Cochabamba, 30 de julio.- El expresidente y líder cocalero rechazó los seis delitos que le atribuye la Fiscalía por los 53 días de bloqueos.
El expresidente Evo Morales, sobre quien pesa una nueva orden de aprehensión, se pronunció este miércoles sobre el proceso abierto en su contra por seis presuntos delitos relacionados con los 53 días de bloqueos registrados entre mayo y mediados de junio en Bolivia. Durante una entrevista en Radio Kawsachun Coca, rechazó las acusaciones y aseguró que es inocente.
«Yo solo digo que, si tienen argumentos legales, tienen derecho a hacer el proceso. Y si es por una acción política, bueno, es otra cosa no soy culpable de ninguno de estos delitos», expresó.
La exautoridad remarcó que él impulsó una marcha pacífica, pero no el bloque de caminos. Además, aseguró que no es responsable de ninguno de los delitos por los cuales recibió la orden de aprehensión: «Decidimos una marcha pacífica, de Caracollo a La Paz; no decidimos los bloqueos de caminos», añadió.
El expresidente es investigado por los delitos de alzamientos armados contra la seguridad y soberanía del Estado, terrorismo, atentado contra la seguridad de los medios de transporte, asociación delictuosa, instigación pública a delinquir y atentado contra la seguridad de los servicios públicos.
Ya conocía la orden de aprehensión antes de que sea emitida
Morales calificó como una acción de persecución política la nueva orden de aprehensión emitida en su contra y aseguró que la medida responde a presiones del Gobierno sobre el sistema judicial. Según afirmó, desde hace tres días había recibido información de que existía una «fuerte presión» para que se librara el mandamiento de aprehensión.
El exmandatario sostuvo que, si existen fundamentos jurídicos para procesarlo, corresponde que la justicia actúe; sin embargo, afirmó que, en este caso, se trata de una decisión política. Además, señaló que policías «honestos» le advirtieron previamente sobre la determinación y aseguró que este tipo de información le ha permitido, en otras ocasiones, evitar conflictos y enfrentamientos.
Según Morales, la difusión de la orden de aprehensión busca desviar la atención de otros problemas que enfrenta el Gobierno, como la situación económica, el abastecimiento de combustibles y otros hechos de presunta corrupción. «Usan el tema Evo como cortina de humo», afirmó.
Bloqueo de carreteras
Morales aseguró que las organizaciones que respaldan su liderazgo nunca aprobaron bloqueos de carreteras, sino únicamente una marcha hacia La Paz. Como respaldo a esa versión, citó una convocatoria a una «marcha por la vida para salvar Bolivia» con el fin de evitar la privatización de los recursos naturales, los servicios básicos, la salud y la educación.
«Ni Evo Morales ni la Coordinadora decidieron bloquear los caminos», afirmó al rechazar la acusación de haber atentado contra la seguridad de los medios de transporte.
El exmandatario también cuestionó al Comité pro Santa Cruz y a la Unión Juvenil Cruceñista al recordar los paros de 2019 y 2022, apuntando a que también hubo conflictos sociales durante ese tiempo. Sin embargo, estos paros fueron impulsados para exigir la anulación de las elecciones donde Morales hizo fraude para ganar y, posteriormente, protestar por la realización del Censo.
Obviando los motivos, Morales sostuvo que esas movilizaciones incluyeron hechos de violencia y bloqueos.
Antecedentes
El 1 de julio, el Comité pro Santa Cruz presentó una denuncia penal contra el expresidente Evo Morales, el secretario ejecutivo de la COB, Mario Argollo, y el dirigente campesino Vicente Salazar, a quienes responsabiliza de impulsar los 53 días de bloqueos que afectaron al país entre mayo y junio. Los cívicos solicitaron al Ministerio Público agilizar la investigación y emitir órdenes de aprehensión.
Según la denuncia, las movilizaciones buscaban forzar la renuncia del presidente Rodrigo Paz. Durante el conflicto, La Paz y Cochabamba fueron los departamentos más afectados, mientras que Santa Cruz registró fuertes pérdidas productivas por los bloqueos en San Julián, Guarayos y San Germán, que impidieron el traslado de mercancías.
En el momento más crítico se registraron más de 100 puntos de bloqueo, con desabastecimiento, enfrentamientos y conflictos sociales. El Comité pro Santa Cruz sostiene que las protestas dejaron 22 fallecidos y millonarias pérdidas económicas.
Hasta la fecha, el único aprehendido es el dirigente Vicente Salazar, quien cumple detención preventiva en el penal de Chonchocoro.
Fuente: El Deber