Atrapan a Marset en Santa Cruz y surge una pregunta inevitable: ¿de verdad nadie sabía nada antes? No sería la primera vez. Cuando estalló el caso de las 32 maletas vinculadas al narcotráfico, el propio presidente Rodrigo Paz admitió que su gobierno ya manejaba esa información tiempo atrás, es decir, que él y sus ministros lo sabían antes de que el país se enterara. Mientras tanto, Bolivia también ha acumulado otros escándalos que aparentemente ya eran conocidos dentro del poder: la gasolina “basura” que arruinó miles de vehículos, los sobreprecios en la importación de diésel y petróleo, la anulación de series de billetes tras los hechos de El Alto —que terminó asesinando la confianza en el dinero fiduciario—, ministros cuestionados y un país cada vez más endeudado. Por eso la duda del ciudadano común sigue siendo la misma: si muchas cosas ya se sabían dentro del poder, por qué el país siempre se entera después.
En Bolivia pasan cosas curiosas. Muchas veces los escándalos aparecen primero en los titulares, en las redes sociales o en los rumores de la gente, y solo después llegan las explicaciones oficiales. Entonces aparecen conferencias de prensa, rostros serios y promesas de investigación. Pero queda una duda inevitable flotando en el aire: ¿de verdad nadie sabía nada antes?
Ahora que se habla de la captura de Marset en Santa Cruz, vuelve esa sensación conocida. Porque cuando se trata de información delicada, parece que en el Estado siempre alguien sabía algo, pero el país se entera recién cuando el escándalo ya es imposible de ocultar. Y ahí es donde muchos recuerdan una frase que marcó otro episodio polémico: cuando explotó el caso de las 32 maletas vinculadas al narcotráfico, el propio Rodrigo Paz admitió que su gobierno conocía el tema desde antes. No era un rumor ni una suposición: él mismo dijo que esa información la manejaban tiempo atrás. Es decir, Paz lo sabía, y lo sabían también sus ministros.
Ese detalle no es menor. Porque si el gobierno ya conocía el caso de las maletas, la pregunta que inevitablemente surge es qué otras cosas se conocían con anticipación. ¿Se sabía también del paradero de Marset? ¿Se sabía de otros hechos que solo salieron a la luz cuando el escándalo ya era público? La sensación ciudadana es que muchas veces la información existe dentro del Estado, pero se guarda hasta que ya no queda otra opción que reconocerla.
A esto se suma una larga lista de problemas y escándalos que han marcado la gestión pública en los últimos años. Miles de autos y motocicletas dañados por la llamada gasolina “basura”, denuncias de sobreprecio en la importación de petróleo y diésel, y decisiones como la anulación de series de billetes después de los hechos violentos en El Alto —medidas que terminaron asesinando la confianza en el dinero fiduciario—. Todo esto deja una pregunta inevitable: ¿acaso el presidente del Banco Central de Bolivia y el ministro de Economía pasaron por la universidad estudiando política monetaria? Porque decisiones de ese tipo no solo generan confusión, también golpean directamente la credibilidad del sistema financiero. A esto se suman, además, las acusaciones contra autoridades del propio gobierno.
En varios de esos episodios se repite el mismo patrón: decisiones costosas para el país y explicaciones que llegan después. También se han conocido casos de ministros cuestionados, como el de Obras Públicas, que contaba con una condena de tres años y un día y aun así terminó siendo ministro en el gobierno de Rodrigo Paz. A la vez, figuras políticas vinculadas a campañas electorales, como Luis Revilla o Luis Fernando Camacho, enfrentan procesos judiciales que alimentan aún más la polarización política del país.
Mientras tanto, el escenario institucional se vuelve cada vez más complejo. Un ministro de Economía con arraigos, un presidente con procesos en su ciudad natal de Tarija y un clima político donde las acusaciones de persecución se cruzan con denuncias de impunidad. Para unos hay persecución política; para otros, liberaciones inexplicables de personas que ya tenían condenas, incluso después de hechos graves ocurridos durante el gobierno de Jeanine Añez.
Pero quizás el tema más silencioso —y al mismo tiempo más preocupante— es el económico. Bolivia sigue recurriendo a préstamos de organismos multilaterales como la CAF, el BID, el Fondo Monetario Internacional (FMI), la Reserva Federal de Estados Unidos (FED) o el Banco Mundial. En medio de este panorama surge otra pregunta incómoda: ¿por qué Bolivia se está endeudando tanto y, al mismo tiempo, no logra reactivar con fuerza su aparato productivo primario, como la minería, los hidrocarburos o los recursos evaporíticos? ¿Será que esa deuda realmente se está adquiriendo para impulsar la producción y generar riqueza para el país, o terminará beneficiando principalmente a ciertos sectores privados mientras la carga final la pagan todos los bolivianos? También queda la sospecha de si parte de esos recursos termina cubriendo gastos del propio Estado, como viajes oficiales del presidente acompañados por su familia o la creación de nuevas oficinas, como la de la primera dama, además del funcionamiento de estructuras burocráticas cada vez más amplias, en lugar de destinarse a proyectos que realmente fortalezcan la economía real del país.
También se ha mencionado que el ministro de Economía llegó a gestionar alrededor de 200 millones de dólares del Banco Mundial para financiar el pago del llamado Bono “Pepe” impulsado por el gobierno de Rodrigo Paz. Esto abre un debate inevitable sobre la sostenibilidad de estas políticas: hasta qué punto es responsable financiar bonos sociales con deuda externa y qué consecuencias tendrá eso para las finanzas del país en el futuro.
Todo esto lleva a una reflexión más profunda sobre la forma en que se está manejando el Estado. Cuando los propios gobernantes reconocen que ciertos hechos se conocían desde antes —como ocurrió con el caso de las 32 maletas— la ciudadanía empieza a preguntarse qué más se sabía y por qué no se actuó a tiempo. Porque si Rodrigo Paz y sus ministros ya tenían información previa sobre ese escándalo, el problema deja de ser solo el hecho en sí y pasa a ser la forma en que se administró esa información.
El problema, en realidad, no es que existan escándalos. Todas las democracias los tienen. El problema es cuando la sensación generalizada es que el Estado siempre llega tarde a la verdad. Siempre aparece alguien diciendo que el tema ya se conocía, que se manejaba información desde antes o que recién ahora se está investigando.
Mientras tanto, el ciudadano común —el que paga impuestos, el que llena el tanque de gasolina basura sin saber si dañará su vehículo y el que escucha hablar cada vez más de deuda externa— se queda con una sospecha difícil de ignorar: que en Bolivia muchas veces la información existe dentro del poder, pero solo sale a la luz cuando el escándalo ya es imposible de ocultar.
Y cuando la verdad siempre aparece después del problema, la pregunta deja de ser si el Estado sabía o no sabía. La verdadera pregunta pasa a ser otra: por qué, si ya se sabía, nadie actuó antes.