Santa Cruz, 1 de septiembre.- El Comité pro Santa Cruz prepara una Asamblea de la Cruceñidad ante la escasez. YPFB asegura que hay 17 millones de litros disponibles, pero admite fallas logísticas. Productores exigen al Gobierno abrogar el DS 5676.
Septiembre suele comenzar en Santa Cruz con aires festivos. Las instituciones afinan los actos cívicos por el mes aniversario, las empresas aceleran sus planes para tomar parte en la Expocruz, que a su vez entra en la cuenta regresiva de una versión especial, porque este 2026 se cumplen 50 años desde que la muestra alcanzó carácter internacional. Pero el departamento abre este mes de septiembre mirando primero a los surtidores.
Las filas por diésel siguen formando parte del paisaje y el conflicto escaló desde los productores hasta las instituciones cruceñas. A pedido de los sectores afiliados, el Comité pro Santa Cruz prepara la convocatoria a una Asamblea de la Cruceñidad para definir qué acciones asumir ante una crisis que amenaza el funcionamiento del aparato productivo.
Este martes 1 de septiembre, el directorio cívico ampliado definirá la fecha de la Asamblea de la Cruceñidad. Para mañana está convocado el Movimiento Cívico Nacional para analizar medidas frente a la escasez que se registra también en otros departamentos.
“Necesitamos de manera inmediata el abastecimiento de diésel”, afirmó el presidente del Comité pro Santa Cruz, Stello Cochamanidis. El dirigente sostuvo que la salida pasa por permitir que los privados participen sin restricciones en el suministro. “La única solución para esto que estamos atravesando es que el Gobierno libere de manera irrestricta que los privados puedan abastecer de combustible al país”, señaló.
El escenario tiene una paradoja. Mientras transportistas y productores permanecen durante horas en estaciones de servicio, YPFB asegura que en Santa Cruz hay 17 millones de litros de diésel disponibles.
“Hoy en Santa Cruz tenemos 17 millones de litros de diésel y tenemos un sistema de comunicación abierta para informar dónde se está distribuyendo”, afirmó el presidente de YPFB, Sebastián Daroca, después de una reunión con el Comité pro Santa Cruz y representantes del sector productivo.
La estatal sostiene que atendió los 10 puntos acordados hace dos semanas, aunque admite que algunos todavía se encuentran en proceso. Daroca reconoció que el desafío no termina en disponer del producto, sino en conseguir que llegue a quienes lo necesitan. “Necesitamos trabajar en los mecanismos para que llegue a los pequeños productores”, dijo.
La explicación oficial coloca ahora el foco en la logística. El vocero presidencial, José Luis Gálvez, también reconoció dificultades en la distribución y, consultado sobre si los 17 millones de litros permitirán acabar con las filas en una semana, evitó comprometer una fecha. “Los resultados hablarán por nosotros”, respondió.
Para los sectores afectados, sin embargo, la discusión se mide en algo más sencillo: si el combustible llega o no al tanque. Casi dos semanas después de la aprobación del Decreto Supremo 5676, las filas persisten y la norma abrió un nuevo frente entre el Gobierno y los productores.
El decreto estableció un precio referencial de Bs 18 por litro de diésel para determinados consumidores, mientras el precio regulado se mantiene en Bs 9,80 para los usuarios comprendidos dentro del esquema subvencionado. La Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO) rechaza la medida y los productores reclaman su abrogación porque consideran que es discriminatoria y no resolvió el desabastecimiento. El Gobierno descarta retirar la norma.
El conflicto expone, además, el problema que está detrás de las filas: el costo de sostener la subvención. Gálvez explicó que el diésel tiene un costo de alrededor de Bs 18 por litro en el exterior, mientras Bolivia mantiene el precio regulado de Bs 9,80 para una parte de los consumidores. El Estado debe cubrir esa diferencia en un país que necesita importar combustibles porque su producción interna no alcanza para satisfacer la demanda.
“Tenemos un gran dilema”, reconoció el vocero al comparar los recursos destinados a mantener esa diferencia con otras necesidades del Estado, entre ellas salud, educación e infraestructura. Y agregó una definición sobre la profundidad del problema: “No se trata de ponerle curitas a una gran herida”.
Los municipios cruceños se sumaron al cuestionamiento. El presidente de la Asociación de Municipios de Santa Cruz (Amdecruz), Neptaly Mendoza, advirtió que “se está agotando la paciencia” ante una escasez que golpea especialmente a las zonas rurales.
“Mientras en el campo no hay combustible para desarrollar las actividades normalmente, creo que estas reuniones están llegando ya a un límite”, sostuvo Mendoza. Amdecruz se sumó al pedido de abrogar el DS 5676 y argumentó que una norma que no alcanza el objetivo para el cual fue aprobada debe ser revisada.
Pero dentro de Santa Cruz tampoco existe una posición única sobre la salida. Mientras productores, CAO y municipios reclaman la abrogación del decreto, el gobernador Juan Pablo Velasco plantea ir en sentido contrario: profundizar la medida y retirar la subvención para todos los consumidores.
“El país no puede seguir subsidiando. Se tiene que eliminar para todos. Lo que haría yo es profundizar el decreto. Que sea para todos, que no sea solamente para el sector productivo”, añadió.
Su propuesta va más lejos. El gobernador plantea que YPFB deje de importar, comercializar y distribuir gasolina y diésel y que esas operaciones pasen al sector privado. “Yo creo que la única forma de salir de la crisis es que la gasolina y el diésel estén al precio que nos cuesta como país”, sostuvo el gobernador cruceño.
La propuesta abre una discusión distinta a la que dominó las primeras semanas de escasez. El problema ya no se limita a conseguir más cisternas o acelerar despachos. En el centro aparecen cuatro preguntas: quién debe importar el combustible, quién debe distribuirlo, cuánto debe costar y quién pagará la diferencia entre el precio internacional y el valor regulado.
Por ahora, esas preguntas conviven con una urgencia inmediata. Productores y transportistas necesitan diésel para mantener en movimiento maquinaria, camiones y cadenas de distribución.
El propio Gobierno admite que tener combustible almacenado no garantiza que llegue con la velocidad necesaria a los consumidores.
Por eso, uno de los compromisos asumidos en la reunión con el Comité pro Santa Cruz fue publicar de manera permanente la programación de YPFB y contrastarla con los volúmenes efectivamente entregados. Cochamanidis insistió en la necesidad de transparentar esa información. “Lo importante es que la institución de Yacimientos, como el Gobierno, tienen que dar la información como corresponde”, señaló.
La dimensión del problema en Santa Cruz supera las fronteras departamentales. Según los datos de la campaña agrícola 2024-2025, el departamento concentra el 75,5% de la producción agrícola nacional. La cifra ayuda a explicar por qué una crisis de combustible en el principal polo productivo puede trasladarse al abastecimiento y los precios en el resto de Bolivia.
Santa Cruz comienza así su mes aniversario entre dos imágenes opuestas. Por un lado, prepara sus actos cívicos y una Expocruz que celebra medio siglo como feria internacional. Por otro, los sectores que deberían exhibir esa capacidad productiva presionan para conseguir el combustible que necesitan para seguir trabajando.
La Asamblea de la Cruceñidad llevará esa tensión a una instancia política. Pero detrás de la discusión sobre el DS 5676 aparece un desafío que ningún decreto ha conseguido resolver todavía: cómo garantizar el abastecimiento sin mantener indefinidamente una subvención que el propio Gobierno reconoce como difícil de sostener.
Cuando falta el diésel en un departamento que concentra tres cuartas partes de la producción agrícola, el impacto alcanza a toda Bolivia.
Fuente: El Deber