La Paz, 17 de abril de 2026.- El exministro de Gobierno Arturo Murillo fue sentenciado por el delito de difamación en el denominado caso de la bebé Samanta, tras haber acusado falsamente a Lourdes Pacheco de secuestro durante su gestión en el gobierno transitorio de Jeanine Áñez.
El abogado defensor, Frank Campero, cuestionó duramente el fallo judicial y anunció la presentación de una apelación. Según sostuvo, si la sentencia se confirma, el pago del resarcimiento no debería recaer sobre Murillo, sino sobre el Estado boliviano, argumentando que su actuación se dio en calidad de funcionario público.
“Cuando comete este delito, no lo hace a título personal, sino como Ministro de Gobierno; por lo tanto, el Estado es quien debe asumir la responsabilidad”, afirmó.
Campero también criticó el sistema judicial, señalando que “la justicia no ha cambiado” y que persisten fallos orientados a complacer intereses de poder. Asimismo, aseguró que el caso habría prescrito y calificó la sentencia como “impensable”, recordando que Murillo se limitó —según su versión— a replicar un informe policial y que posteriormente pidió disculpas públicas, tanto en su momento como durante el proceso judicial.
El proceso se extendió por seis años y aún resta que la justicia determine el monto del resarcimiento económico. Mientras tanto, la defensa insiste en revertir el fallo en instancias superiores.