23 de junio.- Siete de las nueve brigadas parlamentarias de Bolivia se reunieron el lunes en Santa Cruz y, entre sus principales resoluciones, exigieron que se cumpla la orden de aprehensión del expresidente Evo Morales, que está procesado por un caso de presunta trata de personas con agravante.
“Exigir a las autoridades jurisdiccionales, fiscales y policiales competentes el cumplimiento efectivo de las actuaciones judiciales y fiscales vigentes respecto a la aprehensión del expresidente Evo Morales en estricto apego a la Constitución Política del Estado, las leyes del Estado y las resoluciones emitidas por las autoridades competentes”, cita la resolución.
Asimismo, solicitaron “a los entes encargados de la seguridad y administración de Justicia, la intervención y militarización inmediata del Chapare, perteneciente al departamento de Cochabamba, con la finalidad de evitar nuevos levantamientos y sedición contra el Estado”.
Se pide “la militarización del Chapare porque es un lugar con ausencia de Estado y es un narcoestado que dirige el expresidente Morales”, dijo este martes Fernando Pareja, presidente de la Brigada Parlamentaria de Santa Cruz, en una entrevista con el programa A Primera Hora de EL DEBER.
Bolivia vivió 53 de un paro, que incluyó el bloqueo de carreteras que asfixió a gran parte del país y generó hambre, muertes, desabastecimientos y mayor crisis económica.
Morales y las organizaciones sociales que lo respaldan en su trinchera del Trópico de Cochabamba fueron parte de los principales protagonistas de esta asfixia al país en demanda de la renuncia del presidente Rodrigo Paz, aunque luego, para levantar su medida de presión, aseguraron que “nunca” hicieron dicho pedido.
En ese sentido, las brigadas parlamentarias también exigieron “la profundización de las investigaciones y el inicio de las acciones legales respeto a los ciudadanos Nilton Condori, Mario Argollo, Vicente Salazar y cualquier otra persona” involucrada en los bloqueos.
Argollo (secretario ejecutivo de la Central Obrera Boliviana), Salazar (principal dirigente de los campesinos de La Paz) y Condori (senador suplente) son los que impulsaron el cerco a las ciudades durante más de un mes sin dejar pasar, en algunos puntos de bloqueos, ni siquiera a las ambulancias que trasladaban enfermos, ni alimentos, ni combustibles.
Estas personas “incitaron las movilizaciones que no tuvieron ninguna reivindicación legítima”, afirmó Pareja.
Además, los parlamentarios solicitaron “la renuncia inmediata e irrevocable del Defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, por falta de acción demostrada durante el periodo del conflicto social y bloqueo”.
Fuente: El Deber