País, 17 de Marzo de 2026.- Luis Arce, desde el penal de San Pedro y a través de su abogado, asegura que durante su gobierno no hubo protección en favor de Marset, el narco uruguayo expulsado a EE.UU. donde se lo juzgará por lavado de dinero.
La captura del narcotraficante uruguayo Sebastián Enrique Marset Cabrera en Santa Cruz de la Sierra no solo marca un golpe al crimen organizado en la región. También ha reactivado un debate político sobre las responsabilidades del Estado durante los años en que el capo operó en el país sin ser detenido, un periodo que coincide con el gobierno de Luis Arce (2020–2025).
El operativo que permitió su captura, ejecutado el pasado 13 de marzo tras tres meses de planificación y con la participación de 500 agentes, contrasta con el fallido intento de julio de 2023, cuando la Policía estuvo a punto de detenerlo en una lujosa residencia de la avenida Alemana, en Santa Cruz.
Entonces, la alerta había llegado desde los servicios de inteligencia de Paraguay. Marset vivía en una mansión que funcionaba como base operativa, con un entorno de seguridad armado —incluyendo al menos seis hombres y armas de grueso calibre—. Sin embargo, la intervención policial se inició apenas con dos agentes vestidos de civil y el apoyo de un dron.
El resultado fue una fuga que marcaría el rumbo del caso. Desde ese momento, la Policía perdió el rastro del narcotraficante, quien permaneció prófugo, mientras su red seguía operando en el país. En estos casi tres años, al menos 15 asesinatos asestados por sicarios se produjeron en Santa Cruz de la Sierra por emisarios del PCC, la organización brasileña que apoyó las operaciones de Marset.
Señalamientos de «negligencia»
El ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, considera que este episodio refleja fallas estructurales en la actuación del Estado durante la anterior administración. “Marset hizo base en Bolivia. Por lo tanto, hubo negligencia, un dejar de hacer las labores que se tenían que hacer por parte de la Policía y del Ministerio de Gobierno”, afirmó a tiempo de responder una consulta de EL DEBER.
Si bien evitó hablar de complicidad institucional, el ministro dejó entrever que el caso evidencia omisiones graves en la respuesta estatal frente a una organización criminal que operaba no solo en Bolivia, sino también en Paraguay, Uruguay y Argentina.
Durante el Gobierno de Arce, el Ministerio de Gobierno estuvo a cargo de Eduardo Del Castillo y el Viceministerio de Seguridad Ciudadana fue liderado por Jhonny Aguilera. Hasta el momento, ninguna de estas exautoridades se ha pronunciado sobre el caso ni ha sido convocada por la Fiscalía para prestar declaraciones.
La defensa del expresidente
Frente a las acusaciones, el entorno del expresidente Luis Arce rechaza cualquier versión de encubrimiento. Su abogado, Fernando Rivadeneira, aseguró que el exmandatario niega de forma “rotunda” haber protegido a Marset y sostuvo que su defendido está dispuesto a colaborar con la justicia.
“No ha habido ningún tipo de manipulación ni intento de encubrir situaciones. Luis Arce está a disposición de cualquier investigación”, afirmó el abogado del expresidente que guarda detención preventiva desde diciembre en el penal de San Pedro de La Paz por un caso derivado del desfalco del Fondo Indígena.
Rivadeneira incluso cuestionó que el paradero de Marset se haya confirmado tras nuevas alertas internacionales, sugiriendo que el caso debe ser analizado en su integridad antes de emitir conclusiones políticas.
Un capo con base en Bolivia
La permanencia de Marset en Bolivia durante varios meses —e incluso su capacidad para construir una red logística y social— es uno de los elementos que más inquieta a las autoridades actuales que han contrastado los datos con países vecinos en el contexto de un intercambio de información que incluye a la agencia antidroga de Estados Unidos, la DEA.
El narcotraficante no solo contaba con protección armada, sino que también logró insertarse en la vida cotidiana. Jugó en el club Los Leones de El Torno, de la segunda división cruceña, y obtuvo documentos de identidad bolivianos, lo que evidencia el nivel de penetración que alcanzó. La Fiscalía encausó a varios exfuncionarios del Segip por la dotación de estos documentos, pero ningún caso llegó a un dictamen final.
En 2025, incluso reapareció públicamente en videos difundidos en redes sociales, en los que exhibía símbolos vinculados al Primer Comando de la Capital (PCC), organización criminal brasileña con la que se le asocia.
Tras ser capturado en una mansión que contaba con vigilancia, Marset fue entregado por Interpol a la DEA de Estados Unidos. Actualmente, el narcotraficante enfrenta cargos por lavado de dinero en un tribunal del Este de Virginia.
Fuente: El Deber