30 de julio.- El organismo alcanzó un convenio técnico con el Gobierno para un programa de 36 meses, aún sujeto a la aprobación de su Directorio. El financiamiento busca apoyar la estabilización macroeconómica y abrir el acceso a nuevos créditos multilaterales.
Bolivia volverá a recibir financiamiento del Fondo Monetario Internacional (FMI) después de más de dos décadas sin un programa formal. El organismo anunció ayer miércoles un acuerdo técnico con el Gobierno por aproximadamente $us 1.900 millones, que será ejecutado durante 36 meses bajo el Servicio Ampliado del FMI.
El entendimiento aún no representa la aprobación definitiva ni habilita desembolsos inmediatos. Debe pasar por el Directorio Ejecutivo del Fondo y depende del cumplimiento de acciones previas acordadas con las autoridades bolivianas. El Gobierno también remitirá el convenio a la Asamblea Legislativa.
Según el comunicado oficial, el programa busca restablecer la estabilidad macroeconómica, reconstruir las reservas internacionales, reducir las vulnerabilidades fiscales y externas, reforzar la protección social y generar condiciones para un crecimiento sostenible impulsado por el sector privado.
La primera obligación será encaminar la deuda pública respecto al Producto Interno Bruto hacia una trayectoria descendente. Para ello, el programa contempla racionalizar el gasto, mejorar su eficiencia y focalización, movilizar ingresos y fortalecer las instituciones fiscales, sin descargar el ajuste sobre los hogares más pobres.
También plantea modernizar los marcos monetario y cambiario. El Fondo respalda el avance hacia un sistema más flexible y basado en el mercado, la reconstrucción de reservas y el compromiso de mantener en cero el financiamiento monetario del déficit. El horizonte es avanzar luego hacia un régimen de metas de inflación.
El acuerdo incluye medidas para reforzar la supervisión financiera y cambios legales destinados a promover la inversión privada, mejorar el clima de negocios y elevar la productividad.
La cifra oficial quedó por debajo de la anticipada por el Gobierno. El 22 de julio, el ministro de Economía, José Gabriel Espinoza, afirmó que el financiamiento negociado con el FMI estaría entre $us 2.500 millones y $us 2.800 millones. El monto difundido finalmente es $us 900 millones menor respecto al máximo anunciado.
Espinoza explicó que el programa fue diseñado por las autoridades bolivianas y presentado al Fondo para obtener respaldo financiero. Sostuvo que no existen condiciones impuestas desde el exterior, sino metas definidas por el Gobierno que ahora deberán cumplirse.
Entre ellas, fijó una ruta para reducir el déficit fiscal: algo más del 9% del PIB este año, alrededor del 6% el próximo y cerca del 3% en el siguiente. También ratificó la reducción del gasto público, el reordenamiento del presupuesto, menores transferencias a empresas estatales y una nueva Ley de Inversiones.
El ministro indicó que el préstamo tendrá una tasa aproximada de entre 4% y 4,5%, con variaciones vinculadas a los Derechos Especiales de Giro, y un periodo de gracia de cuatro años y medio.
Aunque el eje inmediato son los $us 1.900 millones, el acuerdo puede abrir el acceso a otros recursos. El FMI estima que su respaldo permitirá movilizar al menos $us 5.000 millones del Banco Mundial, el BID y otros socios durante los tres años del programa.
Samuel Doria Medina advirtió que los compromisos exigen reducir el déficit, frenar el financiamiento estatal mediante emisión, fortalecer el sistema bancario y ampliar la participación privada. Consideró que $us 1.900 millones son insuficientes y pidió acelerar acuerdos con otros financiadores.
Una relación de ocho décadas
Bolivia ingresó al FMI el 27 de diciembre de 1945 y, desde entonces, suscribió 20 acuerdos financieros. El primero fue un Stand-By aprobado en 1957 para respaldar un programa de estabilización. La relación se intensificó durante la crisis de los años 80
En 1986, tras la hiperinflación y la aplicación de la Nueva Política Económica, Bolivia obtuvo otro acuerdo Stand-By y luego accedió a mecanismos de ajuste estructural. Durante los años 90 y comienzos de los 2000, los programas estuvieron vinculados a reformas fiscales, financieras, institucionales y de reducción de la pobreza.}
El último ciclo formal comenzó en 2003 y tuvo revisiones hasta 2005. Después, Bolivia dejó de contratar programas de financiamiento con el organismo, aunque mantuvo las consultas periódicas del Artículo IV. El entendimiento anunciado ahora abre una nueva etapa en esa relación. El desafío será cumplir cada compromiso.
Fuente: El Deber