Si bien se suele asumir que el poder judicial defiende la democracia, sin embargo, también se argumenta que, los tribunales a menudo socavan la democracia.
Cuando dependen del gobierno electo, suelen perjudicar la democracia al permitir que el ejecutivo abuse de su poder. Pero incluso cuando los tribunales son independientes del gobierno electo, es decir, cuando pueden tomar decisiones libres de la influencia gubernamental, los sistemas judiciales de todo el mundo han incurrido en diversos tipos de comportamiento antidemocrático. Los jueces han subvertido elecciones libres y justas, restringido los derechos de los ciudadanos, limitado excesivamente el poder de gobierno e incluso legitimado golpes militares. Sorprendentemente, los tribunales pueden poner en peligro la democracia no solo al apoyar al ejecutivo, sino también al combatirlo agresivamente.
¿Por qué los tribunales a veces socavan la democracia? ¿Y qué se puede hacer para que los tribunales trabajen en favor de la democracia? La respuesta reside en cómo se seleccionan los jueces. Cuando las instituciones encargadas de seleccionar a los jueces concentran el poder en manos de un grupo político, permiten la captura judicial, es decir, el proceso mediante el cual actores políticos, influyen en las decisiones judiciales en favor de sus propios intereses. La cuestión se centra en cómo los gobiernos electos capturan los tribunales, se demuestra que diversos actores de los partidos políticos pueden utilizar el poder judicial para desmejorar la democracia.
La primera y la forma más común en que los tribunales subvierten la democracia es favoreciendo sistemáticamente al gobierno electo y, por lo tanto, inclinando la balanza a su favor. Los sistemas judiciales de todo el mundo han permitido el incremento del poder ejecutivo. Un claro indicador de este comportamiento es que los tribunales superiores han permitido a los presidentes eludir los límites de mandato constitucionalmente establecidos en diecinueve países desde 1990. En El Salvador en 2021, la Corte Constitucional permitió al presidente Nayib Bukele postularse para un segundo mandato, a pesar de que la constitución, en seis lugares diferentes, prohíbe los mandatos presidenciales consecutivos. En nuestro país en 2017, después de que los votantes rechazaran mediante un referéndum constitucional para impedir que el presidente Evo Morales se postulara para un cuarto mandato, el Tribunal Constitucional afín autorizó la reelección indefinida.
Los tribunales suelen perjudicar la democracia al minar elecciones libres, justas y competitivas. La historia muestra que cuando el poder judicial depende del gobierno electo, ha anulado o invalidado elecciones ganadas por la oposición. Esto ocurrió, por ejemplo, en Venezuela en 2016 y 2024. La clara injerencia de los tribunales en procesos electorales se ha vuelto una constante en nuestro país, judicializando, de esta manera, procesos democráticos de elección y representación. Hay una teoría para explicar por qué el comportamiento del poder judicial daña la democracia. En nuestro sistema jurídico, la institución de selección judicial, el parlamento y los procedimientos escritos y no escritos para la elección de magistrados, se alteran considerablemente en cuanto se concentra el poder solamente entre actores políticos. En este nivel de decisión se distribuyen el poder de selección de jueces, allí es donde se decide la cualificación y el derecho de veto sobre los candidatos, los procedimientos de selección con participación de ambas cámaras del poder legislativo, hace que compartan el poder entre las partes interesadas con preferencias diversas. Ni siquiera se han respetado los límites de mandato para contribuir a garantizar que, con el tiempo, los tribunales cumplan la alternabilidad y puedan trabajar a favor de la democracia.
Quien controla los tribunales influye poderosamente en el tipo de comportamiento judicial que trastorna la democracia. Las investigaciones sobre el engrandecimiento del poder ejecutivo destacan cómo los líderes electos controlan los tribunales, lo que genera un patrón de comportamiento judicial que favorece al ejecutivo. Nadie olvida la afirmación de Evo: “le meto nomás contra la ley y que arreglen los abogados”, o en El Salvador, en 2021, después de que una legislatura controlada por el partido del presidente Bukele destituyera a los cinco magistrados de la Corte Constitucional, los magistrados recién nombrados dictaminaron rápidamente que Bukele podía presentarse a la reelección.
Pero el poder ejecutivo no es el único que puede influir en los tribunales. Diversas fuerzas, incluidas élites no electas, partidos políticos y grupos civiles, pueden hacerlo, dando lugar a distintas formas de comportamiento judicial que socavan la democracia. Paradójicamente, cuando los tribunales son influenciados desde fuera del gobierno electo, pueden ser independientes del ejecutivo electo, pero a la vez depender de otros actores. Una clara muestra es la “diligencia” del Tribunal Supremo de Justicia para atender el caso de un mercado denominado “patrimonio” de Santa Cruz. La influencia del poder judicial aumenta la probabilidad de un retroceso democrático de maneras distintas, una es que la influencia de un bando en el poder judicial incrementa la probabilidad de que el sistema judicial estorbe la democracia en beneficio de ese bando. Y no hemos tocado la larga lista de casos en que se libera a violadores, delincuentes y bandidos de toda índole, o de los consorcios de jueces y abogados. En tanto no modifiquemos la forma de elección de magistrados, sin injerencias políticas ni de ninguna otra índole, nuestra justicia seguirá socavando la sociedad y la democracia.