País, 21 de Abril de 2026.- El fallo definitivo en el Tribunal Supremo de los Países Bajos cierra una disputa de más de una década y reabre el debate sobre la seguridad jurídica y el costo de las políticas estatales.
Malas noticias para el nuevo Gobierno. Bolivia deberá indemnizar con 105 millones de dólares al banco español BBVA, según reporte del portal El Español, que indica que el Tribunal Supremo de los Países Bajos rechazó la solicitud del Estado boliviano para anular el laudo arbitral internacional, consolidando así un fallo que se arrastra desde 2022.
La decisión pone fin a una controversia que se originó tras la nacionalización del sistema privado de pensiones en 2010, durante el gobierno de Evo Morales, cuando el Estado asumió el control de la administración que hasta entonces estaba en manos de entidades privadas, entre ellas Previsión BBVA AFP.
El conflicto no se centró en la nacionalización en sí, sino en la forma en que se ejecutó. Según el banco, la transición hacia la gestora pública fue desordenada, con demoras prolongadas, incertidumbre jurídica y decisiones que afectaron directamente sus operaciones. Incluso denunció un trato arbitrario durante el proceso.
Estas observaciones llevaron a BBVA a acudir en 2018 al arbitraje internacional ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), que en 2022 falló a su favor y ordenó al Estado boliviano pagar la indemnización. El monto, que en ese momento rondaba los 104 millones de dólares, se mantiene hoy en 105 millones.
El revés judicial es una herencia incomoda para la administración de Rodrigo Paz, que lleva cinco meses en el poder y llega en un momento complejo para la economía boliviana, marcado por la escasez de divisas (que se arrastra desde el Gobierno del MAS), tensiones en el abastecimiento de combustibles y crecientes cuestionamientos al modelo económico.
En ese contexto, el pago de esta indemnización añade presión sobre las ya maltrechas finanzas públicas, que ahora debe administrar el nuevo Poder Ejecutivo.
El caso también vuelve a poner sobre la mesa el debate sobre la seguridad jurídica en Bolivia y el costo de los procesos de nacionalización, que se realizaron durante gestión del expresidente Evo Morales. Aunque el Estado defendió su derecho soberano a recuperar el control del sistema de pensiones, el fallo internacional deja claro que la forma de implementación puede tener consecuencias millonarias.
El proceso demoró más de una década debido a que el Estado tuvo problemas en el traspaso de los datos informáticos de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), BBVA y Futuro.
Hasta el momento, BBVA no ha emitido comentarios públicos sobre la decisión final. Entretanto, el Estado boliviano enfrenta ahora la obligación de cumplir con el pago, cerrando un litigio que se extendió por más de una década y que deja una factura significativa en un contexto económico ya tensionado.
Fuente: El Deber