9 de septiembre.- El Ejecutivo comienza a abrir nuevas vías para aumentar la oferta de diésel en Bolivia, después de meses de escasez, largas filas en los surtidores y dificultades para abastecer al sector productivo. La estrategia ya no descansa únicamente en que YPFB compre combustible terminado en el exterior: ahora incorpora la importación de petróleo para refinarlo en el país y una mayor participación de empresas privadas.
El cambio más reciente está contenido en el Decreto Supremo 5701. La norma autoriza excepcionalmente a las refinerías a importar petróleo crudo, procesarlo en Bolivia y vender los combustibles obtenidos a precios de mercado y sin subvención estatal. El Ministerio de Hidrocarburos tiene cinco días hábiles para reglamentar el mecanismo, que entrará en vigencia después de ese paso.
En términos sencillos, Bolivia abre otra puerta de abastecimiento. En lugar de comprar solamente diésel y gasolina ya elaborados en el exterior, las refinerías podrán traer la materia prima, transformarla en el país y colocar los derivados en el mercado interno.
La medida también busca aprovechar mejor una capacidad de refinación que actualmente no se utiliza en su totalidad. Los combustibles obtenidos podrán venderse a mayoristas, grandes consumidores, clientes directos, estaciones de servicio y otros canales. No tendrán subvención y su precio responderá a la oferta y la demanda. El IEHD para esos productos tendrá una alícuota de Bs 0 por litro hasta fines de 2030.
La apertura, sin embargo, no será irrestricta. El Comité de Producción y Demanda (Prode) programará los volúmenes de crudo que podrán importarse considerando la demanda interna y las capacidades de transporte y procesamiento.
El Gobierno trabaja paralelamente para facilitar la importación directa de combustibles por empresas privadas. El ministro de Economía, Christian Morales, reconoció que existen trabas burocráticas en esos trámites y sostuvo que la intervención de YPFB y de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) busca corregir problemas en la comercialización y distribución.
Para el presidente de la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO), Klaus Frerking, las medidas deberían avanzar hacia un cambio más profundo del mercado. “Tenemos que ser libres en la competencia”, sostuvo, al plantear que empresas privadas puedan importar combustibles o crudo, procesarlo e incluso instalar nuevas refinerías.
Frerking también pone el foco en los precios. Cuestiona que el mismo producto pueda comercializarse bajo diferentes esquemas y menciona valores de Bs 9,80, Bs 16,50 y Bs 18 por litro. A su juicio, esas brechas generan incentivos para el desvío de carburantes, la corrupción y los mercados paralelos. “Tenemos que sincerar todo lo que pasa con el combustible”, afirmó.
El experto en hidrocarburos Álvaro Ríos Roca considera que permitir a las refinerías importar crudo es un paso positivo porque introduce competencia y puede generar una alternativa económicamente más eficiente que comprar únicamente combustibles terminados.
El efecto puede alcanzar también a las divisas. Al procesar petróleo dentro del país se obtienen varios derivados de un mismo barril y se aprovecha infraestructura ya instalada. Si esa operación resulta competitiva, puede disminuir el costo de abastecimiento y, por tanto, la cantidad de dólares que Bolivia necesita enviar al exterior para comprar carburantes terminados.
Pero Ríos aclara que el decreto por sí solo no garantiza que desaparezcan las filas. Para que la nueva vía funcione, las empresas deberán conseguir crudo en condiciones competitivas, disponer de dólares para pagarlo, transportarlo hasta Bolivia y contar con capacidad para procesarlo. Después, el combustible deberá llegar efectivamente hasta los surtidores y consumidores.
Ese último tramo sigue siendo uno de los problemas centrales. La intervención a YPFB está revisando precisamente la logística, asignación y distribución de carburantes, mientras el Gobierno prepara cambios en la estructura de precios y busca ampliar la participación privada.
Actualmente, Bolivia importa el 95% de diésel que consume y la mayoria se vende a precio subvencionado.
Fuente: El Deber