Cochabamba, 5 de Mayo de 2026.- El caso de Roxana Bascopé Trujillo, candidtta del evismo por AUPP, abre una grieta profunda en la credibilidad de los controles electorales en Cochabamba. Electa como asambleísta departamental por AUPP del ala evista, con un antecedente penal por narcotráfico registrado, hoy se encuentra en un limbo: ganó en las urnas, pero a última hora no recibió su credencial.
De acuerdo con un certificado del Registro Judicial de Antecedentes Penales (REJAP), dependiente del Consejo de la Magistratura, Bascopé Trujillo tiene una sentencia ejecutoriada del 18 de junio de 1998 por transporte de sustancias controladas, bajo el marco de la Ley 1008 con una pena de cinco años y cuatro meses de reclusión, la cual —según la propia involucrada— ya fue cumplida.
El punto crítico no es solo el antecedente, sino la cadena de decisiones institucionales: su REJAP data de enero, es decir, estaba disponible mucho antes del proceso electoral. Aun así, logró inscribirse, hacer campaña, ser habilitada, participar en la elección y resultar ganadora. Solo al final del proceso, en el momento de la entrega de credenciales, se le impide asumir.
La pregunta es inevitable: ¿cómo pasó todos los filtros del anterior Tribunal Electoral Departamental? ¿Quién validó su candidatura? ¿Por qué el control llegó tarde, cuando el daño institucional ya estaba hecho?
En contacto con El Avispero, Bascopé contó que representa a Puerto Esperanza en Chimoré y que sus bases la eligieron; reconoce su antecedente, pero denuncia vulneración de derechos. Afirma que cumplió su condena, que rehizo su vida y que nadie le observó su candidatura a tiempo. “Si tenía impedimento, debieron decirme antes, no después de hacerme participar y ganar”, sostiene. Relata que fue apartada el día de entrega de credenciales y que un delegado político de nombre Fannor le pidió que renuncie.
“Me siento discriminada y marginada. He luchado sola, he criado a mis hijos, he hecho carrera sindical. Ya pagué mi condena. ¿Por qué me inscribieron entonces? ¿Por qué me dejaron llegar hasta aquí?”, cuestiona.
El caso deja otra incógnita abierta: ¿quién ocupará ese escaño si se confirma su inhabilitación? Hasta ahora, no hay una respuesta oficial clara.
Más allá de la situación personal, el escándalo golpea directamente la institucionalidad electoral. No se trata solo de un antecedente penal, sino de un sistema que permitió todo el proceso… para frenarlo en el último minuto. Un fallo que hoy expone desorden, posibles omisiones y una preocupante falta de previsión.