País, 7 de Mayo de 2026.- Por separado, dos de los aliados del Gobierno, el empresario Samuel Doria Medina y el exgobernador de Santa Cruz Fernando Camacho, expresaron su rechazo a la decisión del Gobierno de abrogar la Ley 1720 de reconversión de la tierra de pequeña a mediana propiedad.
En medio de protestas de diversos sectores y una marcha campesino-indígena que llegó a La Paz tras más de 20 días de marcha desde Beni y Pando, ayer el Gobierno, a la cabeza del presidente Rodrigo Paz, acordaron con representantes de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB) gestionar la abrogación de la Ley 1720 de conversión de tierras, tras un diálogo sostenido en la Casa Grande del Pueblo.
Empero, par Doria Medina la decisión del Gobierno sienta un peligroso precedente de cara al futuro por su débil defensa a una norma impulsada por el Legislativo y el Ejecutivo.
«Me ha sorprendido el acuerdo del gobierno con un grupo movilizado para abrogar la Ley 1720. Creo que toda ley se puede mejorar, evitando que sea malinterpretada por los sectores que se sientan afectados. Pero es muy riesgoso que el gobierno no defienda (legal y pacíficamente, pero con firmeza) las decisiones del Parlamento y del propio Ejecutivo, que promulgó esta Ley hace poco», afirmó.
Señaló que con la abrogación el país entraría en un «grave desorden» ya que con esa decisión se «apagaría un conflicto para encender otro con los productores del oriente».
Entretanto, Camacho criticó que el Gobierno ceda a los «chantajes» de grupos que, dijo, fueron el sostén del MAS en su gestión.
«Bolivia no puede ceder al chantaje de los grupos corporativos que en el pasado reciente, sostuvieron políticamente a Evo Morales y al Movimiento al Socialismo, y que hoy buscan desestabilizar el país para reconstituir la dictadura masista, que tanto daño le hizo a Bolivia», sostuvo la exautoridad.
Camacho defendió la vigencia de la norma y enfatizó que su eliminación afectaría derechos vinculados a la propiedad rural y al acceso a financiamiento para pequeños productores, tomando en cuenta que su puesta en vigencia, dijo, facilita al pequeño productor el acceso al crédito y a la modernización de sus capacidades productivas
«Rechazamos rotundamente la abrogación de la Ley 1720, ya que constituye una violación a la libertad de decisión de los bolivianos propietarios de pequeñas propiedades rurales en nuestro país», resaltó a través de sus redes sociales. No se puede retroceder ni un milímetro en la defensa de esos derechos», agregó.
La Ley 1720 autoriza al INRA a convertir voluntariamente pequeñas propiedades rurales tituladas en medianas propiedades; sin embargo, fue cuestionada por sectores indígenas y campesinos, que demandan su anulación.
Fuente: Los Tiempos