Cochabamba, 18 de Marzo de 2026.- Una nueva polémica sacude el escenario político en Cochabamba luego de que el candidato a la Alcaldía por la alianza Patria, Ramón Daza, presentara ante medios de comunicación fotografías de dos funcionarios municipales, exhibiendo además sus perfiles de Facebook, insinuando que podrían estar vinculados al atentado contra su vivienda.
El hecho denunciado por Daza incluye el rociado de pintura en el frontis de su domicilio y el abandono de un animal muerto sin cabeza, situación que calificó como sospechosa al identificar la presencia de estos trabajadores en inmediaciones del lugar.
Sin embargo, la respuesta del Gobierno Municipal fue inmediata. En conferencia de prensa, el jefe de Recursos Humanos, Hernán Méndez, cuestionó duramente las declaraciones del candidato, calificándolas como falsas, injustificadas y carentes de pruebas, además de señalar que vulneran la dignidad de los funcionarios expuestos públicamente.
En el mismo acto, uno de los trabajadores señalados tomó la palabra. Se identificó como Ariel Maida, funcionario de la Dirección de Medio Ambiente, encargado de la distribución de correspondencia oficial.
Maida explicó que su presencia en la zona norte, el día de los hechos, respondía exclusivamente al cumplimiento de sus funciones laborales, específicamente a la notificación al presidente de la OTB del sector. Para respaldar su versión, presentó el documento correspondiente con firmas, fecha y hora.
“Soy Ariel Maida, soy funcionario municipal, estaba haciendo mi trabajo y me han señalado por eso. Es indignante que este señor quiera justificar su autoatentado acusándonos a funcionarios que no tenemos nada que ver”, manifestó.
El trabajador expresó sentirse profundamente afectado, no solo en su rol profesional, sino también como padre de familia y ciudadano, señalando que su honor y reputación han sido dañados.
Finalmente, anunció el inicio de acciones legales contra Ramón Daza, con el objetivo de resguardar su buen nombre, su prestigio y su imagen.
El caso ha generado fuerte repercusión, reabriendo el debate sobre los límites en la denuncia pública y la responsabilidad al emitir acusaciones sin sustento.