3 de julio.- La Fiscalía de Santa Cruz admitió la denuncia presentada por el Comité pro Santa Cruz contra el expresidente Evo Morales, el ejecutivo de la Central Obrera Boliviana (COB), Mario Argollo, y el dirigente campesino Vicente Salazar, señalados como promotores del conflicto que mantuvo bloqueadas las carreteras durante siete semanas y exigió la renuncia del presidente Rodrigo Paz.
La causa incluye nueve delitos que ahora serán investigados. Entre los más graves figura el alzamiento armado contra la seguridad del Estado (sublevación), además de terrorismo, atentado contra los medios de transporte y asociación delictuosa.
El alzamiento armado está previsto en el artículo 121 del Código Penal. La norma sanciona con cinco a 15 años de prisión a quienes se levanten en armas para deponer a alguno de los poderes públicos o impedir el ejercicio de sus facultades constitucionales. La pena puede subir de 15 a 30 años para quienes organicen o integren grupos armados irregulares destinados a enfrentar a las fuerzas de seguridad o atentar contra la vida, la integridad territorial o la soberanía estatal.
“Hemos recibido la grata noticia de que la denuncia presentada en la Fiscalía de Santa Cruz contra Evo Morales, Mario Argollo y Vicente Salazar fue admitida para su tratamiento”, informó el vicepresidente cívico Agustín Zambrana. La demanda fue presentada el miércoles 1 de julio por el presidente del Comité, Stello Cochamanidis; Zambrana, vicepresidente, y Dino Franco Barba. El caso fue registrado con el CUD 701102012605026 y está bajo la dirección de la fiscal Karina Lijerón Suárez.
Los denunciantes atribuyen a los tres dirigentes responsabilidad por las pérdidas económicas, el cierre y quiebra de empresas, los daños a la infraestructura vial y las muertes registradas durante los bloqueos. Cochamanidis afirmó que el país perdió más de $us 3.000 millones y pidió a la Fiscalía avanzar con las citaciones y otras medidas investigativas.
La admisión de una denuncia, sin embargo, no implica culpabilidad ni supone automáticamente la emisión de órdenes de aprehensión. Corresponde al Ministerio Público reunir indicios, individualizar conductas y determinar si existen elementos suficientes para una imputación formal.
Argollo y Salazar ya fueron denunciados en mayo, durante la escalada del conflicto. En ese proceso, la Fiscalía ordenó su aprehensión, pero el Tribunal Segundo de Sentencia Penal Anticorrupción de La Paz dejó sin efecto las órdenes el 29 de mayo, tras conceder una acción de libertad. Argollo denunció entonces persecución política y criminalización de la protesta.
Morales, por su parte, negó ayer haber instruido bloqueos. Aseguró que el ampliado de Evo Pueblo del 9 de mayo solo aprobó una marcha desde Caracollo hasta La Paz. También se desligó de los Ponchos Rojos que aparecieron armados durante las protestas. “Que no me echen la culpa, no los conozco”, declaró.
No obstante, durante el conflicto respaldó públicamente la continuidad de las movilizaciones y llegó a exigir nuevas elecciones en 90 días. Además, el 12 de junio sostuvo: “No vamos a levantar el bloqueo de caminos hasta ganar esta batalla”. Ayer reivindicó las protestas como una “sublevación contra el Estado colonial” y acusó al Comité pro Santa Cruz de carecer de autoridad moral para denunciarlo por los bloqueos.
Durante las protestas que se extendieron durante el mes de mayo y gran parte de junio, dos salas constitucionales de La Paz ordenaron al Estado liberar las rutas tras señalar que los bloqueos no son derechos protegidos.
Fuente: El Deber