País, 30 de Marzo de 2026.- La solicitud de la Comunidad Boliviana de Sobrevivientes (CBS), al Síndic de Greuges de Catalunya (Defensor del Pueblo de Cataluña), de tomar medidas de carácter político-investigativo para que el caso de abusos de jesuitas catalanes en Bolivia tenga una resolución, ha sido aceptada, según confirmó el Síndic el 27 de marzo reciente.
“Hemos incorporado su solicitud dentro de la actuación de oficio AO-00110/2023 referida a denuncias de alumnado del colegio Jesuitas Caspe”, asegura la respuesta.
“La tramitación de la queja por parte del Síndic no suspende ni paraliza ningún acto judicial o administrativo”, aclara la contestación oficial, dirigida al representante legal de la CBS, Alejandro Klock Varas.
El Defensor del Pueblo catalán, como alto comisionado en la protección de derechos fundamentales, especialmente de niños y adolescentes, asume así un caso que trasciende a la jurisdicción internacional y apunta a responsabilidades históricas.
PARLAMENTO CATALÁN
En paralelo, el Parlamento de Cataluña admitió a trámite la petición, de la CBS, para la creación de una comisión de investigación por delitos de lesa humanidad, vinculados a la Compañía de Jesús.
La solicitud plantea no solo esclarecer responsabilidades institucionales en casos de abusos contra la libertad sexual de menores; sino también definir mecanismos de reparación hacia las víctimas bolivianas. La decisión final sobre su admisión plena recae en la Comisión de Peticiones.
“Los casos de abusos atribuidos a varios jesuitas en Bolivia ‘nacen’ en Cataluña, por ser la provincia ‘madre’ de la Compañía de Jesús boliviana, desde los años 50 del siglo pasado. El gran agraviado es el Estado de Bolivia, pues han creado un sistema delictivo que se ha perpetuado durante 69 años y que hasta hoy no se supera”, aseguró el jurista Klock Varas.
NUEVAS DENUNCIAS CONTRA EXAUTORIDADES JESUITAS
Dos de las más de 70 víctimas del jesuita catalán Luis María Roma Padrosa presentaron una denuncia penal, este 27 de marzo, contra cuatro ex provinciales jesuitas y un sacerdote, en la Fiscalía de Santa Cruz, acusándolos de complicidad y encubrimiento en relación con los presuntos abusos cometidos por el sacerdote en Charagua.
La denuncia incluye a los religiosos Ignacio Suñol, Antonio Menacho, Osvaldo Chirveches, René Cardozo y Arturo Moscoso, quienes, según los denunciantes, habrían tenido conocimiento de las agresiones y no actuaron para denunciarlas ni detenerlas.
CONDENAS PREVIAS
El avance internacional se da en un contexto en que ya existen antecedentes judiciales contundentes. El 5 de septiembre de 2025, en tribunales de Cochabamba, se declaró a los ex provinciales jesuitas Ramón Alaix Busquets y Marcos Recolons de Arquer, autores y culpables por encubrimiento, y se pronunció sentencia condenatoria en su contra, imponiéndoles pena privativa de libertad, pago de costas al Estado y la reparación de daños civiles a favor de las víctimas.
La sentencia ordenó también que se amplíe la investigación contra todos los ex provinciales y jesuitas nombrados en el juicio, lo que podría derivar en nuevos procesos.
UN CASO QUE ESCALA A NIVEL GLOBAL
“Lo que inició con denuncias locales, hoy se configura como un caso de alcance internacional, con implicaciones políticas, judiciales y éticas. La intervención de instituciones catalanas marca un punto de inflexión en la búsqueda de verdad y justicia”, aseguró Pedro Lima, vocero de los sobrevivientes.
“Las víctimas, organizadas y persistentes, han logrado posicionar el tema en la agenda pública global, poniendo en cuestión no sólo responsabilidades individuales; sino también estructuras institucionales que han permitido la impunidad durante décadas”, agregó Wilder Flores, presidente de la CBS.
Fuente: Opinión