16 de julio.- La Cámara Forestal consideró que corresponde revisar con urgencia las medidas extraordinarias aplicadas a las exportaciones forestales.
El presidente de la Cámara Forestal de Bolivia, Pedro Colanzi, señaló este jueves que los primeros resultados de laboratorio realizados a cargamentos de madera retenidos en distintos puntos del país no evidencian la presencia de sustancias controladas y pidió restablecer la normalidad en las exportaciones del sector.
Colanzi recordó que hace casi 40 días el fiscal de Arica (Chile) denunció la presunta incautación de 100 toneladas de droga en cargamentos de madera provenientes de Bolivia, situación que derivó en controles extraordinarios y la retención de camiones en diferentes fronteras del país.
El dirigente empresarial señaló que las recientes declaraciones del Fiscal General del Estado, quien informó que comenzaron a conocerse resultados negativos en los análisis practicados a los cargamentos retenidos, representan un punto de inflexión para el sector.
“Esto nos muestra algo que veníamos diciendo desde hace bastante tiempo: los reactivos que utiliza la FELCN no son los apropiados para la madera, porque reaccionan de manera diferente debido a su estructura molecular y a sustancias propias como fenoles, etanoles y resinas”, sostuvo.
Según Colanzi, tras conocerse los primeros resultados también comenzó la liberación de camiones retenidos en pasos fronterizos como Pisiga, Yacuiba y puntos de control con Brasil, lo que, a su juicio, marca el retorno gradual a la normalidad de la actividad forestal.
Asimismo, hizo un llamado a recuperar la confianza en el sector y destacó que la cadena forestal genera empleo para cerca de 200.000 bolivianos, además de trabajar junto a comunidades indígenas, campesinas, microempresarios, transportistas y empresas navieras.
Días atrás, la Cámara Forestal advirtió que las exportaciones forestales habían caído más de un 66%, alcanzando niveles incluso inferiores a los registrados durante la pandemia. Señaló que durante más de un mes, la paralización de las exportaciones ha afectado a miles de trabajadores, comunidades forestales, transportistas, industrias y pequeñas empresas que dependen del comercio legal de productos forestales.
La Cámara Forestal de Bolivia destacó también los pronunciamientos públicos que, promovieron el respeto al debido proceso y la importancia de esperar los resultados científicos antes de emitir conclusiones.
En ese sentido, valoró las manifestaciones de la presidenta de la Asamblea Legislativa Departamental de Santa Cruz, de la Brigada Parlamentaria Cruceña, de las brigadas Parlamentarias Nacionales, UAGRM,CANEB, Federación de Empresarios Privados de Santa Cruz, Colegio de Ingenieros Forestales de Santa Cruz y el Colegio de Ingenieros Forestales de Bolivia, por contribuir a que el debate se desarrollará dentro del marco institucional y del respeto a la evidencia técnica.
Colanzi planteó la elaboración de un nuevo protocolo de verificación para la madera, basado en criterios científicos, que permita realizar controles eficientes sin afectar las exportaciones hacia los más de 50 destinos internacionales a los que llega la producción forestal boliviana.
Consideró que corresponde revisar con urgencia las medidas extraordinarias actualmente aplicadas a las exportaciones forestales y avanzar hacia la normalización inmediata de aquellas operaciones que no registren observaciones técnicas o judiciales, permitiendo que las investigaciones continúen con todo el rigor que las autoridades competentes determinen.
“El sector forestal nunca dejó de colaborar con las investigaciones y continuará haciéndolo. Hoy corresponde mirar hacia adelante y construir soluciones que permitan fortalecer los controles sin paralizar el comercio legal ni poner en riesgo el empleo de miles de familias bolivianas”, concluyó Colanzi.
La Cámara Forestal de Bolivia reiteró finalmente su disposición de continuar trabajando junto a las instituciones del Estado para fortalecer los mecanismos de control, agilizar los procedimientos técnicos y administrativos y consolidar un sistema que permita investigar con rigor, proteger el comercio legal y preservar la confianza de los mercados internacionales.
Fuente: La Razón