 de marzo de 2025 inicié mi columna dominical afirmando que: “Indudablemente con el aumento del poder del narcotráfico, la violencia ha tomado en nuestro país un lugar central en el escenario público y lo que es peor, parece haber debilitado al gobierno”, no es un tema nuevo y la violencia no sólo se ha limitado a ajustes de cuentas o asesinatos en vía pública a vista y paciencia de la policía y del gobierno (el anterior y del actual), ahora van por más, se han propuesto romper la democracia y quieren la cabeza del presidente.
La creciente violencia y la peligrosa retórica que se vive en el país se derivan principalmente de un problema político con tres dimensiones: La primera es la intensa polarización política: la COB y algunos movimientos sociales sienten que se encuentran en una lucha existencial en la que su libertad y la democracia misma dependen de la derrota del gobierno. Algunos se polarizan tanto que están dispuestos a comprometer la democracia por intereses sectarios e incluso a justificar la violencia cometida por sus partidarios. La segunda es la exacerbación y explotación de esa polarización existente por parte de algunos líderes políticos, en especial Evo Morales, para recobrar apoyo y cobrar lealtades. Los sediciosos están coqueteando con el apoyo más profundo de grupos violentos para intensificar los sentimientos de confrontación y, de este modo, movilizar a sus bases, intimidar a los ciudadanos y el gobierno, todo ello para aumentar las probabilidades de victoria. La tercera y última dimensión viene de la profunda desilusión de muchos ciudadanos con el funcionamiento del sistema político y con todas las opciones que el presidente prefiere no utilizar para gobernar. Tal desencanto está llevando a los ciudadanos a preguntar si se equivocaron con el presidente, todos tienen la esperanza de lograr algo, cualquier cosa, diferente, que los deje trabajar y vivir en paz. Existe un sector de la población tan desilusionado con “el sistema”, o tan desesperado por la falta de habilidad del presidente para cumplir con los objetivos de la democracia, que acabará por justificar las acciones a nombre del cambio reclamado.
Un país con una sociedad altamente polarizada seguro que se encuentra entre los más políticamente inestables del mundo. Los que participan de esta violencia política contra el gobierno, el país (y a menudo contra sus correligionarios que discrepan) son casi el todo en esta ecuación. Para frenar la violencia política en las actuales condiciones, todos hemos considerado el problema como una falla inherente a la democracia misma, el único que no parece darse cuenta es Rodrigo Paz, no se puede ser héroe y villano al mismo tiempo en estos momentos históricos. Está bien insistir en la no violencia. Pero la forma más directa de prevenir la violencia política es que los políticos, los líderes de las organizaciones y los líderes culturales insistan en que nadie debe cometer actos violentos, ni los líderes políticos ni los ciudadanos. Esto es fundamental porque son menos las personas que creen en la violencia y que pueda justificarse. Por lo tanto, cuando el presidente y el gobierno actúan y dejan claro que la violencia perpetrada por líderes o ciudadanos no será perdonada ni apoyada, disminuye la probabilidad de que los individuos agresivos actúen. Las advertencias al gobierno y las posteriores inacciones de éste lograron el uso de la violencia política, por mucho, se ha dejado que los políticos extremistas adquieran relevancia.
Se permite a los sediciosos utilizar un lenguaje violento y presentan al gobierno como el enemigo y éste no termina de actuar claramente contra dicha violencia. Los oponentes políticos se han agrandado y se ha normalizado a individuos violentos que normalmente deberían estar marginados de la sociedad.
Se supone que el gobierno y los líderes deben apoyar el estado de derecho. La confianza de la ciudadanía en el gobierno crecerá más cuando sepamos que los tribunales y la policía son justos, la confianza de las personas aumentará cuando aseguremos que los tribunales y la policía aplican las leyes por igual a todos los grupos sociales y que quienes las infringieran serán castigados. Demostrar que el Estado castigará a los perpetradores de violencia de forma regular, rápida e igualitaria, independientemente de su ideología, y que lo hará a través de los tribunales, no mediante la violencia policial, es, por tanto, esencial para generar confianza y frenar la violencia política. Los tribunales son fundamentales para salvaguardar los principios de la democracia. Cuando los tribunales se politizan, o cuando los políticos los denigran o cuando terminan indultando a los violentos como muestra de buena fe para “evitar” mayor violencia, se erosiona la confianza pública en el estado de derecho imparcial. Sin embargo, generar confianza significa que las propias instituciones deben actuar para defender el Estado.
Es una obligación que nuestra sociedad deba organizarse en paz. Cuando ciertos lideres avivan la polarización y la violencia con la esperanza de consolidar su locura y el líder mayor (presidente) no responde a su base de apoyo, el sistema político no logrará contener las consecuencias, la comunidad no podrá hacer más que simplemente soportar los costos. Si el gobierno y el presidente permiten que elementos violentos dicten las acciones, terminaran perdiendo el apoyo público, lo que hace que las acciones de los perpetradores terminen consolidando su retórica y, por lo tanto, sea más probable que los cambios sean más aceptables para la ciudadanía. Para que todo esté sucediendo, alguien está poniendo los chelines.